El debate sobre el modelo de justicia para la paz

Al tiempo que en La Habana (Cuba) avanza la discusión sobre el problema de las drogas ilícitas en la mesa de diálogos entre las Farc y el Gobierno, en Colombia se empieza a hablar del modelo de justicia transicional que el país debe construir. El tema fue lanzado al ruedo por el fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, quien afirmó que el país debe ofrecer un sistema de penas alternativas para aquellos guerrilleros y militares que hayan cometido crímenes en el marco del conflicto armado.

Las aseveraciones de Montealegre desataron polémica: el procurador Alejandro Ordóñez rechazó las propuestas, los círculos militares mostraron su indignación y en Cuba fueron recibidas con beneplácito.

Montealegre habla de la necesidad de implementar un “modelo de justicia restaurativa”, donde la alternatividad penal tome un lugar preponderante, y los proceso de reparación simbólica y administrativa tengan un papel importante. “Todos los delitos que impliquen graves violaciones de los derechos humanos, los crímenes de guerra y los delitos de lesa humanidad, que serían de competencia de la Corte Penal Internacional, tienen que ser investigados por la justicia penal”, sostuvo el jefe del ente acusador saliéndole al paso a las acusaciones de que estas medidas buscan impunidad.

Para el Fiscal es necesario que la sociedad acepte diversas medidas, no ortodoxas, de pagar sus cuentas con la justicia. “Una vez que se hayan producido las sentencias correspondientes podríamos hablar de penas alternativas a la pena de prisión. Trabajo social comunitario, la participación de los máximos responsables en programas de restablecimiento social, como el desminado, y que contribuyen a desmontar las estructuras de guerra, y un gran trabajo de acercamiento entre víctima y victimario a través de trabajo social”, sostuvo refiriéndose al caso de los miembros de las Farc. Incluso, Montealegre señaló que “si la condena es por crímenes de guerra, eso no impide la participación en política” de los responsables de la insurgencia.

La otra propuesta que causó revuelo en la opinión pública, y especialmente en sectores cercanos a la órbita militar, tiene que ver con que los uniformados responsables de crímenes en el marco del conflicto armado, puedan pagar sus penas en regímenes penitenciarios abiertos, en arrestos nocturnos o los fines de semana. El Fiscal incluso propuso que se creen “tribunales independientes de los ordinarios, que sean pluralistas e integrados por diversas especialidades, como en la Corte Penal Internacional”, para que asuman las investigaciones contra miembros de la Fuerza Pública.

"Los militares y policías involucrados en casos de falsos positivos no podrán ser incluidos en los beneficios de la justicia transicional, pero Colombia debe pensar en penas alternativas para quienes cometieron crímenes de guerra en el marco del conflicto", refirió Montealegre, y explicó: “El país puede pensar que una vez impuestas la penas se le puedan dar unos tratamientos penitenciarios especiales, modernos como arrestos los fines de semana, sistemas abiertos, que pueda combinar el trabajo con la privación efectiva de la libertad en lugares especiales".

A las propuestas de Montealegre, el procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, respondió con contundencia y las calificó como “una de las perlas de todo este proceso, que viene a fortalecer las constructiva críticas que hemos hecho desde el Ministerio público", y en tono irónico vio con buenos ojos "que ya se están destapando las cartas y que el señor fiscal General de la Nación esté reconociendo claramente que habrá impunidad total", y concluyó: “Nos quieren llevar a empellones a la impunidad total y pretenden que quienes en representación de la sociedad estamos diciendo que no queremos impunidades totales sino paces razonables”.

Para Camilo Sánchez, vocero de Dejusticia (una de las organizaciones que más ha defendido el Marco Legal para la Paz y ha entregado conceptos jurídicos a la Corte Constitucional sobre el tema), el Fiscal General tiene, en parte, algo de razón: "El marco establece distintas medidas, entre ellas la exclusión penal, que algunos delitos no sean investigarlos, a otros ponerles penas reducidas o incluso, que los que sean investigados tenga penal alternativas, que bien pueden ser trabajo social, confinamiento en otros lugares que no sean una cárcel o prisión domiciliaria. El fiscal manifiesta que un guerrillero que haya cometido un delito sea investigado completamente y luego se le imponga una pena que no sea de prisión sino alternativa. Algo polémico. La Corte siempre ha dicho que tiene que haber un castigo, pero eso no se definió como prisión y que los máximos responsables tienen que ser juzgados, investigados y sancionados”.

Sin embargo, Dejusticia considera que “los máximos responsables deben tener una sanción de probación de la libertad. No necesariamente en una cárcel, sino que deberíamos pensar en un sistema carcelario con condiciones, como por ejemplos, darle beneficios a los líderes de la guerrilla que participen en política y colaboren con el proceso de desmovilización”. En pocas palabras, plantea que los máximos responsables deben pagar una sanción simbólica ya que si quieren acceder a la política deben evitar que la sociedad quede con un sinsabor de impunidad. “La idea de que no pagaron cárcel les pondría un camino más difícil para que se conviertan en un movimiento político. Para nosotros es importante que los máximos responsables vayan a prisión, no con una pena de muchos años sino una pena sustitutiva como se le dio a los paramilitares”, concluye Sánchez.

