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La firma Du Brands se ha hecho a más de $27.000 millones en contratos con el Gobierno desde 2018, aportó a la campaña por el “No” en el plebiscito de 2016 y recibió $3.350 millones hace unos meses para posicionar la imagen del presidente Iván Duque en redes sociales, con recursos que salieron del Fondo de Programas Especiales para la Paz. El pasado 30 de julio volvió a hacerse a otro contrato: esta vez de una licitación de la Fiscalía por $4.690 millones para “prestar los servicios de operación, producción y ejecución de acciones de naturaleza logística”. Y, como en la mayoría de este tipo de procesos, el resultado levantó ampolla entre las compañías competidoras, las cuales presentaron queja en la Procuraduría.
En mayo de este año, Du Brands fue noticia porque Presidencia la contrató, en plena pandemia por el COVID-19, para “apoyar la gestión de la Consejería para las Comunicaciones en la elaboración e implementación de estrategias digitales”, por un valor total de $3.350 millones. Ese dinero, como el de otros contratos del Gobierno con la misma empresa, salió del Fondo Paz. Luego se conoció que esta misma firma había aportado a la campaña del No en el plebiscito; que en la compañía trabaja Emmanuel Echeverri, hijo del gerente de la campaña de Duque, Luigi Echeverri, y que el representante legal es Pedro Sarmiento Charry.
En palabras del periodista Daniel Coronell, Sarmiento Charry “consigue tarimas, maneja sonido y luces, opera el video wall, reparte las gaseosas y hace que todo funcione en un concierto o en una feria”. Y, más o menos, eso requería la Fiscalía para reuniones, capacitaciones, entre otras actividades. Según los documentos con los que el ente investigador sustentó el contrato, en eventos de esa magnitud “se despliegan un conjunto de actividades y operaciones de carácter logístico, algunas complejas y con un alto grado de especialización, de las cuales resulta indispensable contar con el apoyo de una entidad especializada en tales materias logísticas y de producción de eventos”.
Por eso, según los antecedentes que la propia Fiscalía adjuntó en el Sistema de Contratación Pública (SECOP), en años anteriores han contratado para este tipo de eventos a reconocidas empresas como el centro de convenciones Plaza Mayor, que es en Medellín el equivalente a Corferias; o a los Hoteles Tequendama. También según el propio ente investigador hay 1.003 empresas habilitadas en el país para prestar este tipo de servicios, que ya han tenido alguna experiencia organizando eventos para el Gobierno. Entre ellas está Du Brands, que en 2013 organizó un foro para el Ministerio de Salud, pero por una cifra muchísimo menor: $39 millones.
Para este millonario proceso, que inició la exdirectora ejecutiva de la Fiscalía Marcela Yepes, se presentaron nueve empresas, que después de una depuración de los requisitos que exigía el ente investigador, terminaron siendo tres: Unión Temporal Esperanza, Unión Temporal AYR y Du Brands. A estas les evaluaron, en concreto, tres elementos: presentar un render en el que resumieran su trayectoria, demostrar experiencia en negocios similares y, por último, tener aliados estratégicos que les permitieran desarrollar los eventos de la Fiscalía sin traumatismos. Al final, la empresa que obtuvo el mayor puntaje fue Du Brands, y a esta le adjudicaron el contrato.
Sin embargo, a lo largo del proceso, las otras dos firmas han expresado su descontento. La UT AYR, por ejemplo, dejó una constancia el pasado 30 de julio cuando le entregaron el contrato a Du Brands: “No aceptamos la adjudicación del presente proceso de selección, pues se notan incongruencias en el informe de evaluación y la subjetividad con la que la entidad evalúa unas propuestas sobre otras”. Incluso desde el pasado 6 de julio, cuando la competencia por el contrato estaba encendida, la UT Esperanza le había pedido a la Fiscalía “no habilitar la oferta presentada por el proponente Du Brands, dado que presenta información que presuntamente no obedece a la realidad”.
