El DAS y la Casa de Nariño

Para la Corte Suprema quedó claro que las órdenes de utilizar el DAS como un instrumento para espiar ilegalmente a magistrados, dirigentes políticos y periodistas llegaron desde la Casa de Nariño durante la administración de Álvaro Uribe Vélez. Este viernes el alto tribunal condenó a la exdirectora del organismo de inteligencia María del Pilar Hurtado y al exsecretario general de Presidencia Bernardo Moreno, por la persecución y campaña de desprestigio que lideraron en los tiempos de mayor enfrentamiento entre la Corte y el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

El sentido del fallo fue presentado por el magistrado Fernando Castro, quien indicó que se sentenciaría a Moreno y a Hurtado por patrocinar los seguimientos ilegales que buscaban desacreditar las investigaciones que en su momento adelantaba la Corte Suprema por la naciente parapolítica y a los congresistas como Piedad Córdoba y Gustavo Petro, quienes realizaban una férrea oposición al Gobierno. Según Castro, se utilizaron recursos públicos destinados a los gastos reservados de inteligencia para satisfacer intereses personales que nada tenían que ver con las labores del DAS.

La decisión no sólo se basó en las declaraciones de los testigos principales. Los testimonios se cotejaron con cientos de pruebas documentales en poder de la Fiscalía. Desde órdenes operacionales hasta reportes de seguimientos e interceptaciones de comunicaciones que develaban el plan criminal contra la Corte Suprema y los llamados enemigos de la administración Uribe. El exdirector de Inteligencia, capitán (r) Fernando Tabares, fue uno de los primeros en indicar que la Casa de Nariño fue la que eligió los objetivos para realizar labores de inteligencia.

Entre los primeros objetivos estuvo la exsenadora Piedad Córdoba. A ella, según encontró la Corte, le intentaron relacionar con políticos venezolanos —filtraron a los medios que había recibido US$120 mil del gobierno Chávez— y las Farc. Le infiltraron el correo electrónico a pesar de no tener autorizaciones judiciales y toda la información sería utilizada en su contra para un debate de control político. El magistrado Castro precisó que otras de las víctimas de esta persecución fue el hoy alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.

Al excongresista lo espiaron al punto que monitorearon los pasos de su exesposa Mary Luz Herrán, de quien según dijo el DAS, tenía vínculos con Caracas. A Petro lo amenazaron y hasta le envenenaron sus tres perros. Una clara muestra para la Corte Suprema de que el Gobierno quería disuadir a la oposición al punto de que violó su intimidad, recolectó información y la filtró a la opinión pública para desprestigiarlos. El periodista Daniel Coronell fue el otro que terminó perseguido, ya que en la Casa de Nariño tenían un interés particular en conocer quiénes eran sus fuentes, porque sus artículos estaban generando “muchas molestias”.

En septiembre de 2007 se marcó el futuro de las relaciones entre el gobierno Uribe y la Corte. En ese mes el exsenador y primo del expresdiente Mario Uribe fue llamado a indagatoria por sus nexos con los paramilitares. A su vez, Bernardo Moreno se reunió con Tabares y Hurtado para marcar la hoja de ruta en la filtración al alto tribunal. Igualmente, se creó un mecanismo para que los reportes de inteligencia de los objetivos seleccionados por la Presidencia llegaran a manos de Moreno en sobres sellados y en una valija.

Se produjo el enfrentamiento entre Uribe y el expresidente de la Corte César Julio Valencia, quien también terminó perseguido por el DAS. A su vez, comenzaron los complots para desprestigiar al magistrado auxiliar Iván Velásquez, el investigador de la parapolítica y a quien quisieron vincular con el paramilitar José Orlando Moncada, alias Tasmania: todo terminó siendo un burdo montaje para desacreditar a Velásquez.

El próximo en la lista fue el magistrado Yesid Ramírez, a quien le abrieron una investigación —según la Corte fue legal—, llamada Caso Paseo, por los supuestos nexos que tenía con el polémico empresario Ascencio Reyes. Un hombre vinculado a un proceso de lavado de activos y quien le gestionó un homenaje a Ramírez en 2006 en Neiva para celebrar su elección como presidente de la Corte Suprema. Para el magistrado Castro las irregularidades en este caso se centraron en las filtraciones de información sistemáticas —a pesar de que sólo tenían que estar en poder del DAS— que buscaban acabar con la imagen del jurista.

