El conversatorio de la discordia

Por falta de plata, cada que la Corte Constitucional hace un conversatorio de la jurisdicción constitucional tiene que salir a buscar patrocinadores. Esto ya es costumbre y, en este tiempo, no ha habido mayores señalamientos al respecto. No obstante, algunas detalles recientemente revelados del VIII Conversatorio de la Jurisdicción Constitucional, realizado en Barranquilla entre el 29 y el 31 de agosto, ha generado toda una controversia al respecto. Todo porque, de acuerdo con algunos testimonios, entre los financiadores de ese evento estuvo el cuestionado abogado, Víctor Pacheco, protagonista del mayor escándalo que haya vivido la Corte Constitucional en su historia. Pacheco es señalado de haber hecho parte, junto con el magistrado Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, de un supuesto tráfico de influencias para favorecer a una empresa, Fidupetrol, y evitar que esta tuviera que pagar $22.500 millones, por orden de la Corte Suprema de Justicia.

En un audio entre Pacheco y el magistrado Luis Ernesto Vargas, revelado la semana pasada, se oye a Pacheco decir que él fue, prácticamente, quien organizó ese evento en Barranquilla. “Yo les di las comidas de todo, yo me encontré con Gabriel Eduardo, y Gabriel me dijo: ‘Víctor, hombre, ayúdame’. Entonces yo fui y le dije: ‘yo te hago eso’. Entonces yo hice la cuestión de Promigas que fuimos a La Cueva. Le conseguí la cuestión del carnaval con Carla Celia, la presentación de la primera noche. Con la alcaldía, las condecoraciones para todos y luego fuimos a la Base del Caribe y luego la con la Sociedad Portuaria que fuimos al paseo en la mita por el río”. Pero la Corte Constitucional, puntualmente el magistrado Gabriel Eduardo Mendoza, quien era presidente del alto tribunal en ese momento, ya salió a desmentir a Pacheco o, por lo menos, a decir que este no aparece entre los financiadores directos del evento.

“Para la realización del VIII Conversatorio de la Jurisdicción Constitucional, la Corte Constitucional no recibió ni manejó aportes económicos, de manera directa, los costos de cada actividad patrocinada fueron asumidos directamente por la entidad auspiciante. Por ello, en esta Corporación no contamos con los soportes de los pagos efectuados y le corresponderá a cada una de las entidades y organizaciones dar fe de ello. El apoyo fue concretado por un equipo organizador, conformado por funcionarios de la presidencia y del despacho, mediante el contacto directo, durante los meses previos al evento y, particularmente, mediante tres comisiones de servicios”, dijo la Corte en un comunicado y anexó una tabla con los gastos del evento y quiénes financiaron cada uno de ellos. Con una particularidad: aunque es evidente que en ningún momento se menciona a Pacheco, sí se mencionan empresas con las que este tuvo o tiene vínculos.

Y, además, se hace un recuento de las actividades que es acorde a lo narrado por Pacheco. Por ejemplo: aparece que Promigas, empresa de la que Pacheco era abogado en ese momento, colaboró con la realización de una cena “en el restaurante La Cueva (antigua sede del “Grupo Barranquilla”), agosto 29 de 2012 (60 personas)”. De la misma forma, se hace referencia al cuestionado viaje por el río, que fue, según el documento, financiado por la Sociedad Portuaria de Barranquilla. “Recorrido por el río Magdalena (Bocas de Ceniza), en el ferry “La Mita”, de su propiedad, agosto 31 de 2012 (80 personas)”, aparece reseñado en el mismo. Igualmente, se menciona un “acto protocolario en la Fundación Casa del Carnaval”, realizado en “agosto 28 de 2012 (80 personas)”. “Hemos solicitado a las entidades privadas que se vincularon al evento que nos ratifiquen si fueron ellas las que asumieron el patrocinio ofrecido, en aras de hacer claridad ante la opinión pública sobre esa participación”, sostuvo el magistrado Mendoza en el comunicado del pasado viernes.

Y adjuntó algunos correos electrónicos como prueba de las invitaciones hechas por Mendoza a varias empresas de la costa para que financiaran el evento, que contó con la participación del presidente Juan Manuel Santos, entre otros. Incluso, en una de las comunicaciones aparecen fotos de la mita en la que viajaron los magistrados durante su paseo por el río Magdalena. La controversia es si, ante la falta de plata, estos eventos no corren el riesgo de terminar financiados por inescrupulosos.

En una entrevista con este diario, el magistrado de la Corte, Luis Guillermo Guerrero, dio en blanco: “La Corte hace este tipo de encuentros constitucionales cada año, y es bueno porque nos permite ir a las regiones, sacar la Corte de Bogotá. Pero qué ocurre: que nosotros carecemos de una base logística y aquí le toca al presidente con su equipo bandearse para ver cómo organiza esos eventos. No tenemos recursos y entonces hay que gestionarlos. Eso es indeseable por lo que usted menciona, cualquier persona puede aparecerse y uno no sabe”. Falta ver qué pasará en el conversatorio de este año y tras este escándalo que tiene a la Corte en la mayor crisis que haya vivido.

