El descalabro en Gestiones Financieras

Este miércoles 1° de marzo, a las 8 de la mañana, las hermanas Juanita y María Clara Ramírez González tendrán una cita programada en los juzgados de Paloquemao, en Bogotá. Es la tercera vez que la Fiscalía las convoca para imputarles los cargos de falsedad en documento, estafa y captación ilegal, y si no se presentan, van a declararlas personas ausentes y la Fiscalía arrancará una investigación formal en su contra. No le queda de otra al organismo investigativo: tanto la Superintendencia Financiera como la de Sociedades le pidieron que con urgencia se hiciera cargo del asunto.

Juanita y María Clara Ramírez González son las principales accionistas de una empresa llamada Gestiones Financieras y son socias de Móviles Financieros, Global Datos Nacionales y Factoring Gestiones Financieras, empresa que crearon hace menos de cuatro años para, se supone, cumplir con las reglas de juego en el negocio de factoring que ofrecían a través de Gestiones Financieras o Móviles Financieros y que respaldaban con Global Datos. Es decir, todo un embrollo empresarial para mover dinero. Para los clientes, lo único claro era que su inversión representaba un rendimiento fijo más alto que si la plata estuviera en un banco.

En apariencia, era un negocio lucrativo para todos los involucrados. Si un inversor entregaba $100, podía recibir en 90 días $120. Así de alta era la rentabilidad prometida, del 20 % en muy corto plazo. Para lograrlo ellas hacían varias transacciones, como comprar créditos de libranza, respaldar créditos de taxis o asesorar a los inversionistas para que el dinero terminara en alguna empresa. El problema es que los inversores no sabían en qué empresas, y hacia 2014, cuando Gestiones Financieras dejó de pagarles rendimientos, empezaron a preguntar. Y cuando las respuestas empezaron a llegar, también las sorpresas.

La Supersociedades halló, por ejemplo, que Gestiones Financieras ofrecía en su portafolio títulos valor de Farma Cien, una empresa que no renueva su matrícula mercantil desde 1999 y que dejó de funcionar en 2002. Lo mismo pasó con Laboratorios Tecfar, del cual Gestiones Financieras ofrecía títulos valor a sus inversores en 2015, a pesar de que no renueva su matrícula desde 2004 y está en liquidación desde 2011. Si los rendimientos que les entregaban a los clientes no podían provenir de esas empresas, porque ya no estaban funcionando, ¿de dónde estaba saliendo el dinero?

Por estas y otras anomalías, la Supersociedades ordenó en una resolución del pasado 15 de diciembre que las cuatro empresas en las que las hermanas Ramírez González figuraban como socias suspendieran inmediatamente “las operaciones de captación no autorizadas de dineros del público”. Los hallazgos de esa entidad, sin embargo, no son el único material con que cuenta la Fiscalía para esta imputación de cargos. También lo es un reporte reservado de la Superintendencia Financiera, de 114 páginas, enviado a la Fiscalía una semana después de que la Supersociedades emitiera su resolución.

Ese documento, conocido por este diario, fue remitido específicamente al director nacional de Seccionales y de Seguridad Ciudadana de la Fiscalía, Luis González. Se trata del informe de inspección que se hizo en Gestiones Financieras, elaborado en noviembre de 2015. Allí se empezaron a detectar irregularidades, como que cuando la empresa firmaba con los clientes contratos de asesoría para indicarles dónde invertir, a ellos “no les informó el destino de la inversión ni conoc(ían) los títulos o documentos que la respalda”. Tampoco les daban opciones donde invertir, sólo procedían con el dinero de la gente.

Al final de la inspección, para la Superfinanciera quedó claro que esa empresa llevaba una operación administrativa, financiera y contable “de forma aislada, sin evidenciar orden ni control y las operaciones tienen soportes parciales”. A pesar de la experiencia que ostentaban ante el público, sus registros contables eran “precarios” y, lo más grave de todo: “Se notó poco interés en aclarar y documentar los hechos concretos por los que se indagaba”. En ese momento, la Superfinanciera señaló que no tenía elementos de juicio para decir que lo que Gestiones Financieras hacía era captación ilegal.

No obstante, tras la resolución de la Supersociedades, ese informe de inspección adquirió un valor distinto. En especial, porque en él se recogen las quejas y declaraciones juramentadas que presentaron varios inversores de Gestiones Financieras ante la Superfinanciera a lo largo de 2015. La representante legal de una empresa llamada Vimpala, por ejemplo, contó que había invertido unos $350 millones que, en principio, generaron ganancias cada 90 días. Pero hacia 2013 los rendimientos dejaron de llegar a su cuenta, luego las hermanas Ramírez González dejaron de pasarle al teléfono y al final el mensaje fue “que el riesgo de pérdida de la inversión era del inversionista”, sin más explicaciones.

