“Mi mamá se murió de cáncer de útero. Pero, en realidad, se murió de tristeza. Del dolor de no saber en 24 años qué fue lo que sucedió con su hija, mi hermana, Luz Mary Portela León”. La joven, que tenía 25 años de edad el día en que el M-19 asaltó el Palacio de Justicia, la Fuerza Pública lo recuperó y al menos un centenar de personas fallecieron en medio del fuego cruzado o la conflagración, se encontraba reemplazando a su madre, Rosalbina León, quien estaba incapacitada. Trabajaba en la cocina de la cafetería del Palacio. El 5 de noviembre, en la noche, doña Rosalbina le expresó a su hija que se sentía mejor, pero ésta le respondió: ‘Madre, tómate un día más para descansar y el 7 te reintegras’. Las cartas, sin embargo, estaban echadas.
Édison Cárdenas León, el menor de los hermanos de Luz Mary, cuenta su historia con pausa. Sus ojos verdes no delatan la pena que ha embargado a su familia por casi cinco lustros. Doña Rosalbina León falleció el 12 de enero de 2009, con 69 años de edad, pero nunca se involucró de lleno en la búsqueda de los desaparecidos ni permitió que sus hijos hicieran lo propio. “Ella era pasiva por el miedo —dice Édison—, siempre se mostró renuente a mantenernos al tanto del proceso”. Pero hace 14 años, doña Rosalbina cambió de opinión, de actitud y Édison se unió a las reuniones mensuales que las víctimas sostenían con el abogado Eduardo Umaña Mendoza. “En mi casa los desaparecidos nunca fueron un tema de discusión hasta ese momento. Tal vez mi mamá empezó a sentir que le ganaba la edad y que alguien debía prolongar la lucha”.
Édison Cárdenas León, así como muchas de las personas que comparten su tragedia, admite que sintió alegría al conocer la decisión en que la jueza tercera penal especializada de Bogotá, María Stella Jara, sentenció a 30 años de prisión al coronel en retiro Luis Alfonso Plazas Vega por su responsabilidad en la desaparición de 11 personas que, según documentó la justicia, salieron con vida del Palacio de Justicia luego de la toma del M-19. La determinación, por supuesto, no recibió la misma respuesta en otros sectores y encendió una polémica en la que se ventilaron comentarios mayúsculos. Como el del ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio: “Hay que revisar muy bien los hechos concomitantes en lo de Palacio, mirar realmente qué fue lo que pasó, establecer realmente si efectivamente hubo o no hubo desaparecidos”.
La suspicacia ofendió a los familiares. Trajeron a colación el documento de la Comisión de la Verdad del Palacio de Justicia —elaborado por tres ex presidentes de la Corte Suprema y divulgado en diciembre de 2009—, en el que se consignó que “no existe duda alguna de que, en el marco de los hechos del Palacio de Justicia, empleados de la cafetería y algunos visitantes ocasionales fueron víctimas de desaparición forzada”. O la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que condenó a la Nación el 15 de julio de 1993 por la desprotección de seguridad de Cristina del Pilar Guarín, y anotó que Gloria Anzola de Lanao “se tuvo como desaparecida de la cafetería junto con sus compañeros, pues todos sufrieron la misma suerte”. “Es increíble que después de tantas pruebas todavía se dude de nuestros desaparecidos”, apunta Alejandra Rodríguez Cabrera.
Tiene 24 años de edad. Estudia Derecho en la Universidad Nacional y después de 35 días de haber llegado al mundo, su padre Carlos Augusto Rodríguez Vera, administrador de la cafetería, salió de casa a cumplir con su trabajo habitual y nunca regresó. El padre de su padre y ex juez de la República, Enrique Rodríguez Hernández, inició junto con Umaña Mendoza y el padre de Cristina, José María Guarín, la búsqueda de los desaparecidos cuando ninguna autoridad siquiera admitía que este era otro de los funestos legados del Holocausto.
A don Enrique lo acosaron, hasta el punto que hombres sin identificar irrumpieron en su oficina y le robaron documentos de identificación de su hijo. Hoy, con 90 años de edad y quebrantos de salud propios de la vejez, no tiene cómo seguir respaldando la que fue la causa de su vida.