Por falta de plata, cada que la Corte Constitucional hace un conversatorio de la jurisdicción constitucional tiene que salir a buscar patrocinadores. Esto ya es costumbre y, en este tiempo, no ha habido mayores señalamientos al respecto. No obstante, algunas detalles recientemente revelados del VIII Conversatorio de la Jurisdicción Constitucional, realizado en Barranquilla entre el 29 y el 31 de agosto, ha generado toda una controversia al respecto. Todo porque, de acuerdo con algunos testimonios, entre los financiadores de ese evento estuvo el cuestionado abogado, Víctor Pacheco, protagonista del mayor escándalo que haya vivido la Corte Constitucional en su historia. Pacheco es señalado de haber hecho parte, junto con el magistrado Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, de un supuesto tráfico de influencias para favorecer a una empresa, Fidupetrol, y evitar que esta tuviera que pagar $22.500 millones, por orden de la Corte Suprema de Justicia.

En un audio entre Pacheco y el magistrado Luis Ernesto Vargas, revelado la semana pasada, se oye a Pacheco decir que él fue, prácticamente, quien organizó ese evento en Barranquilla. “Yo les di las comidas de todo, yo me encontré con Gabriel Eduardo, y Gabriel me dijo: ‘Víctor, hombre, ayúdame’. Entonces yo fui y le dije: ‘yo te hago eso’. Entonces yo hice la cuestión de Promigas que fuimos a La Cueva. Le conseguí la cuestión del carnaval con Carla Celia, la presentación de la primera noche. Con la alcaldía, las condecoraciones para todos y luego fuimos a la Base del Caribe y luego la con la Sociedad Portuaria que fuimos al paseo en la mita por el río”. Pero la Corte Constitucional, puntualmente el magistrado Gabriel Eduardo Mendoza, quien era presidente del alto tribunal en ese momento, ya salió a desmentir a Pacheco o, por lo menos, a decir que este no aparece entre los financiadores directos del evento.

“Para la realización del VIII Conversatorio de la Jurisdicción Constitucional, la Corte Constitucional no recibió ni manejó aportes económicos, de manera directa, los costos de cada actividad patrocinada fueron asumidos directamente por la entidad auspiciante. Por ello, en esta Corporación no contamos con los soportes de los pagos efectuados y le corresponderá a cada una de las entidades y organizaciones dar fe de ello. El apoyo fue concretado por un equipo organizador, conformado por funcionarios de la presidencia y del despacho, mediante el contacto directo, durante los meses previos al evento y, particularmente, mediante tres comisiones de servicios”, dijo la Corte en un comunicado y anexó una tabla con los gastos del evento y quiénes financiaron cada uno de ellos. Con una particularidad: aunque es evidente que en ningún momento se menciona a Pacheco, sí se mencionan empresas con las que este tuvo o tiene vínculos.

Y, además, se hace un recuento de las actividades que es acorde a lo narrado por Pacheco. Por ejemplo: aparece que Promigas, empresa de la que Pacheco era abogado en ese momento, colaboró con la realización de una cena “en el restaurante La Cueva (antigua sede del “Grupo Barranquilla”), agosto 29 de 2012 (60 personas)”. De la misma forma, se hace referencia al cuestionado viaje por el río, que fue, según el documento, financiado por la Sociedad Portuaria de Barranquilla. “Recorrido por el río Magdalena (Bocas de Ceniza), en el ferry “La Mita”, de su propiedad, agosto 31 de 2012 (80 personas)”, aparece reseñado en el mismo. Igualmente, se menciona un “acto protocolario en la Fundación Casa del Carnaval”, realizado en “agosto 28 de 2012 (80 personas)”. “Hemos solicitado a las entidades privadas que se vincularon al evento que nos ratifiquen si fueron ellas las que asumieron el patrocinio ofrecido, en aras de hacer claridad ante la opinión pública sobre esa participación”, sostuvo el magistrado Mendoza en el comunicado del pasado viernes.

Y adjuntó algunos correos electrónicos como prueba de las invitaciones hechas por Mendoza a varias empresas de la costa para que financiaran el evento, que contó con la participación del presidente Juan Manuel Santos, entre otros. Incluso, en una de las comunicaciones aparecen fotos de la mita en la que viajaron los magistrados durante su paseo por el río Magdalena. La controversia es si, ante la falta de plata, estos eventos no corren el riesgo de terminar financiados por inescrupulosos.

En una entrevista con este diario, el magistrado de la Corte, Luis Guillermo Guerrero, dio en blanco: “La Corte hace este tipo de encuentros constitucionales cada año, y es bueno porque nos permite ir a las regiones, sacar la Corte de Bogotá. Pero qué ocurre: que nosotros carecemos de una base logística y aquí le toca al presidente con su equipo bandearse para ver cómo organiza esos eventos. No tenemos recursos y entonces hay que gestionarlos. Eso es indeseable por lo que usted menciona, cualquier persona puede aparecerse y uno no sabe”. Falta ver qué pasará en el conversatorio de este año y tras este escándalo que tiene a la Corte en la mayor crisis que haya vivido.