Otra de las personas que denunció a la empresa de las hermanas Juanita y María Clara Ramírez González en la Superfinanciera, un hombre que invirtió a título personal, con su empresa familiar y con su esposa, contó: “En la última reunión la señora María Clara, representante legal de Gestiones Financieras, manifestó que hay un ‘hueco’ de $135 mil millones por concepto de inversiones de empresas que están quebradas hace varios años (…) Las otras empresas en las que GF dice haber invertido mi dinero no se encuentran en operación, como Tecfar, Petroleum, Meg, Farma Cien”.

En ese documento aparece también un testimonio que será fundamental para esta investigación: el de un antiguo empleado de Interbolsa que explicó que desde 2001, Rafael Saravia Pinilla, quien hacía parte de la junta directiva de Interbolsa, gestionaba inversiones para Gestiones Financieras. “El señor Saravia recogió recursos de varios empleados de Interbolsa para ser invertidos en Gestiones Financieras durante el período 2001 hasta el año 2012, que fue la intervención de Interbolsa”. Las operaciones se hicieron sin documentos de respaldo, “basadas en la relación de confianza con el señor Saravia”.

La aparición de Saravia en el mapa no es gratuita. Como las autoridades ya detectaron, él es el único accionista de Inversiones Saravia y Cía. (Isaher), que a su vez es accionista de Global Datos y Móviles Financieros, dos de las empresas en las que también son socias Juanita y María Clara Ramírez González, a las cuales la Supersociedades les ordenó dejar de captar dinero del público. Y encima, a los inversionistas se les ofrecieron títulos que suscribía Isaher. “Esta operación presenta cierta atipicidad”, señaló en su reporte la Superintendencia Financiera.

En 2016, ante la Superintendencia de Sociedades, se radicaron al menos 46 quejas contra Gestiones Financieras. Todavía no es claro cómo van a cumplir estas cuatro compañías las obligaciones con sus clientes ni se sabe de cuánto es el daño, pero esas quejas ya suman deudas por casi $7.000 millones y el número sigue subiendo. “Se trata de una historia ya repetida en nuestro medio, pero no por eso menos importante. Nos encontramos frente a un nuevo caso de defraudación, donde han llegado algunos ciudadanos atraídos por falsas promesas y han colocado su dinero con la esperanza de un rendimiento favorable”, reclama Arturo Henao, abogado de varios inversores de Gestiones Financieras que hoy exigen su dinero.

Este miércoles 1° de marzo, a las 8 de la mañana, las hermanas Juanita y María Clara Ramírez González tendrán una cita programada en los juzgados de Paloquemao, en Bogotá. Es la tercera vez que la Fiscalía las convoca para imputarles los cargos de falsedad en documento, estafa y captación ilegal, y si no se presentan, van a declararlas personas ausentes y la Fiscalía arrancará una investigación formal en su contra. No le queda de otra al organismo investigativo: tanto la Superintendencia Financiera como la de Sociedades le pidieron que con urgencia se hiciera cargo del asunto.

Juanita y María Clara Ramírez González son las principales accionistas de una empresa llamada Gestiones Financieras y son socias de Móviles Financieros, Global Datos Nacionales y Factoring Gestiones Financieras, empresa que crearon hace menos de cuatro años para, se supone, cumplir con las reglas de juego en el negocio de factoring que ofrecían a través de Gestiones Financieras o Móviles Financieros y que respaldaban con Global Datos. Es decir, todo un embrollo empresarial para mover dinero. Para los clientes, lo único claro era que su inversión representaba un rendimiento fijo más alto que si la plata estuviera en un banco.

En apariencia, era un negocio lucrativo para todos los involucrados. Si un inversor entregaba $100, podía recibir en 90 días $120. Así de alta era la rentabilidad prometida, del 20 % en muy corto plazo. Para lograrlo ellas hacían varias transacciones, como comprar créditos de libranza, respaldar créditos de taxis o asesorar a los inversionistas para que el dinero terminara en alguna empresa. El problema es que los inversores no sabían en qué empresas, y hacia 2014, cuando Gestiones Financieras dejó de pagarles rendimientos, empezaron a preguntar. Y cuando las respuestas empezaron a llegar, también las sorpresas.

La Supersociedades halló, por ejemplo, que Gestiones Financieras ofrecía en su portafolio títulos valor de Farma Cien, una empresa que no renueva su matrícula mercantil desde 1999 y que dejó de funcionar en 2002. Lo mismo pasó con Laboratorios Tecfar, del cual Gestiones Financieras ofrecía títulos valor a sus inversores en 2015, a pesar de que no renueva su matrícula desde 2004 y está en liquidación desde 2011. Si los rendimientos que les entregaban a los clientes no podían provenir de esas empresas, porque ya no estaban funcionando, ¿de dónde estaba saliendo el dinero?

