El complot detrás del crimen de Luis Carlos Cervantes
La Fiscalía anunció que 16 miembros del clan Úsuga serían los responsables del homicidio del periodistas. Allegados a Cervantes consideran que las denuncias por malos manejos administrativos serían la razón.
Valentina Obando Jaramillo / Santiago Martínez Hernández
Tras un año del asesinato del periodista antioqueño Luis Carlos Cervantes, la Fiscalía enfiló sus pesquisas contra 16 personas que pertenecerían al clan Úsuga, quienes habrían fraguado el homicidio. La hipótesis más fuerte para los allegados del comunicador es que el crimen estaría vinculado a las denuncias que Cervantes hizo contra un exalcalde de Tarazá: Miguel Ángel Gómez, quien resultó absuelto en un proceso por supuestos nexos con el bloque Mineros. El comandante paramilitar Ramiro Vanoy, alias Cuco, lo había salpicado en sus declaraciones.
A pesar de que la Fiscalía precisó que el operativo de captura contra los presuntos miembros del clan Úsuga no se había iniciado, entre las autoridades que adelantarían los arrestos se vivieron momentos de tensión porque, al parecer, el anuncio del ente investigador habría puesto sobreaviso a los responsables. Lo que sí es claro es que para los investigadores las amenazas que recibió el periodista entre 2010 y 2014 son la prueba reina de que la vida de Cervantes corría peligro.
La certeza de esta afirmación de la Fiscalía contrasta con la postura de la Unidad Nacional de Protección (UNP) 15 días antes del crimen. Para esa fecha, la entidad desestimó las amenazas contra Cervantes, por lo que ordenó retirar su esquema de seguridad. Según su esposa, Rusbely Escobar, Luis Carlos regresó a Tarazá luego de haber estado en Medellín intentando que no le quitaran su protección. Explicó que al no tener más escoltas habían decido irse del municipio.
La decisión estaba tomada. Sin embargo, esperarían hasta final de mes para que ella terminara su contrato en el hospital municipal. Los enemigos del periodista se adelantaron y acabaron con su vida a los cinco días hace un año, el 12 de agosto de 2014.
La historia de las amenazas contra Cervantes se remonta al año 2010. Sus denuncias a través de su emisora Morena Estéreo y Teleantioquia Noticias por corrupción, por malos manejos y por nexos entre miembros de la Fuerza Pública, y también de algunas administraciones, con bandas criminales, pudieron ser la principal razón de su muerte. Ese año, cuando recibió las primeras intimidaciones, tuvo problemas al tratar de averiguar por el caso de un policía que supuestamente había sido encontrado con armas de una bacrim.
Por esa misma época también presentó el informe “Un carrusel de alcaldes”. Cervantes denunció una supuesta connivencia entre el alcalde de Tarazá, Miguel Ángel Gómez, con paramilitares y las irregularidades que ocurrieron con sus sucesores en el cargo, quienes también fueron destituidos. Para Léiderman Ortiz, director del periódico La Verdad del Pueblo en Caucasia y amigo de Cervantes, desde esa época sucedieron algunos eventos que dan pistas de quiénes pueden haber sido los responsables.
En abril de 2014 Cervantes publicó un informe de gestión del alcalde de Tarazá Héctor Leonidas Giraldo –amigo cercano del periodista– en el que se acusaba a Miguel Ángel Gómez de su mala gestión. Esa misma semana fue asesinado otro exalcalde del municipio, Reinaldo Posso, colaborador de Héctor Leonidas y quien además era socio de Cervantes en la emisora. Según Ortiz, la hipótesis de que la muerte de Cervantes estuviera relacionada con la de Posso se debe a las denuncias que en su momento hicieron estos dos hombres contra Miguel Ángel Gómez.
En mayo de este año fue capturado Javier Vega Osorio, alias Morroco, acusado de ser el autor del homicidio de Reinaldo Posso. El hombre hacía parte de los Paisas, grupo aliado del clan Úsuga. Según los allegados, es la pieza del rompecabezas que explicaría cómo se planeó el crimen. En un principio, queda claro que las amenazas de los hombres de Morroco obedecen a órdenes del clan Úsuga, grupo que heredó el control de la zona luego de la desmovilización del bloque Mineros, liderado por Cuco Vanoy, el hombre que alguna vez puso contra las cuerdas a Miguel Gómez.
