“El Congreso no ha estado muy atento a la elección del nuevo magistrado”

La Corte Constitucional está en crisis. Así lo indicaron los tres candidatos a reemplazar al exmagistrado Mauricio González Cuervo, recién salido: Magdalena Correa, Catalina Botero y Alejandro Linares. Sin embargo, aclararon que la crisis no es tanto por los escándalos que han sacudido al alto tribunal por cuenta del magistrado Jorge Pretelt y su supuesto tráfico de influencias, sino por la polarización que se ha generado dentro de la corporación. Los tres candidatos a magistrado se encontraron en un debate en la Universidad de la Sabana, donde pudieron hacer un poco más públicos sus puntos de vista.

Respecto al proceso de paz, por ejemplo, los tres abogados se mostraron de acuerdo, aunque no opinaron mucho, para no “quedar inhabilitados” en el caso de ser elegidos magistrados. No obstante, quedó claro que, sin importar quién sea escogido, muy seguramente va a haber un magistrado que apoye el proceso. Algo determinante, si se tiene en cuenta que la Corte va a ser la encargada de definir el futuro de muchas de las medidas que el Legislativo cree para blindar el proceso.

“Un constitucionalista que no quiera la paz no ha entendido nada”, dijo Magdalena Correa, actual directora del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externado. Linares, por su parte, recordó que los estados cuentan con un margen de acción que, aunque debe respetar los estándares internacionales, les permite diseñar la paz de la manera que mejor convenga.

Botero, por su parte, se refirió a la refrendación de los diálogos de paz y dijo que “a mayor deliberación social, menor debe ser el control constitucional”. Agregó que no hay que confundir deliberación con participación; y sostuvo que la Corte no puede perder de vista a las víctimas y sus derechos. En ese punto los tres estuvieron de acuerdo.

De la misma forma lo estuvieron con respecto a que el Senado no ha estado muy atento al proceso de selección, y que ha habido dificultades para escuchen sus propuestas. Botero dio a conocer, por ejemplo, que en el Congreso le preguntaron si era representante de la extrema izquierda, a lo que ella respondió, indignada, que cómo era posible que le preguntaran eso con todos los choques que tuvo con los gobiernos de Venezuela y Ecuador durante su paso por la Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA.

Uno de los pocos disensos fue alrededor de si la Corte Constitucional tiene el poder de dictar órdenes generales que influyan en la política pública, como ha ocurrido, por ejemplo, en el tema del desplazamiento en Colombia. Una controversia mayor si se tiene en cuenta que el Gobierno ha pedido que se levante parcialmente el estado de cosas inconstitucional decretado por la Corte en 2004 respecto a la crítica situación de desplazamiento forzado en Colombia.

Linares dijo que no estaba de acuerdo con que la Corte se dedicara a establecer políticas públicas. Por su parte, Correa y Botero respondieron que no se trata de que la Corte encargue de eso, sino que hace pronunciamientos para que el Congreso lo haga, teniendo en cuenta situaciones inconstitucionales como, por ejemplo, el desplazamiento de millones de personas.

En el Congreso, por ahora, están enfocados en las elecciones del próximo domingo. La elecciódel nuevo magistrado de la Corte Constitucional, sin embargo, es un asunto al que tarde o temprano tendrán que prestarle toda su atención .

La Corte Constitucional está en crisis. Así lo indicaron los tres candidatos a reemplazar al exmagistrado Mauricio González Cuervo, recién salido: Magdalena Correa, Catalina Botero y Alejandro Linares. Sin embargo, aclararon que la crisis no es tanto por los escándalos que han sacudido al alto tribunal por cuenta del magistrado Jorge Pretelt y su supuesto tráfico de influencias, sino por la polarización que se ha generado dentro de la corporación. Los tres candidatos a magistrado se encontraron en un debate en la Universidad de la Sabana, donde pudieron hacer un poco más públicos sus puntos de vista.

Respecto al proceso de paz, por ejemplo, los tres abogados se mostraron de acuerdo, aunque no opinaron mucho, para no “quedar inhabilitados” en el caso de ser elegidos magistrados. No obstante, quedó claro que, sin importar quién sea escogido, muy seguramente va a haber un magistrado que apoye el proceso. Algo determinante, si se tiene en cuenta que la Corte va a ser la encargada de definir el futuro de muchas de las medidas que el Legislativo cree para blindar el proceso.

“Un constitucionalista que no quiera la paz no ha entendido nada”, dijo Magdalena Correa, actual directora del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externado. Linares, por su parte, recordó que los estados cuentan con un margen de acción que, aunque debe respetar los estándares internacionales, les permite diseñar la paz de la manera que mejor convenga.

Botero, por su parte, se refirió a la refrendación de los diálogos de paz y dijo que “a mayor deliberación social, menor debe ser el control constitucional”. Agregó que no hay que confundir deliberación con participación; y sostuvo que la Corte no puede perder de vista a las víctimas y sus derechos. En ese punto los tres estuvieron de acuerdo.

De la misma forma lo estuvieron con respecto a que el Senado no ha estado muy atento al proceso de selección, y que ha habido dificultades para escuchen sus propuestas. Botero dio a conocer, por ejemplo, que en el Congreso le preguntaron si era representante de la extrema izquierda, a lo que ella respondió, indignada, que cómo era posible que le preguntaran eso con todos los choques que tuvo con los gobiernos de Venezuela y Ecuador durante su paso por la Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA.

Uno de los pocos disensos fue alrededor de si la Corte Constitucional tiene el poder de dictar órdenes generales que influyan en la política pública, como ha ocurrido, por ejemplo, en el tema del desplazamiento en Colombia. Una controversia mayor si se tiene en cuenta que el Gobierno ha pedido que se levante parcialmente el estado de cosas inconstitucional decretado por la Corte en 2004 respecto a la crítica situación de desplazamiento forzado en Colombia.

Linares dijo que no estaba de acuerdo con que la Corte se dedicara a establecer políticas públicas. Por su parte, Correa y Botero respondieron que no se trata de que la Corte encargue de eso, sino que hace pronunciamientos para que el Congreso lo haga, teniendo en cuenta situaciones inconstitucionales como, por ejemplo, el desplazamiento de millones de personas.

En el Congreso, por ahora, están enfocados en las elecciones del próximo domingo. La elecciódel nuevo magistrado de la Corte Constitucional, sin embargo, es un asunto al que tarde o temprano tendrán que prestarle toda su atención .