Por estas y otras anomalías, la Supersociedades ordenó en una resolución del pasado 15 de diciembre que las cuatro empresas en las que las hermanas Ramírez González figuraban como socias suspendieran inmediatamente “las operaciones de captación no autorizadas de dineros del público”. Los hallazgos de esa entidad, sin embargo, no son el único material con que cuenta la Fiscalía para esta imputación de cargos. También lo es un reporte reservado de la Superintendencia Financiera, de 114 páginas, enviado a la Fiscalía una semana después de que la Supersociedades emitiera su resolución.

Ese documento, conocido por este diario, fue remitido específicamente al director nacional de Seccionales y de Seguridad Ciudadana de la Fiscalía, Luis González. Se trata del informe de inspección que se hizo en Gestiones Financieras, elaborado en noviembre de 2015. Allí se empezaron a detectar irregularidades, como que cuando la empresa firmaba con los clientes contratos de asesoría para indicarles dónde invertir, a ellos “no les informó el destino de la inversión ni conoc(ían) los títulos o documentos que la respalda”. Tampoco les daban opciones donde invertir, sólo procedían con el dinero de la gente.

Al final de la inspección, para la Superfinanciera quedó claro que esa empresa llevaba una operación administrativa, financiera y contable “de forma aislada, sin evidenciar orden ni control y las operaciones tienen soportes parciales”. A pesar de la experiencia que ostentaban ante el público, sus registros contables eran “precarios” y, lo más grave de todo: “Se notó poco interés en aclarar y documentar los hechos concretos por los que se indagaba”. En ese momento, la Superfinanciera señaló que no tenía elementos de juicio para decir que lo que Gestiones Financieras hacía era captación ilegal.

No obstante, tras la resolución de la Supersociedades, ese informe de inspección adquirió un valor distinto. En especial, porque en él se recogen las quejas y declaraciones juramentadas que presentaron varios inversores de Gestiones Financieras ante la Superfinanciera a lo largo de 2015. La representante legal de una empresa llamada Vimpala, por ejemplo, contó que había invertido unos $350 millones que, en principio, generaron ganancias cada 90 días. Pero hacia 2013 los rendimientos dejaron de llegar a su cuenta, luego las hermanas Ramírez González dejaron de pasarle al teléfono y al final el mensaje fue “que el riesgo de pérdida de la inversión era del inversionista”, sin más explicaciones.

Otra de las personas que denunció a la empresa de las hermanas Juanita y María Clara Ramírez González en la Superfinanciera, un hombre que invirtió a título personal, con su empresa familiar y con su esposa, contó: “En la última reunión la señora María Clara, representante legal de Gestiones Financieras, manifestó que hay un ‘hueco’ de $135 mil millones por concepto de inversiones de empresas que están quebradas hace varios años (…) Las otras empresas en las que GF dice haber invertido mi dinero no se encuentran en operación, como Tecfar, Petroleum, Meg, Farma Cien”.

En ese documento aparece también un testimonio que será fundamental para esta investigación: el de un antiguo empleado de Interbolsa que explicó que desde 2001, Rafael Saravia Pinilla, quien hacía parte de la junta directiva de Interbolsa, gestionaba inversiones para Gestiones Financieras. “El señor Saravia recogió recursos de varios empleados de Interbolsa para ser invertidos en Gestiones Financieras durante el período 2001 hasta el año 2012, que fue la intervención de Interbolsa”. Las operaciones se hicieron sin documentos de respaldo, “basadas en la relación de confianza con el señor Saravia”.

La aparición de Saravia en el mapa no es gratuita. Como las autoridades ya detectaron, él es el único accionista de Inversiones Saravia y Cía. (Isaher), que a su vez es accionista de Global Datos y Móviles Financieros, dos de las empresas en las que también son socias Juanita y María Clara Ramírez González, a las cuales la Supersociedades les ordenó dejar de captar dinero del público. Y encima, a los inversionistas se les ofrecieron títulos que suscribía Isaher. “Esta operación presenta cierta atipicidad”, señaló en su reporte la Superintendencia Financiera.

En 2016, ante la Superintendencia de Sociedades, se radicaron al menos 46 quejas contra Gestiones Financieras. Todavía no es claro cómo van a cumplir estas cuatro compañías las obligaciones con sus clientes ni se sabe de cuánto es el daño, pero esas quejas ya suman deudas por casi $7.000 millones y el número sigue subiendo. “Se trata de una historia ya repetida en nuestro medio, pero no por eso menos importante. Nos encontramos frente a un nuevo caso de defraudación, donde han llegado algunos ciudadanos atraídos por falsas promesas y han colocado su dinero con la esperanza de un rendimiento favorable”, reclama Arturo Henao, abogado de varios inversores de Gestiones Financieras que hoy exigen su dinero.