Alejandra cuenta que su madre, Cecilia Cabrera, nunca quiso sumergirse en las averiguaciones por temor a ser perseguida. Cecilia, quien laboraba codo a codo con su esposo, estaba en licencia de maternidad y la reemplazaba en su cargo Cristina del Pilar Guarín, quien tenía 26 años de edad y recién se había graduado como licenciada en educación. El hermano de ésta, René, salió del país en 2009 para Europa tras recibir sufragios en los que se amenazaba la integridad de sus dos niños. René afirma que la sentencia en contra del coronel (r) Plazas Vega no vulnera el espíritu de las Fuerzas Militares, en cambio “es un hito del sistema judicial colombiano contra la impunidad”. Pero, dice, “no responde a la pregunta inicial: ¿dónde están los desaparecidos?”.
Héctor Jaime Beltrán, padre de Héctor Jaime Beltrán Fuentes, reclama haber sido objeto de lo que llaman terrorismo telefónico. “Me llamaban a la casa, me ‘madreaban’, me decían que iban a ir por mis hijos al colegio o me gritaban ‘deje de joder, viejo hijueputa’”. Su hijo tenía 28 años y cuatro hijas de 2, 3, 4 y 5 años de edad el día que el M-19 emboscó la máxima sede de la justicia, donde era mesero mientras conseguía un trabajo estable como técnico en refrigeración comercial, lo que había estudiado.
La madre de Héctor Jaime, Clara Isabel Fuentes, es alérgica a apariciones públicas. “Ella vive encerrada en su dolor”, lamenta su marido, al tiempo que defiende su derecho a reclamar por conocer el paradero de su primogénito. “Me interesa es que aparezcan sus restos. Así sea un dedo”.
El desaparecido Héctor Jaime y su esposa, Pilar Navarrete, cumplían algo más de cinco años de matrimonio el día del desventurado asalto del M-19. A ella, quien se puso a trabajar en restaurantes y recibió ayuda económica de sus tías para sacar a sus niñas adelante, le dijeron una y mil veces que su marido estaría bien, que él “sólo era de la cafetería”. Bajo juramento, el antiguo soldado Édgar Villamizar dijo haber escuchado en la Escuela de Caballería —la misma que comandaba Plazas Vega para la época de los hechos— a un hombre que rogaba que no lo mataran, que él sólo era de la cafetería. Este testigo, amenazado en el camino, fue altamente valorado por la jueza Jara, quien a su vez acaba de recibir medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Juan Francisco Lanao Anzola, hijo de la litigante Gloria Anzola, vivió la mayoría de su vida en Ecuador, alejado de estos asuntos. Gloria estaba en el Palacio el día de la tragedia porque había ido a hablar con su hermana Aída, quien trabajaba en el Consejo de Estado. El floricultor Francisco Lanao y Aída, cuando del edificio sólo quedaron escombros, ingresaron linterna en mano y registraron piedra por piedra. Francisco, Aída, doña Viviana Mora de Anzola y otros familiares fueron intimidados mediante llamadas. “Les decían que si no dejaban eso yo iba a correr peligro, que sabían dónde vivíamos, qué sitios frecuentábamos”, recuerda el joven administrador, a quien su madre acababa de dejar en la guardería cuando estallaron las balas. Lo único que quedó de ella fue su automóvil, en el que quedó intacta la silla en la que transportaban al pequeño.
Ofuscado al conocer el resultado del juicio a Plazas Vega, el presidente Álvaro Uribe, el ministro de Defensa Gabriel Silva Luján y la cúpula militar expresaron sentimientos de dolor y tristeza por la condena a un soldado de la patria. A lo largo de la semana, el Jefe de Estado indicó que el Holocausto del Palacio de Justicia fue producto de una “alianza perversa entre el narcotráfico y una de las guerrillas de la época”, que la sentencia contra Plazas Vega generaba dolor y desestímulo entre los uniformados y que valdría la pena “pensar en una legislación que rodee de garantías a las Fuerzas Armadas”. Una vez más, como lo ha hecho a lo largo de sus mandatos, arremetió contra el M-19 y culpó al grupo subversivo de los ominosos hechos que tuvieron lugar ese 6 y 7 de noviembre de 1985.
“Eso es lo que yo no entiendo. El Presidente también es víctima de la violencia y él también está empecinado en conseguir justicia, ¿no? Pues igual nosotros. Pero salió a atacar el fallo, a la jueza, a nosotros, en vez de tenernos en cuenta… Ojalá nos entienda. Ojalá se pueda poner en nuestro lugar”, manifiesta Martha Amparo, hermana de Norma Constanza Esguerra Forero, abogada de 27 años de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y proveedora de la pastelería del Palacio. Su madre, doña Elvira Forero, fue a buscar a su hija en todas las guarniciones de Bogotá. En el Cantón Norte, un uniformado le dijo: ‘Aquí están’. Ella y su esposo dieron con el entonces teniente coronel Edilberto Sánchez Rubiano. El ex oficial, hoy en juicio por los desaparecidos, negó tener información del paradero de Norma Constanza o haberla visto alguna vez.
