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El 3 de febrero, el Representante a la Cámara Christian Garcés del partido Centro Democrático solicitó adelantar discusiones para revisar el decreto que prohíbe el porte legal de armas. El anuncio fue inspirado por el caso del médico que disparó y asesinó a tres presuntos ladrones en el norte de Bogotá, así supuestamente demostrando la importancia de dejar a los colombianos tener las medidas necesarias para defenderse contra cualquier amenaza. Detrás de esta propuesta, que comienza a ganar voceros en Colombia, está la idea de que flexibilizar el porte de armas reduce el crimen.
Pero, ¿realmente es así? Los defensores de esta propuesta argumentan que poseer un arma disuade a los criminales de cometer delitos. Sin embargo, distintos estudios muestran que flexibilizar el porte de armas no reduce los hurtos y, en cambio, sí aumenta los crímenes violentos – particularmente los homicidios –, así como los niveles de violencia doméstica y los suicidios por arma de fuego.
La principal evidencia viene de estudios realizados en Estados Unidos, un país caracterizado por la flexibilidad en la compra y el porte de armas. Estos estudios han encontrado que una mayor presencia de armas no tiene el efectuo disuasivo esperado sobre la criminalidad, sino que, por el contrario, puede incluso aumentar el número de hurtos a hogares y de crimenes cometidos por menores de edad al facilitar el acceso a armas de fuego.
La evidencia también apunta a que la flexibilización del porte de armas aumenta los crimenes violentos, especialmente los homicidios. Esto se debe a que la presencia de armas hace más probable que los crimenes y las riñas resulten en victimas fatales. En Estados Unidos se ha encontrado que un aumento en un 10% en la posesión de armas incrementa en 2% la tasa de homicidios. Si extrapolamos esta cifra al caso colombiano, un aumento de igual magnitud significarían doscientos cuarenta homicidios más al año (tomando como base los 11.985 casos del 2019).
Además del incremento en los homicidios producto de crimenes y riñas, también se ha evidenciado un aumento en los homicidios en casos de violencia doméstica. Esto significaría que las mujeres, que constituyen la mayor parte de las victimas fatales en estos casos, estarían en una situación de mayor riesgo y vulnerabilidad si se aplica una política que flexibilice el porte de armas. Una investigación en Estados Unidos cuantifica este riesgo: la presencia de un arma en una situación de violencia doméstica aumenta la probabilidad de homicidio de una mujer en 500%. La relación entre posesión de armas y suicidio también es preocupante: es tres veces más probable que una persona se suicide si tiene acceso a armas de fuego en su hogar, y este riesgo prevalece hasta por seis años después de la compra del arma.
El Representante a la Cámara aduce que el actual decreto que prohíbe el porte legal de armas viola el derecho a la legítima defensa. El médico Arthur Kellermann analizó, en 1998, 626 tiroteos que ocurrieron en tres ciudades de Estados Unidos, y encontró que por cada vez que se utilizó un arma para el ejercicio de la legítima defensa hubo 4 usos no intencionales, 7 asaltos violentos u homicidios y 11 intentos de suidicio o suidicios con arma de fuego. ¿Cómo serían estas cifras en Colombia si se flexibiliza el porte de armas? El costo social de esta medida sería demasiado alto. Por eso no es conveniente seguir la discusión: si la meta es velar por la vida, quitar obstáculos al acceso a las armas de fuego no es el camino.
*Mateo Prada y Michael Weintraub
Mateo Prada es asistente de investigación en el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (CESED) de la Universidad de los Andes. Michael Weintraub es profesor asociado en la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes y Director del Área de Seguridad y Violencia del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (CESED) de la misma universidad.