El clan Quiroz, la presunta red de urbanización ilegal que afectó 200 familias en Cartagena

La familia Quiroz es, para la Fiscalía, una supuesta red familiar dedicada a realizar actividades ilegales como falsificación de licencias de construcción y actividades de urbanización ilegal, en Cartagena. La familia, por ejemplo, estuvo vinculada con el desplome del edificio Blas de Lezo, el 27 de abril de 2017, y que dejó, además de los perjuicios materiales, un saldo de 21 personas muertas. Además de este incidente, el clan familiar aparentemente estaría vinculado con otras 17 edificaciones que, de acuerdo con estudios periciales, también presentan fallas.

Estos motivos, sumados a las pruebas del ente investigativo, fueron suficientes para que un juez de garantías de la capital de Bolívar emita orden de captura contra nueve personas que conformarían esa red. Serán investigados por los delitos de concierto para delinquir, fraude procesal, urbanización ilegal, obtención de documento público falso, uso de documento público falso y estafa en modalidad masa. “Detallados experticios grafológicos (…) advierten la falsificación de licencias de construcción de 16 edificios ubicados en la ciudad de Cartagena. Con estas espurias licencias, construían las edificaciones para luego comercializarlas y posteriormente elevaban escrituras públicas y registraban los inmuebles”, detalló la Fiscalía. (Le podría interesar: Fiscalía alerta “riesgo inminente” por desplome de 16 edificios en Cartagena)

Sin embargo, en rueda de prensa, el fiscal general Néstor Humberto Martínez dijo que un edificio más presentaría irregularidades en cuanto a su construcción. Según cálculos de la institución, son 200 familias las afectadas, situación que fue ratificada esta semana por un juez que ordenó desalojar esas construcciones. De las nueve órdenes de captura, cuatro ya se hicieron efectivas y la audiencia, en donde la Fiscalía les imputara cargos y solicitará que sean enviados a la cárcel, se realizará en las próximas horas. Sin embargo, un escollo apareció para que una de esas capturas no se realizara: Wilfran Quiroz, quien tenía detención domiciliaría por la caída de la edificación Blas de Lezo, no se encuentra en su casa desde diciembre.

“He ordenado en la tarde de hoy compulsar copias para investigar a los funcionarios del Inpec, dadas las graves fallas que se evidencian en el seguimiento de los sujetos que están afectos a medidas de detención domiciliaria”, fue una de las órdenes emitidas por el fiscal general, quien, además, dijo que a Wilfran Quiroz se le imputará el delito de fuga de presos. Como medida para garantizar la indemnización de las familias afectadas, la Fiscalía logró establecer los onerosos bienes que tiene este clan familiar y, por eso, solicitara medidas cautelares sobre 93 apartamentos, 10 lotes en los municipios de Arjona y Zipacoa, 19 vehículos, cuatro sociedades y ocho establecimientos de comercio.

Martínez manifestó que existen más edificios con los mismos problemas y que esta fase, la primera de una operación denominada Castillos de Arena, ya culminó. En la segunda, se investigará la presunta responsabilidad de funcionarios públicos. (Le también: Jueza ordena desalojo de 16 edificios en riesgo de desplome en Cartagena)

La familia Quiroz es, para la Fiscalía, una supuesta red familiar dedicada a realizar actividades ilegales como falsificación de licencias de construcción y actividades de urbanización ilegal, en Cartagena. La familia, por ejemplo, estuvo vinculada con el desplome del edificio Blas de Lezo, el 27 de abril de 2017, y que dejó, además de los perjuicios materiales, un saldo de 21 personas muertas. Además de este incidente, el clan familiar aparentemente estaría vinculado con otras 17 edificaciones que, de acuerdo con estudios periciales, también presentan fallas.

Estos motivos, sumados a las pruebas del ente investigativo, fueron suficientes para que un juez de garantías de la capital de Bolívar emita orden de captura contra nueve personas que conformarían esa red. Serán investigados por los delitos de concierto para delinquir, fraude procesal, urbanización ilegal, obtención de documento público falso, uso de documento público falso y estafa en modalidad masa. “Detallados experticios grafológicos (…) advierten la falsificación de licencias de construcción de 16 edificios ubicados en la ciudad de Cartagena. Con estas espurias licencias, construían las edificaciones para luego comercializarlas y posteriormente elevaban escrituras públicas y registraban los inmuebles”, detalló la Fiscalía. (Le podría interesar: Fiscalía alerta “riesgo inminente” por desplome de 16 edificios en Cartagena)

Sin embargo, en rueda de prensa, el fiscal general Néstor Humberto Martínez dijo que un edificio más presentaría irregularidades en cuanto a su construcción. Según cálculos de la institución, son 200 familias las afectadas, situación que fue ratificada esta semana por un juez que ordenó desalojar esas construcciones. De las nueve órdenes de captura, cuatro ya se hicieron efectivas y la audiencia, en donde la Fiscalía les imputara cargos y solicitará que sean enviados a la cárcel, se realizará en las próximas horas. Sin embargo, un escollo apareció para que una de esas capturas no se realizara: Wilfran Quiroz, quien tenía detención domiciliaría por la caída de la edificación Blas de Lezo, no se encuentra en su casa desde diciembre.

“He ordenado en la tarde de hoy compulsar copias para investigar a los funcionarios del Inpec, dadas las graves fallas que se evidencian en el seguimiento de los sujetos que están afectos a medidas de detención domiciliaria”, fue una de las órdenes emitidas por el fiscal general, quien, además, dijo que a Wilfran Quiroz se le imputará el delito de fuga de presos. Como medida para garantizar la indemnización de las familias afectadas, la Fiscalía logró establecer los onerosos bienes que tiene este clan familiar y, por eso, solicitara medidas cautelares sobre 93 apartamentos, 10 lotes en los municipios de Arjona y Zipacoa, 19 vehículos, cuatro sociedades y ocho establecimientos de comercio.

Martínez manifestó que existen más edificios con los mismos problemas y que esta fase, la primera de una operación denominada Castillos de Arena, ya culminó. En la segunda, se investigará la presunta responsabilidad de funcionarios públicos. (Le también: Jueza ordena desalojo de 16 edificios en riesgo de desplome en Cartagena)