En estos 25 años, los familiares de los desaparecidos y la justicia, encaminada a establecer qué fue de esas personas, han seguido un camino tortuoso y malhadado. La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes absolvió al presidente Belisario Betancur; la justicia penal militar absolvió al general (r) Jesús Armando Arias Cabrales (comandante de la Brigada XIII del Ejército en esa época) y al coronel (r) Edilberto Sánchez Rubiano, ambos hoy en juicio por los desaparecidos; las actuaciones de la Policía se archivaron en la Corte Suprema; disciplinariamente Arias Cabrales fue el único de los militares sancionados, pero un fallo del Consejo de Estado reversó la decisión; y 38 integrantes del M-19 esquivaron un juicio por una amnistía otorgada al grupo guerrillero.
Hace dos días el presidente Uribe intentó ahogar la fogata que él mismo inició al criticar que fueran los militares y no los miembros del M-19 los encausados por el Holocausto, manifestando: “El proceso de paz con el M-19 fue un paso muy importante para Colombia. Ese proceso lo tenemos que proteger”. Había trascendido ya que Uribe, como senador de la República, leyó en la plenaria del 20 de mayo de 1992 la propuesta —luego aprobada— de designar una comisión “para tramitar con celeridad un instrumento jurídico que haga claridad en el sentido de que la amnistía y el indulto aplicados al proceso de paz (con el M-19), incluyen aquellos delitos tipificados en el Holocausto de la Corte, a fin de que no subsistan dudas sobre el perdón total a favor de quienes se han reintegrado a la vida constitucional”.
El dolor manifestado en reiteradas ocasiones por miembros del Ejecutivo por la sentencia contra Plazas contrastó con un comunicado que, hace dos días también, difundió Navi Pillay, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Pillay no sólo reconoció la lucha del Poder Judicial colombiano contra la impunidad, sino que instó al Gobierno a acatar y respetar el fallo y, de paso, a adoptar medidas de seguridad para la jueza Jara. Su concepto sobre este enmarañado asunto, además, fue lapidario: “En ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales, como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública como justificación de la desaparición forzada”. Lo mismo piensan los familiares de esa oncena de desaparecidos que hace 24 años, siete meses y seis días dejó el Holocausto del Palacio de Justicia.
Los magistrados inmolados
Como resultado de la toma del M-19 al Palacio de Justicia y de la operación militar con que se recuperó, 11 magistrados de la Corte Suprema de Justicia fallecieron entre las balas y el incendio. Con las muertes de Alfonso Reyes Echandía (presidente del alto tribunal), Manuel Gaona Cruz, Luis Horacio Montoya Gil, Ricardo Medina Moyano, José Eduardo Gnecco Correa, Carlos Medellín Forero, Darío Velásquez Gaviria, Alfonso Patiño Rosselli, Fabio Calderón, Pedro Elías Serrano Abadía y Fanny González Franco, un oscuro antecedente de violencia quedó registrado en la historia nacional.
El Tribunal Especial que conformó la Casa de Nariño para establecer lo que había ocurrido el 6 y 7 de noviembre de 1985 calificó de inconveniente que el presidente Belisario Betancur —quien salió bien librado de todos los cargos— no hubiese atendido la llamada que, en medio del enfrentamiento, le hizo Reyes Echandía, quien quería solicitarle un cese del fuego.
El abogado de las víctimas
El abogado y defensor de Derechos Humanos José Eduardo Umaña Mendoza asumió la representación de las víctimas del Palacio de Justicia desde antes de que se comenzara a hablar oficialmente de desaparecidos. Fue por su insistente gestión que, en febrero de 1998, la Fiscalía ordenó la exhumación de una gigantesca fosa común en el Cementerio del Sur de Bogotá, donde aparecieron los restos de la empleada de la cafetería Ana Rosa Castiblanco. Entonces, el número de desaparecidos pasó de 12 a 11. Su trabajo también se reflejó en que, en el año 2000, se tipificara el delito de desaparición forzada en el Código Penal colombiano.
Umaña Mendoza fue asesinado el 18 de abril de 1998 por sicarios que irrumpieron en su oficina. Las amenazas en su contra se habían intensificado meses antes de su muerte, pero Umaña siempre se rehusó a recibir protección estatal o a partir exiliado. A la fecha, el homicidio permanece impune.
Por Redacción Judicial
