:format(jpeg)/www.elespectador.com/resizer/fX0Hoh6MQiUz4owY6b69VxT8TD8=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/N24PWIBSHRGM3KL3PPBPASCOPM.jpg)
Wilson Rafael Rojas Vanegas y Wílbert José Hernández Sierra, quienes fungieron como gobernadores encargados de La Guajira, están bajo la lupa de la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia. La Fiscalía tiene pruebas de su posible responsabilidad en irregularidades en un contrato de más de $11.000 millones que suscribieron con la Empresa de Nuevas Tecnologías de Innovación e Ingeniería y Telecomunicaciones (Niu Telco S. A. S.), con el objetivo de fortalecer las competencias del idioma inglés en docentes y estudiantes de la región. Ambos al poder por designación del presidente Iván Duque y ahora están en juicio por posible corrupción.
Los exgobernadores fueron acusados ante el alto tribunal por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos. Inicialmente, en marzo de 2019, fue designado como gobernador encargado Rojas Vanegas, para reemplazar al exgobernador Wílmer González Brito, condenado por la Corte Suprema a nueve años de prisión por delitos electorales. Ese mismo año, Rojas Vanegas suscribió el contrato 011, según la Fiscalía, sin verificar los requisitos legales que el convenio debía cumplir. Durante el mismo año, un nuevo decreto presidencial sacó a Rojas Vanegas del cargo y quedó como encargado Wílbert José Hernández, que siguió adelante con el acuerdo con Niu Telco S. A. S.
Le podría interesar: “En cuatro años han muerto 287 niños wayuus por desnutrición en La Guajira”
Si bien una de las intenciones del convenio era capacitar en inglés a docentes y estudiantes, al parecer ninguno de los dos exgobernadores cumplió con los requisitos para suscribir el pacto, de ahí que, en su expediente, la Fiscalía les reproche ocho falencias. Inicialmente, el documento que presentaron ante el Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) carecía de información técnica que justificara la inversión, no hubo identificación de la población que se beneficiaría y tampoco estaba definida la línea base del costo del proyecto ni había un análisis sobre las instituciones educativas a donde iba a llegar la iniciativa.
Lea: Los problemas del Plan de Alimentación Escolar en La Guajira
El ente acusador reseñó, asimismo, que se omitió un análisis de la capacidad tecnológica y de internet para implementar el proyecto, y que tampoco había estudios de las actividades cumplidas por el Ministerio de Educación sobre el aprendizaje del idioma. Si bien el convenio contó con un estudio previo, elaborado por el secretario de Educación del departamento, la Fiscalía dijo que este análisis no cumplía con los requisitos legales del proyecto. “Pese a que el estudio de necesidad hizo una referencia genérica a las necesidades básicas insatisfechas, no realizó un análisis comparativo que justificara priorizar la inversión en esta área específica de la educación”, dijo el ente investigador.
Lea: Contraloría investigará las irregularidades del PAE en La Guajira.
La Fiscalía encontró que los exgobernadores de La Guajira omitieron su labor de tener varias propuestas para celebrar el convenio. Por ejemplo, dice el ente investigador, Hernández Sierra expidió una resolución con la que pretendió justificar una contratación directa dando lugar a un contrato interadministrativo. Con esta modalidad de contratación se debe contratar a una sociedad que tenga parte de su capital público. Lo que llama la atención del ente acusador es que en el documento se definió contratar una sociedad mixta que pertenecía al sector de tecnología y no al de educación, que era el que se requería para la capacitación del idioma.
Si bien el documento dejó de presente que se hizo una invitación a participar en la convocatoria para quedarse con el contrato, solo Niu Telco S. A. S. era una sociedad mixta. Otras dos compañías, Teaching Training and Testing Services S. A. S. y Easy Englih Colombia S. A. S., supuestamente, fueron convocadas por la Gobernación, pero no cumplían con la exigencia de ser mixtas. Además, llamó la atención que estas dos empresas no presentaron propuestas para competir y sus representantes legales ni se enteraron de la convocatoria. En este caso, lo que reprocha la Fiscalía es que Niu Telco S. A. S. se quedó con el convenio, pese a que, al parecer, no cumplía con los requisitos.
En el escrito de acusación con el que fueron llamados a juicio los dos exgobernadores, la Fiscalía dijo que la administración departamental no exigió el certificado de calidad que deben tener las organizaciones que ofrecen enseñanza de idiomas. Lo que les reprochan a los exgobernadores es que el documento resultaba indispensable, pues confirma que la compañía está certificada para lo que la estaban contratando. Con todo lo anterior, la Fiscalía dijo que, de alguna forma, la contratista pretendió acreditar experiencia a partir de los contratos celebrados por uno de sus socios, la Fundación Empresarial de Tecnologías (Funtics).
Aunque esta fundación había celebrado contratos con diferentes entidades, y tenía alguna trayectoria, ninguno de los negocios les acreditaba experiencia relacionada con las actividades de formación en inglés. La investigación dejó claro que aunque Niu Telco, en años pasados, también celebró un contrato con la Gobernación de Norte de Santander en el que tenía el mismo objetivo, este no le dejó experiencia porque no se llevó a cabo. Por esos hechos, exmandatarios de ese departamento también están bajo la lupa de las autoridades.
Sobre el costo del convenio, dijo la Fiscalía que la Gobernación se limitó a estipular la forma en la que se iba a cancelar el monto, pero no explicó el cálculo y detalles de la inversión. Y este reproche se debe a que la orden de liberar el gasto le correspondía al administrador temporal, situación que no fue tenida en cuenta por la gobernación. “Si bien es cierto se trata de recursos del sistema general de regalías aprobados por la OCAD, el sector de educación era responsabilidad del Ministerio de Educación”, le aseguró la Fiscalía.
Ante la Sala de Primera Instancia tanto Rojas Vanegas como Hernández Sierra fueron acusados por este contrato con el que al parecer tuvieron que ver ambos. Para la justicia, omitieron poner en práctica los requisitos de la contratación y vulneraron, por su cuenta, los principios de responsabilidad planeación, economía, transparencia y selección objetiva. Con los argumentos del ente acusador y el proceso de juicio, avanza la comparecencia de los exmandatarios ante los estrados judiciales. Este diario trató de ponerse en contacto con la defensa de los procesados para conocer la versión de los hechos, pero no se pronunciaron.