Las Farc, sentadas en La Habana, donde se desarrolla el vigésimo cuarto ciclo de negociaciones con el gobierno Santos, terciaron en el debate, con una propuesta sobre la necesidad de adelantar una profunda reforma a la justicia, a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Al mismo tiempo criticaron la iniciativa de reforma a la justicia que aprobó el congreso en 2012 y el Presidente Santos objetó por “inconvenciencia”.

“La reforma implica cambios profundos, radicales, y por ello vemos con simpatía las recientes manifestaciones del Ministro de justicia Alfonso Gómez Méndez cuando se ha expresado en términos favorables a la restructuración de la Rama Judicial, y sobre todo por su beneplácito con la posibilidad de que sea una Asamblea Nacional Constituyente la instancia donde se dilucide el asunto, en la idea de que “toda la sociedad entienda la magnitud del problema de la justicia”, e involucra como asunto urgente a tratar, el de la terrible crisis humanitaria que se padece en las cárceles de Colombia, con problemas de hacinamiento y violación de derechos humanos”, refiere un comunicado firmado por la delegación de paz de las Farc.

Del otro lado, el Departamento de Estado de los Estados Unidos agregaron un poco de picante al debate sobre la justicia en el proceso de paz. En su informe anual sobre terrorismo mantuvo a Cuba, Irán, Sudán y Siria en su lista de países que supuestamente patrocinan el terrorismo. De igual manera, mantiene a las Farc en su lista de organizaciones terroristas y sostuvo que “a pesar de las negociaciones de paz durante todo el año, las Fuerzas Armadas Revolucionarios de Colombia (Farc) cometieron la mayoría de los ataques terroristas en el Hemisferio Occidental en 2013”. Sin embargo, aceptó que los ataques disminuyeron en comparación con el 2012.

Todos estos elementos juntos, dan cuenta de cómo el proceso de paz entre el Gobierno y las Farc empieza a tocar temas de justicia, de penas y medidas restaurativas. Una discusión que promete ser candente y que tomará rumbo una vez se evacué el problema de las drogas ilícitas. Una discusión, que tiene estrecha relación con el tema del narcotráfico, con la participación de Estados Unidos por el tema de la extradición y que debe contar con la participación de las víctimas del conflicto.

Al tiempo que en La Habana (Cuba) avanza la discusión sobre el problema de las drogas ilícitas en la mesa de diálogos entre las Farc y el Gobierno, en Colombia se empieza a hablar del modelo de justicia transicional que el país debe construir. El tema fue lanzado al ruedo por el fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, quien afirmó que el país debe ofrecer un sistema de penas alternativas para aquellos guerrilleros y militares que hayan cometido crímenes en el marco del conflicto armado.

Las aseveraciones de Montealegre desataron polémica: el procurador Alejandro Ordóñez rechazó las propuestas, los círculos militares mostraron su indignación y en Cuba fueron recibidas con beneplácito.

Montealegre habla de la necesidad de implementar un “modelo de justicia restaurativa”, donde la alternatividad penal tome un lugar preponderante, y los proceso de reparación simbólica y administrativa tengan un papel importante. “Todos los delitos que impliquen graves violaciones de los derechos humanos, los crímenes de guerra y los delitos de lesa humanidad, que serían de competencia de la Corte Penal Internacional, tienen que ser investigados por la justicia penal”, sostuvo el jefe del ente acusador saliéndole al paso a las acusaciones de que estas medidas buscan impunidad.

Para el Fiscal es necesario que la sociedad acepte diversas medidas, no ortodoxas, de pagar sus cuentas con la justicia. “Una vez que se hayan producido las sentencias correspondientes podríamos hablar de penas alternativas a la pena de prisión. Trabajo social comunitario, la participación de los máximos responsables en programas de restablecimiento social, como el desminado, y que contribuyen a desmontar las estructuras de guerra, y un gran trabajo de acercamiento entre víctima y victimario a través de trabajo social”, sostuvo refiriéndose al caso de los miembros de las Farc. Incluso, Montealegre señaló que “si la condena es por crímenes de guerra, eso no impide la participación en política” de los responsables de la insurgencia.

La otra propuesta que causó revuelo en la opinión pública, y especialmente en sectores cercanos a la órbita militar, tiene que ver con que los uniformados responsables de crímenes en el marco del conflicto armado, puedan pagar sus penas en regímenes penitenciarios abiertos, en arrestos nocturnos o los fines de semana. El Fiscal incluso propuso que se creen “tribunales independientes de los ordinarios, que sean pluralistas e integrados por diversas especialidades, como en la Corte Penal Internacional”, para que asuman las investigaciones contra miembros de la Fuerza Pública.

