El coronel (r) González del Río y las sentencias en su contra

La última vez que un juez leyó un fallo condenatorio contra el coronel (r) Róbinson González del Río, el pasado 5 de septiembre, el oficial en retiro no pudo estar presente. Señaló que lo aquejaba un problema estomacal, se excusó ante la jueza tercera penal del circuito especializado de Buga y se desconectó, pues él, detenido en la cárcel Picaleña de Ibagué, hacía presencia ese día de manera virtual. En esa ocasión, por tercera vez entre 2016 y 2017, fue hallado culpable de haber abusado de su cargo como oficial de la Fuerza Pública, de haber engañado a 46 civiles en total y de haber patrocinado su muerte a sangre fría.

La única cuenta pendiente de este coronel retirado del Ejército con la justicia es el fallo que está por emitir el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Popayán. González, de hecho, ya aceptó cargos y el proceso se fue por la vía de sentencia anticipada, pero el juez, arguyendo falta de tiempo por sobrecarga laboral, no ha divulgado la condena. En ese expediente, el coronel (r) González admitió haber asesinado a un pescador de nombre Luis Fernando Gómez, en Timba (Cauca), cuando ejercía como comandante del batallón contraguerrilla Nº 67 Mártires de Puerres.

Una vez se emita ese fallo, la justicia habrá cerrado un importante capítulo en el tema grueso de las ejecuciones extrajudiciales. Las sentencias en su contra muestran cómo González repitió desde ese cargo los mismos patrones: crear bandas delincuenciales con soldados de las unidades de las que estaba a cargo, pagar recompensas bajo irregularidades, inventar operaciones tácticas con fines a todas luces criminales y falsear escenas. Una y otra vez ha sido condenado por homicidio en persona protegida, concierto para delinquir agravado y falsedad ideológica en documento público, entre otros delitos, que ha aceptado.

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Como comandante del batallón contraguerrilla Nº 67 Mártires de Puerres, González ya fue condenado por 32 ejecuciones extrajudiciales, el 21 de julio de 2016. “Se dedicaban a realizar operaciones tácticas en distintas regiones del país, en las cuales se causó la muerte a 32 civiles, disfrazándolos como supuestas bajas en combate, a quienes para hacer más creíble les dejaban al lado de sus cuerpos armas de fuego de uso privativo y de defensa personal, adicional a ello el pago ‘indebido’ de la recompensa a los supuestos informantes”, resaltó el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Antioquia.

En ese fallo se hizo énfasis en que no podía desconocerse que las ejecuciones extrajudiciales patrocinadas por González del Río se habían cometido “con particulares condiciones de violencia, sometiendo a las víctimas a una situación de indefensión, generando esta circunstancia un mayor impacto social, teniendo en cuenta que se ejecutó el hecho de forma despiadada”. La razón para calificarlo así, destacó el juez, era que pertenecía a las Fuerzas Armadas para la época de los crímenes, “a quien la ley y la Constitución les encomienda el cuidado de la sociedad, y obrando de modo distinto a las a él encomendada, atentó vilmente contra varios pobladores civiles”.

Esa condena representó para el coronel (r) González 30 años de prisión. Se tuvo en cuenta que aceptó cargos durante la imputación y consiguió una rebaja del 50 %. También lo sancionaron con una multa de 25.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, lo que hoy serían aproximadamente $20.000 millones. Antes de ese fallo se produjo otro en Caldas, el primero en su contra, a cargo del Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Manizales. La sentencia fue a 37 años de prisión y 4.580 salarios mínimos, unos $3.664 millones.

En esa sentencia se lee de las actuaciones del coronel (r) González del Río en la vereda Trocaderos, zona rural de Neira (Caldas). Dos hombres, Javier Moreno Marín y Janio César Sepúlveda, fueron hallados con una pistola y una escopeta porque, supuestamente, eran guerrilleros de las Farc. Ambos fallecieron por lesión cerebral severa, se supo después en las necropsias. Soldados bajo el mando de González terminaron revelando el plan criminal que rodeó la muerte de los dos hombres, además del testimonio de una tercera víctima que logró escapar antes de ser ejecutada.