Los cuestionamientos
Los reproches son en concreto a dos puntajes que marcaron la diferencia para que ganara Du Brands. Por un lado, el puntaje que la Fiscalía le otorgó a la propuesta económica de esta firma y, por otro, el que le dieron al componente de alianzas estratégicas. Sobre el primero, al parecer, a Du Brands le calificaron un valor total y un porcentaje de comisión superiores a los que había cotizado. Aunque parecía que este tecnicismo podría afectar a la firma de Sarmiento Charry, al final jugó a su favor y habría terminado con un puntaje más alto del que, supuestamente, habría obtenido si la Fiscalía hubiera calificado los valores reales.
La UT AYR dejó también constancia de ello en el SECOP y dijo que la Fiscalía “establece como precio de la propuesta económica y porcentaje de comisión del proponente Du Brands un precio y un porcentaje de comisión que no es el ofrecido por dicho proponente, y por ende, se le está asignando un puntaje que no corresponde a la realidad”. Para la firma, esta no era una equivocación ligera y agregó: “No hay derecho de la cantidad de errores cometidos por la entidad en el informe final de evaluación, pues se evidencian inconsistencias e incongruencias al momento de la evaluación y el comité evaluador no está siendo objetivo con todos los proponentes”. Otro puntaje que hizo la diferencia al final fue el de la calificación que obtuvo Du Brands por sus alianzas estratégicas. La Fiscalía le entregó 10 puntos en este factor, mientras que a las otras dos compañías no les dio punto alguno. La empresa de Sarmiento Charry al final ganó la licitación por tener 93 puntos, calificación que está por encima de los 80 que obtuvo UT Esperanza y los 89 que obtuvo UT AYR. El ente investigador justificó así el no darles puntos por las alianzas a los competidores de Du Brands: “El proponente presentó certificaciones que acreditan las alianzas estratégicas y no el convenio o contrato exigido en los pliegos de condiciones”.
Las dos compañías que perdieron en la licitación no se explican cómo a Du Brands sí le entregaron un puntaje en este factor, cuando, al parecer, presentó documentos muy similares para demostrar sus alianzas con hoteles, restaurantes y tiendas. “En uno de los documentos se relaciona en el título principal como acreditación alianza estratégica, firmado solamente por el representante legal del tercero, y en el segundo documento aportado con la misma empresa aliada se afirma claramente que las partes suscriben la alianza estratégica y no un convenio o un contrato”, escribió UT AYR en una solicitud formal para que a Du Brands le quitaran estos puntos.
Este diario consultó con Rodrigo Parada, abogado de la firma Du Brands, sobre los señalamientos, que para él no son más que “falsedades fácilmente desvirtuables”. El defensor explicó, por ejemplo, que en la audiencia de adjudicación la Fiscalía corrigió el supuesto error en la propuesta económica. “Por un efecto de redondeo en el número de decimales a mostrar, Excel podía hacer ver como un número diferente. Sin embargo, al ampliar la cantidad de decimales a mostrar, se evidenciaba que correspondía al porcentaje propuesto por Du Brands”, dijo, y agregó que en esa misma diligencia se hicieron los ajustes para bajar el puntaje de su cliente en este factor.
Sobre la discusión por el componente de alianzas estratégicas, Parada dijo: “Du Brands presentó los 10 convenios con el lleno de requisitos exigidos en el pliego de condiciones y de manera voluntaria, y como adicional al requisito de los convenios que eran los evaluados por la Fiscalía, aportó 10 certificaciones para cada uno de estos convenios. Hubo proponentes que no obtuvieron este puntaje, y ello fue así porque no aportaron los convenios requeridos por la entidad”. Además, aseguró que para ellos, para la Fiscalía y para todos los competidores fue un proceso transparente, pero que sabían que llegarían ataques “infundados, claro está”.
A la Procuraduría llegó ya una solicitud de suspender este proceso por estas posibles irregularidades, así como por un supuesto conflicto de intereses en el que habría estado inmersa la exdirectora Yepes, quien al parecer es amiga personal de Sarmiento Charry. “Existe temor (de) que Du Brands y el señor Pedro Sarmiento Charry sean ahora los nuevos beneficiarios de los contratos de logística y publicidad del mandato de Iván Duque”, se lee en una queja que llegó al Ministerio Público el pasado 3 de agosto. Parada agregó que en Du Brands reciben este recurso con “absoluta tranquilidad”, pues “es común que en las licitaciones públicas los perdedores traten de usar la Procuraduría como una herramienta de presión”.
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