El documento con el que imputaron a militares por falsos positivos en el Caribe

La JEP imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 15 miembros del Ejército Nacional.

Foto: El Espectador

Este jueves 15 de julio de 2021, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le imputó cargos a 15 militares que hicieron parte del batallón la Popa, en Valledupar (Cesar) por 120 asesinatos y 126 desapariciones forzadas que, a través de artimañas, habrían sido presentados como bajas en esta unidad militar entre 2002 y 2005. Entre los procesados por esta justicia nacida del Acuerdo de Paz. Entre ellos, al coronel (r) Publio Hernán Mejía, comandante del batallón La Popa, con sede en Valledupar, entre 2002 y 2003, y su sucesor, el coronel (r) Juan Carlos Figueroa.

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El Espectador reveló el pasado miércoles la imputación que hizo la JEP en el que da cuenta del rol que habrían tenido los antiguos miembros de esta unidad militar. Se trata de la segunda imputación de la JEP en el macrocaso 03, que investiga los falsos positivos (la primera se conoció la semana pasada y trató sobre casos de Catatumbo). En esta ocasión, la JEP se concentró en La Popa, teniendo en cuenta que el Cesar es el tercer departamento con más falsos positivos en una de las unidades militares más grandes de todo el país.

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El extenso documento señala que el batallón de la Popa, bajo la comandancia del coronel (r) Mejía se alió con grupos paramilitares para asesinar a personas señaladas de ser auxiliadoras de la guerrilla o “bandidos”. “La verdad, la doctrina que nos infundían era que todo lo que fuera guerrilla había que darlos de baja, como quien dice, no importa la forma”, le relató uno de los militares implicados en estos crímenes a la JEP. La alianza, asegura el documento, se pactó directamente entre Mejía y David Hernández, alias 39, exmilitar y jefe del frente Mártires del Cacique del Valle de Upa de las Autodefensas.

Como contó este diario, La JEP clasificó las muertes en cuatro grandes modalidades: en la primera, las víctimas eran entregadas por las Auc a miembros del batallón. Algunas víctimas llegaron asesinadas y a otras las mataron los militares. En el segundo grupo, por lo general, paramilitares acusaban a las víctimas de auxiliar a la guerrilla y eran asesinadas. La tercera modalidad consistía en que los militares asesinaban a personas señaladas por la comunidad de haber cometido algún delito menor, como hurto, y las presentaban como bajas. Y, por último, miembros de La Popa asesinaron a guerrilleros heridos que requerían atención médica o que se habían rendido.

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