La Secretaría Ejecutiva de la JEP confirma que González del Río no ha firmado aún acta de compromiso para someterse a ese sistema de justicia transicional a cambio de beneficios penales. Los jueces han determinado que las ejecuciones extrajudiciales son un crimen relacionado con la guerra, por lo que tiene todos los chances de que la JEP revise sus procesos. Sus testimonios han sido claves para la justicia, pues ha puesto en aprietos a seis generales, entre ellos el excomandante del Ejército Mario Montoya, quien ha negado que se haya involucrado con esta práctica criminal.

(En contexto: Las grabaciones que incomodan al magistrado Villarraga)

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La única cuenta pendiente de este coronel retirado del Ejército con la justicia es el fallo que está por emitir el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Popayán. González, de hecho, ya aceptó cargos y el proceso se fue por la vía de sentencia anticipada, pero el juez, arguyendo falta de tiempo por sobrecarga laboral, no ha divulgado la condena. En ese expediente, el coronel (r) González admitió haber asesinado a un pescador de nombre Luis Fernando Gómez, en Timba (Cauca), cuando ejercía como comandante del batallón contraguerrilla Nº 67 Mártires de Puerres.

Una vez se emita ese fallo, la justicia habrá cerrado un importante capítulo en el tema grueso de las ejecuciones extrajudiciales. Las sentencias en su contra muestran cómo González repitió desde ese cargo los mismos patrones: crear bandas delincuenciales con soldados de las unidades de las que estaba a cargo, pagar recompensas bajo irregularidades, inventar operaciones tácticas con fines a todas luces criminales y falsear escenas. Una y otra vez ha sido condenado por homicidio en persona protegida, concierto para delinquir agravado y falsedad ideológica en documento público, entre otros delitos, que ha aceptado.

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Como comandante del batallón contraguerrilla Nº 67 Mártires de Puerres, González ya fue condenado por 32 ejecuciones extrajudiciales, el 21 de julio de 2016. “Se dedicaban a realizar operaciones tácticas en distintas regiones del país, en las cuales se causó la muerte a 32 civiles, disfrazándolos como supuestas bajas en combate, a quienes para hacer más creíble les dejaban al lado de sus cuerpos armas de fuego de uso privativo y de defensa personal, adicional a ello el pago ‘indebido’ de la recompensa a los supuestos informantes”, resaltó el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Antioquia.

En ese fallo se hizo énfasis en que no podía desconocerse que las ejecuciones extrajudiciales patrocinadas por González del Río se habían cometido “con particulares condiciones de violencia, sometiendo a las víctimas a una situación de indefensión, generando esta circunstancia un mayor impacto social, teniendo en cuenta que se ejecutó el hecho de forma despiadada”. La razón para calificarlo así, destacó el juez, era que pertenecía a las Fuerzas Armadas para la época de los crímenes, “a quien la ley y la Constitución les encomienda el cuidado de la sociedad, y obrando de modo distinto a las a él encomendada, atentó vilmente contra varios pobladores civiles”.

Esa condena representó para el coronel (r) González 30 años de prisión. Se tuvo en cuenta que aceptó cargos durante la imputación y consiguió una rebaja del 50 %. También lo sancionaron con una multa de 25.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, lo que hoy serían aproximadamente $20.000 millones. Antes de ese fallo se produjo otro en Caldas, el primero en su contra, a cargo del Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Manizales. La sentencia fue a 37 años de prisión y 4.580 salarios mínimos, unos $3.664 millones.

En esa sentencia se lee de las actuaciones del coronel (r) González del Río en la vereda Trocaderos, zona rural de Neira (Caldas). Dos hombres, Javier Moreno Marín y Janio César Sepúlveda, fueron hallados con una pistola y una escopeta porque, supuestamente, eran guerrilleros de las Farc. Ambos fallecieron por lesión cerebral severa, se supo después en las necropsias. Soldados bajo el mando de González terminaron revelando el plan criminal que rodeó la muerte de los dos hombres, además del testimonio de una tercera víctima que logró escapar antes de ser ejecutada.

La Secretaría Ejecutiva de la JEP confirma que González del Río no ha firmado aún acta de compromiso para someterse a ese sistema de justicia transicional a cambio de beneficios penales. Los jueces han determinado que las ejecuciones extrajudiciales son un crimen relacionado con la guerra, por lo que tiene todos los chances de que la JEP revise sus procesos. Sus testimonios han sido claves para la justicia, pues ha puesto en aprietos a seis generales, entre ellos el excomandante del Ejército Mario Montoya, quien ha negado que se haya involucrado con esta práctica criminal.

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