:format(jpeg)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elespectador/AAY7AZIJ4VGFNN34LURUCHBLME.jpg)
“El 90 % de toda la cocaína en Estados Unidos proviene de Colombia”, aseguró el jueves pasado la directora de la DEA, Anne Milgram, desde Nueva York. Lo dijo rodeada de los pesos pesados, como ella, de la justicia de ese país, en una declaración después de la extradición de Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel. Añadió que el Clan del Golfo, dirigido por Otoniel, “es el cartel de drogas más grande que opera en Colombia”, pero reconoció que, aun habiendo capturado a su máximo líder, su trabajo debe continuar para hablar de un desmantelamiento de la organización. Mientras tanto, en diversas regiones se comienzan a sentir coletazos del envío del capo a ese país de Norteamérica.
La captura de Otoniel, en octubre de 2021, fue presentada como el comienzo del fin de la organización criminal que comandaba. “Con este golpe se marca el final del Clan del Golfo”, fueron las palabras del presidente Iván Duque. Pero siete meses más tarde, ese mismo grupo armado está en capacidad de imponer un paro armado en al menos seis departamentos del país”, comentó Juan Pappier, investigador de la ONG Human Rights Watch. Y explicó: “Esta es una demostración de que el Gobierno colombiano tiene una política de seguridad que parte de un diagnóstico errado: creer que basta con capturar a los cabecillas para desmantelar a estos grupos armados”.