Una decisión del Consejo de Estado, que aceptó los argumentos de la demanda interpuesta por el abogado Luis Gustavo Moreno, suspendió los efectos del decreto 1704 de 2012 del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación con el que el Gobierno pretendía pasar por alto una discusión en el tema de la interceptación de comunicaciones. De esta manera, quedó abierta la puerta para el debate nacional sobre cómo se debe crear una ley estatutaria que regule el tema de la vigilancia para la seguridad nacional y el rol que cumplirían las empresas de telefonía. Así lo han sugerido los altos tribunales.
La Corte Constitucional planteó en su sentencia de noviembre de 2010, que tumbó la Ley 1288 de 2009, o Ley de Inteligencia en la era Uribe, que la responsabilidad correspondía a la Fiscalía y que sus acciones debían estar respaldadas por un juez de control de garantías. Con esta decisión, la Corte pretendía evitar que situaciones como se presentó con las chuzadas del DAS volvieran a suceder.
Sin embargo, el Gobierno presentó ante el Congreso, dentro de su Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para todos”, un proyecto de ley para la interceptación de comunicaciones y redes de datos. Desde el 24 de junio de 2011 se aprobó la Ley 1453, que pretende regular todo lo que concierne al ámbito de las comunicaciones y la tecnología, especialmente el tema de las interceptaciones para la seguridad del Estado. En el artículo 52 de dicha ley se estableció que la Fiscalía —que mediante la resolución Nº 0-400 de 2010, ya había adoptado un manual de procedimiento para el Sistema Esperanza para interceptar comunicaciones— era la encargada de adelantar cualquier operación de interceptación o de solicitud de datos personales de los suscriptores de una compañía de telefonía móvil.
Este artículo se convirtió en el argumento principal en el actual fallo del Consejo de Estado que suspendió el decreto 1704 de 2011, ya que aseguró que “se observa que al habilitar a otras autoridades el conocimiento del resultado de interceptaciones y bases de datos en investigaciones se crea un riesgo para el derecho a la intimidad consistente en la fragmentación de la responsabilidad de la obtención de información personal (…) la Fiscalía es el único organismo autorizado para realizar registros, allanamientos, incautaciones e interceptaciones, así como dirigir y coordinar las funciones de policía judicial”.
La decisión de 19 páginas revive además la eterna discusión sobre si la seguridad nacional y las actividades de inteligencia priman sobre los derechos a la honra y el buen nombre de un ciudadano. Con ponencia del magistrado Guillermo Vargas, advierte que con el decreto se creaba un riesgo a la intimidad y la reputación de las personas porque no se establecían responsabilidades sobre la autoridad que obtenía la información personal, “lo que podría constituir un déficit en la protección de ese derecho”.
La determinación del Consejo de Estado también recuerda que la Fiscalía es “la encargada de realizar registros, allanamientos, incautaciones e interceptaciones, así como dirigir y coordinar las funciones de policía judicial”, lo que cierra la puerta a una eventual discusión sobre si otras entidades del Estado, como lo pretendía el Gobierno con su decreto, tuvieran acceso a información restringida y que violaba los derechos de los ciudadanos.
La más reciente oleada de críticas se la llevó el sistema PUMA, que fue señalado de ser una plataforma alterna a la de la Fiscalía con la que, supuestamente, se reviviría el capítulo de las chuzadas del DAS. Sin embargo, PUMA fue creado en 2007 y desde esa época opera como parte de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional. Su principal función es “coordinar las actividades relacionadas con los procesos de interceptación de comunicaciones ordenadas por autoridad competente”. Es decir, está subordinada a las decisiones que tome la Fiscalía o, en su defecto, un juez. A pesar de todo, las dudas sobre su funcionamiento aún están en el aire.
Sin embargo, aún quedan muchas dudas sobre los sistemas que utiliza el Gobierno para la interceptación de comunicaciones. Muchos sectores han solicitado que se realice un gran debate nacional para que se tramite una ley estatutaria que en realidad regule minuciosamente el tema y se evite que a través de decretos o nuevas leyes intenten hacer un par de goles.