La última operación y que terminó por destapar la alianza entre el DAS y la Casa de Nariño, fue la ‘Operación Escalera’, en la que participó la detective Alba Luz Flórez, la Mata Hari, encargada de infiltrar la Corte. A pesar de que los primeros resultados terminaron siendo satisfactorios para el gobierno Uribe, el ocaso llegó cuando las actividades de la Mata Hari quedaron al descubierto tras conocerse que estaba grabando las sesiones privadas de los magistrados.

La caída de estos dos pesos pesados del uribismo pone en serios aprietos al expresidente Uribe, quien poco se refiere al escándalo de las ‘chuzadas’, pero siempre ha sostenido que nunca se actuó por fuera de la ley. Contrario a lo que sostiene el magistrado Fernando Castro. En sus argumentos indicó que la actividad de inteligencia del DAS sobrepasó los límites legales y que se desnaturalizó el propósito del DAS al no proteger al Estado de los peligros reales, ya que se persiguió a opositores políticos a sabiendas de que carecía de motivos legítimos.

El magistrado Castro aseguró que la exdirectora del DAS le dio órdenes directas, infundadas por la Presidencia, a sus subalternos para que adelantaran operaciones ilegales y que violaban los principios constitucionales. El alto tribunal señaló que la información de inteligencia era, justamente, enviada a la Casa de Nariño en un dosier. Estos documentos se analizaban en reuniones privadas entre Hurtado —según los testigos recibía constantes presiones— y Moreno, y a partir de los avances se tomaban nuevas determinaciones.

En conclusión, el magistrado Castro manifestó que jamás se estableció el motivo o la necesidad de recolectar estos datos o de espiar a los opositores del Gobierno, ya que no representaban una amenaza para el Estado. Por ahora, el 5 de marzo se conocerá cuántos años de cárcel pagarán Hurtado y Moreno. Mucho se ha especulado sobre la supuesta intención de la exdirectora del DAS de colaborar con la justicia. Fuentes cercanas al proceso han precisado que en su poder tiene información que podría comprometer al expresidente Uribe.

Para la Corte Suprema quedó claro que las órdenes de utilizar el DAS como un instrumento para espiar ilegalmente a magistrados, dirigentes políticos y periodistas llegaron desde la Casa de Nariño durante la administración de Álvaro Uribe Vélez. Este viernes el alto tribunal condenó a la exdirectora del organismo de inteligencia María del Pilar Hurtado y al exsecretario general de Presidencia Bernardo Moreno, por la persecución y campaña de desprestigio que lideraron en los tiempos de mayor enfrentamiento entre la Corte y el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

El sentido del fallo fue presentado por el magistrado Fernando Castro, quien indicó que se sentenciaría a Moreno y a Hurtado por patrocinar los seguimientos ilegales que buscaban desacreditar las investigaciones que en su momento adelantaba la Corte Suprema por la naciente parapolítica y a los congresistas como Piedad Córdoba y Gustavo Petro, quienes realizaban una férrea oposición al Gobierno. Según Castro, se utilizaron recursos públicos destinados a los gastos reservados de inteligencia para satisfacer intereses personales que nada tenían que ver con las labores del DAS.

La decisión no sólo se basó en las declaraciones de los testigos principales. Los testimonios se cotejaron con cientos de pruebas documentales en poder de la Fiscalía. Desde órdenes operacionales hasta reportes de seguimientos e interceptaciones de comunicaciones que develaban el plan criminal contra la Corte Suprema y los llamados enemigos de la administración Uribe. El exdirector de Inteligencia, capitán (r) Fernando Tabares, fue uno de los primeros en indicar que la Casa de Nariño fue la que eligió los objetivos para realizar labores de inteligencia.

Entre los primeros objetivos estuvo la exsenadora Piedad Córdoba. A ella, según encontró la Corte, le intentaron relacionar con políticos venezolanos —filtraron a los medios que había recibido US$120 mil del gobierno Chávez— y las Farc. Le infiltraron el correo electrónico a pesar de no tener autorizaciones judiciales y toda la información sería utilizada en su contra para un debate de control político. El magistrado Castro precisó que otras de las víctimas de esta persecución fue el hoy alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.

