El choque de trenes entre Fiscalía, Procuraduría y JEP por el cartel de la toga

Los excongresistas Álvaro Ashton y Musa Besaile. / Fotos: Gustavo Torrijos- El Espectador.

Desde el año pasado, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) asumió el estudio de uno de los mayores escándalos de corrupción judicial: el cartel de la toga. Para la justicia especial, creada para investigar y juzgar los crímenes cometidos en el conflicto armado, este entramado de sobornos a cambio de los cuales se torcieron procesos en la Corte Suprema de Justicia tiene una relación con la guerra, según expresó en los documentos que oficializan la admisión en esa jurisdicción de los excongresistas Álvaro Ashton y Musa Besaile. En la otra orilla, el procurador Fernando Carrillo y el fiscal general (e), Fabio Espitia, aseguran que este caso no es del resorte de la JEP.

La discusión se remonta a cuando la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) de la JEP admitió a Álvaro Ashton en julio del año pasado. Aunque la Sección de Apelación había ordenado admitir al excongresista desde 2018, la competente para validar el trámite era la SDSJ. Además de su expediente por nexos con el frente José Pablo Díaz de las Autodefensas mientras fue senador del Partido Liberal, la justicia especial asumió investigarlo y juzgarlo por un caso de amenazas a un hombre que iba a testificar en su contra en ese mismo caso de parapolítica y por el cartel de la toga, al encontrar que ambos casos estaban indirectamente relacionados con el conflicto.