"Los militares y policías involucrados en casos de falsos positivos no podrán ser incluidos en los beneficios de la justicia transicional, pero Colombia debe pensar en penas alternativas para quienes cometieron crímenes de guerra en el marco del conflicto", refirió Montealegre, y explicó: “El país puede pensar que una vez impuestas la penas se le puedan dar unos tratamientos penitenciarios especiales, modernos como arrestos los fines de semana, sistemas abiertos, que pueda combinar el trabajo con la privación efectiva de la libertad en lugares especiales".

A las propuestas de Montealegre, el procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, respondió con contundencia y las calificó como “una de las perlas de todo este proceso, que viene a fortalecer las constructiva críticas que hemos hecho desde el Ministerio público", y en tono irónico vio con buenos ojos "que ya se están destapando las cartas y que el señor fiscal General de la Nación esté reconociendo claramente que habrá impunidad total", y concluyó: “Nos quieren llevar a empellones a la impunidad total y pretenden que quienes en representación de la sociedad estamos diciendo que no queremos impunidades totales sino paces razonables”.

Para Camilo Sánchez, vocero de Dejusticia (una de las organizaciones que más ha defendido el Marco Legal para la Paz y ha entregado conceptos jurídicos a la Corte Constitucional sobre el tema), el Fiscal General tiene, en parte, algo de razón: "El marco establece distintas medidas, entre ellas la exclusión penal, que algunos delitos no sean investigarlos, a otros ponerles penas reducidas o incluso, que los que sean investigados tenga penal alternativas, que bien pueden ser trabajo social, confinamiento en otros lugares que no sean una cárcel o prisión domiciliaria. El fiscal manifiesta que un guerrillero que haya cometido un delito sea investigado completamente y luego se le imponga una pena que no sea de prisión sino alternativa. Algo polémico. La Corte siempre ha dicho que tiene que haber un castigo, pero eso no se definió como prisión y que los máximos responsables tienen que ser juzgados, investigados y sancionados”.

Sin embargo, Dejusticia considera que “los máximos responsables deben tener una sanción de probación de la libertad. No necesariamente en una cárcel, sino que deberíamos pensar en un sistema carcelario con condiciones, como por ejemplos, darle beneficios a los líderes de la guerrilla que participen en política y colaboren con el proceso de desmovilización”. En pocas palabras, plantea que los máximos responsables deben pagar una sanción simbólica ya que si quieren acceder a la política deben evitar que la sociedad quede con un sinsabor de impunidad. “La idea de que no pagaron cárcel les pondría un camino más difícil para que se conviertan en un movimiento político. Para nosotros es importante que los máximos responsables vayan a prisión, no con una pena de muchos años sino una pena sustitutiva como se le dio a los paramilitares”, concluye Sánchez.

Las Farc, sentadas en La Habana, donde se desarrolla el vigésimo cuarto ciclo de negociaciones con el gobierno Santos, terciaron en el debate, con una propuesta sobre la necesidad de adelantar una profunda reforma a la justicia, a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Al mismo tiempo criticaron la iniciativa de reforma a la justicia que aprobó el congreso en 2012 y el Presidente Santos objetó por “inconvenciencia”.

“La reforma implica cambios profundos, radicales, y por ello vemos con simpatía las recientes manifestaciones del Ministro de justicia Alfonso Gómez Méndez cuando se ha expresado en términos favorables a la restructuración de la Rama Judicial, y sobre todo por su beneplácito con la posibilidad de que sea una Asamblea Nacional Constituyente la instancia donde se dilucide el asunto, en la idea de que “toda la sociedad entienda la magnitud del problema de la justicia”, e involucra como asunto urgente a tratar, el de la terrible crisis humanitaria que se padece en las cárceles de Colombia, con problemas de hacinamiento y violación de derechos humanos”, refiere un comunicado firmado por la delegación de paz de las Farc.

Del otro lado, el Departamento de Estado de los Estados Unidos agregaron un poco de picante al debate sobre la justicia en el proceso de paz. En su informe anual sobre terrorismo mantuvo a Cuba, Irán, Sudán y Siria en su lista de países que supuestamente patrocinan el terrorismo. De igual manera, mantiene a las Farc en su lista de organizaciones terroristas y sostuvo que “a pesar de las negociaciones de paz durante todo el año, las Fuerzas Armadas Revolucionarios de Colombia (Farc) cometieron la mayoría de los ataques terroristas en el Hemisferio Occidental en 2013”. Sin embargo, aceptó que los ataques disminuyeron en comparación con el 2012.

Todos estos elementos juntos, dan cuenta de cómo el proceso de paz entre el Gobierno y las Farc empieza a tocar temas de justicia, de penas y medidas restaurativas. Una discusión que promete ser candente y que tomará rumbo una vez se evacué el problema de las drogas ilícitas. Una discusión, que tiene estrecha relación con el tema del narcotráfico, con la participación de Estados Unidos por el tema de la extradición y que debe contar con la participación de las víctimas del conflicto.