El papa Francisco presentó el 9 de mayo del 2019 la primera ley mundial para que los miembros de la iglesia católica reporten e investiguen el abuso sexual eclesiástico y su encubrimiento. Con ella se obliga a los miembros del clero a reportar a sus superiores cualquier acusación de abuso de menores de edad, adultos vulnerables con alguna discapacidad física o mental, o de la posesión o distribución de pornografía infantil por parte de los sacerdotes.
La entidad encargada de investigar a los sacerdotes desde el derecho canónico es la Congregación para la Doctrina de la Fe, con sede en el Vaticano (Italia).
No obstante, hay tensiones con la iglesia, porque las legislaciones penales de los países tienen castigos cada vez más severos contra los ciudadanos que cometan delitos sexuales. Y los sacerdotes también son ciudadanos.