Cada 28 de septiembre, en el marco de la conmemoración del día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito los movimientos feministas se movilizan para exigir la despenalización total del aborto y el acceso pleno a este servicio de salud. El reconocimiento del derecho al aborto ha sido un debate de décadas en el que, poco a poco, las mujeres con argumentos, ideas y esperanza han conquistado triunfos legales y culturales. Tal es el caso del Movimiento Causa Justa que logró la despenalización del aborto hasta la semana 24 y su reconocimiento como un derecho fundamental, al tiempo que ha contribuido a la transformación de la opinión pública: en 2023, según Cifras y Conceptos, el 42% de los y las colombianas consideraban que el aborto debería prestarse como cualquier otro servicio de salud.
El avance legal y cultural a favor de la autonomía reproductiva de las mujeres, personas trans y no binarias viene teniendo lugar en distintos países del mundo, y esperamos que siga extendiéndose como una revolución imparable en otros tantos –como en los países centroamericanos– donde la penalización del aborto es una condena para las mujeres y las niñas. Sin la eliminación del delito de aborto de los códigos penales, las mujeres no gozan de igualdad de condiciones ni de garantías para el ejercicio de sus derechos civiles, políticos y democráticos. Y, en este sentido, no hay democracia plena allí donde se penaliza el derecho a decidir sobre la sexualidad y la reproducción. Por esto, los liderazgos autoritarios y los discursos antiderechos que hoy se niegan a reconocer y aceptar el derecho al aborto no son solo detractores de la igualdad de género, sino que también se instalan en contra de la democracia y sus instituciones.
En Colombia, después de tres años y medio de la histórica Sentencia C-055 de 2022, la garantía del derecho al aborto no solo se enfrenta con este tipo de liderazgos y discursos que desconocen la autonomía reproductiva de las mujeres, sino también con barreras específicas que siguen vigentes en la práctica. Desde el acompañamiento legal y gratuito que brinda La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres a quienes tienen barreras de acceso al aborto, se reconoce que algunos obstáculos frecuentes son: la falta de acceso de mujeres migrantes y rurales al sistema de salud, los trámites administrativos innecesarios en hospitales públicos que derivan en desistimientos, el desconocimiento de rutas por parte de instituciones de protección; y el uso indebido de la objeción de conciencia por parte de profesionales de la salud.
No obstante, frente a los tiempos que amenazan las libertades y las sociedades democráticas y las innumerables barreras de acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva en Colombia y en el mundo, los movimientos feministas seguirán movilizándose en fechas emblemáticas como esta para exigir y reivindicar que la decisión libre e informada sobre la sexualidad y la reproducción siempre será una causa justa. O, en palabras de una de las menores acompañadas por La Mesa bajo la Sentencia C-055/22: “yo respeto mucho a la gente que sigue adelante con la idea de tener hijos, pero también tengo claro que el procedimiento me cambió la vida para mejorar. Mi vida ha dado un cambio positivo y, en medio de todo, tengo una ilusión”.
En últimas, la exigencia por el aborto legal, seguro y gratuito es también una apuesta por un futuro en el que todas las maternidades sean deseadas y, por lo tanto, puedan ser vividas con autonomía, dignidad y esperanza.
*Directora de La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, organización pionera del Movimiento Causa Justa.
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Por Laura Castro González