@valentinaoj
@santsmartinez
Tras un año del asesinato del periodista antioqueño Luis Carlos Cervantes, la Fiscalía enfiló sus pesquisas contra 16 personas que pertenecerían al clan Úsuga, quienes habrían fraguado el homicidio. La hipótesis más fuerte para los allegados del comunicador es que el crimen estaría vinculado a las denuncias que Cervantes hizo contra un exalcalde de Tarazá: Miguel Ángel Gómez, quien resultó absuelto en un proceso por supuestos nexos con el bloque Mineros. El comandante paramilitar Ramiro Vanoy, alias Cuco, lo había salpicado en sus declaraciones.
A pesar de que la Fiscalía precisó que el operativo de captura contra los presuntos miembros del clan Úsuga no se había iniciado, entre las autoridades que adelantarían los arrestos se vivieron momentos de tensión porque, al parecer, el anuncio del ente investigador habría puesto sobreaviso a los responsables. Lo que sí es claro es que para los investigadores las amenazas que recibió el periodista entre 2010 y 2014 son la prueba reina de que la vida de Cervantes corría peligro.
La certeza de esta afirmación de la Fiscalía contrasta con la postura de la Unidad Nacional de Protección (UNP) 15 días antes del crimen. Para esa fecha, la entidad desestimó las amenazas contra Cervantes, por lo que ordenó retirar su esquema de seguridad. Según su esposa, Rusbely Escobar, Luis Carlos regresó a Tarazá luego de haber estado en Medellín intentando que no le quitaran su protección. Explicó que al no tener más escoltas habían decido irse del municipio.
La decisión estaba tomada. Sin embargo, esperarían hasta final de mes para que ella terminara su contrato en el hospital municipal. Los enemigos del periodista se adelantaron y acabaron con su vida a los cinco días hace un año, el 12 de agosto de 2014.
La historia de las amenazas contra Cervantes se remonta al año 2010. Sus denuncias a través de su emisora Morena Estéreo y Teleantioquia Noticias por corrupción, por malos manejos y por nexos entre miembros de la Fuerza Pública, y también de algunas administraciones, con bandas criminales, pudieron ser la principal razón de su muerte. Ese año, cuando recibió las primeras intimidaciones, tuvo problemas al tratar de averiguar por el caso de un policía que supuestamente había sido encontrado con armas de una bacrim.
Por esa misma época también presentó el informe “Un carrusel de alcaldes”. Cervantes denunció una supuesta connivencia entre el alcalde de Tarazá, Miguel Ángel Gómez, con paramilitares y las irregularidades que ocurrieron con sus sucesores en el cargo, quienes también fueron destituidos. Para Léiderman Ortiz, director del periódico La Verdad del Pueblo en Caucasia y amigo de Cervantes, desde esa época sucedieron algunos eventos que dan pistas de quiénes pueden haber sido los responsables.
En abril de 2014 Cervantes publicó un informe de gestión del alcalde de Tarazá Héctor Leonidas Giraldo –amigo cercano del periodista– en el que se acusaba a Miguel Ángel Gómez de su mala gestión. Esa misma semana fue asesinado otro exalcalde del municipio, Reinaldo Posso, colaborador de Héctor Leonidas y quien además era socio de Cervantes en la emisora. Según Ortiz, la hipótesis de que la muerte de Cervantes estuviera relacionada con la de Posso se debe a las denuncias que en su momento hicieron estos dos hombres contra Miguel Ángel Gómez.
En mayo de este año fue capturado Javier Vega Osorio, alias Morroco, acusado de ser el autor del homicidio de Reinaldo Posso. El hombre hacía parte de los Paisas, grupo aliado del clan Úsuga. Según los allegados, es la pieza del rompecabezas que explicaría cómo se planeó el crimen. En un principio, queda claro que las amenazas de los hombres de Morroco obedecen a órdenes del clan Úsuga, grupo que heredó el control de la zona luego de la desmovilización del bloque Mineros, liderado por Cuco Vanoy, el hombre que alguna vez puso contra las cuerdas a Miguel Gómez.
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