Al excongresista lo espiaron al punto que monitorearon los pasos de su exesposa Mary Luz Herrán, de quien según dijo el DAS, tenía vínculos con Caracas. A Petro lo amenazaron y hasta le envenenaron sus tres perros. Una clara muestra para la Corte Suprema de que el Gobierno quería disuadir a la oposición al punto de que violó su intimidad, recolectó información y la filtró a la opinión pública para desprestigiarlos. El periodista Daniel Coronell fue el otro que terminó perseguido, ya que en la Casa de Nariño tenían un interés particular en conocer quiénes eran sus fuentes, porque sus artículos estaban generando “muchas molestias”.

En septiembre de 2007 se marcó el futuro de las relaciones entre el gobierno Uribe y la Corte. En ese mes el exsenador y primo del expresdiente Mario Uribe fue llamado a indagatoria por sus nexos con los paramilitares. A su vez, Bernardo Moreno se reunió con Tabares y Hurtado para marcar la hoja de ruta en la filtración al alto tribunal. Igualmente, se creó un mecanismo para que los reportes de inteligencia de los objetivos seleccionados por la Presidencia llegaran a manos de Moreno en sobres sellados y en una valija.

Se produjo el enfrentamiento entre Uribe y el expresidente de la Corte César Julio Valencia, quien también terminó perseguido por el DAS. A su vez, comenzaron los complots para desprestigiar al magistrado auxiliar Iván Velásquez, el investigador de la parapolítica y a quien quisieron vincular con el paramilitar José Orlando Moncada, alias Tasmania: todo terminó siendo un burdo montaje para desacreditar a Velásquez.

El próximo en la lista fue el magistrado Yesid Ramírez, a quien le abrieron una investigación —según la Corte fue legal—, llamada Caso Paseo, por los supuestos nexos que tenía con el polémico empresario Ascencio Reyes. Un hombre vinculado a un proceso de lavado de activos y quien le gestionó un homenaje a Ramírez en 2006 en Neiva para celebrar su elección como presidente de la Corte Suprema. Para el magistrado Castro las irregularidades en este caso se centraron en las filtraciones de información sistemáticas —a pesar de que sólo tenían que estar en poder del DAS— que buscaban acabar con la imagen del jurista.

La última operación y que terminó por destapar la alianza entre el DAS y la Casa de Nariño, fue la ‘Operación Escalera’, en la que participó la detective Alba Luz Flórez, la Mata Hari, encargada de infiltrar la Corte. A pesar de que los primeros resultados terminaron siendo satisfactorios para el gobierno Uribe, el ocaso llegó cuando las actividades de la Mata Hari quedaron al descubierto tras conocerse que estaba grabando las sesiones privadas de los magistrados.

La caída de estos dos pesos pesados del uribismo pone en serios aprietos al expresidente Uribe, quien poco se refiere al escándalo de las ‘chuzadas’, pero siempre ha sostenido que nunca se actuó por fuera de la ley. Contrario a lo que sostiene el magistrado Fernando Castro. En sus argumentos indicó que la actividad de inteligencia del DAS sobrepasó los límites legales y que se desnaturalizó el propósito del DAS al no proteger al Estado de los peligros reales, ya que se persiguió a opositores políticos a sabiendas de que carecía de motivos legítimos.

El magistrado Castro aseguró que la exdirectora del DAS le dio órdenes directas, infundadas por la Presidencia, a sus subalternos para que adelantaran operaciones ilegales y que violaban los principios constitucionales. El alto tribunal señaló que la información de inteligencia era, justamente, enviada a la Casa de Nariño en un dosier. Estos documentos se analizaban en reuniones privadas entre Hurtado —según los testigos recibía constantes presiones— y Moreno, y a partir de los avances se tomaban nuevas determinaciones.

En conclusión, el magistrado Castro manifestó que jamás se estableció el motivo o la necesidad de recolectar estos datos o de espiar a los opositores del Gobierno, ya que no representaban una amenaza para el Estado. Por ahora, el 5 de marzo se conocerá cuántos años de cárcel pagarán Hurtado y Moreno. Mucho se ha especulado sobre la supuesta intención de la exdirectora del DAS de colaborar con la justicia. Fuentes cercanas al proceso han precisado que en su poder tiene información que podría comprometer al expresidente Uribe.