26 Jul 2021 - 2:00 a. m.

El empantanado caso de Bernardo Jaramillo Ossa en la Fiscalía y la JEP

Además de que el caso se quedó sin fiscal en la justicia ordinaria, la JEP aún no determina si podrá tener uno de los testimonios claves en el expediente: el de un ex alto miembro del DAS que conocería detalles del asesinato del candidato presidencial de la Unión Patriótica (UP).

La Sección de Revisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tiene en sus manos una decisión clave para el caso 006 de esa justicia relacionado con el exterminio del partido político Unión Patriótica (UP): dar luz verde o no a la versión voluntaria de Manuel Antonio González Henríquez, quien fuera el jefe de la división de protección del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) cuando fueron asesinados varios líderes del partido político, entre ellos Bernardo Jaramillo Ossa (marzo de 1990), Jaime Pardo Leal (octubre de 1987) y José Antequera (marzo de 1989).

El Espectador conoció que la Sala de Reconocimiento de Verdad planteó una colisión de competencias frente a una decisión tomada por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) sobre el sometimiento voluntario del antiguo alto funcionario del DAS, organismo de inteligencia que estaba adscrito a la Presidencia y desapareció en 2011. La historia es así: en febrero de 2019, González solicitó acogerse a la JEP en calidad de teniente retirado de la Policía; sin embargo, tras ser aceptado, presentó una solicitud de desistimiento, en junio de 2020; es decir, que su solicitud de ingreso a la justicia especial no fuera tenida en cuenta.

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En ese momento, el ex-DAS argumentó que se había presentado a la JEP porque los hechos por los que estaba siendo investigado en la justicia ordinaria y por los que resultó condenado en primera instancia y absuelto en segunda, “como lo fue el magnicidio de Luis Carlos Galán (agosto de 1989), tenían relación con el conflicto armado. Al paso de considerar que, según el dicho de González Henríquez, “ante esta Jurisdicción tendría mejores garantías para demostrar su inocencia, pues considera que había sido vinculado a tal investigación penal con la intención de desviar la atención de los verdaderos responsables del crimen por el que se le investigaba”, reseñó la Sala de Reconocimiento.

Sin embargo, terminó desistiendo luego de que la JEP rechazara a Miguel Maza Márquez, exdirector del DAS, y al exsenador Alberto Santofimio Botero, condenados en la justicia ordinaria por el magnicidio del candidato presidencial Galán. En su momento, la justicia especial señaló que el crimen no tenía relación alguna con el conflicto armado. De tal manera que, para González, no tenía sentido seguir ese trámite y hoy está en la misma situación que Maza (quien fue su jefe directo cuando fueron asesinados Ossa, Pardo y Antequera): esperando que la Corte Suprema de Justicia dicte, en casación, el que podría ser el veredicto final sobre su rol en el asesinato de Luis Carlos Galán.

En enero de 2021, la magistrada Claudia Rocío Saldaña, de la SDSJ, aceptó el desistimiento de González. Asimismo, ordenó que fueran archivadas definitivamente las actuaciones en su contra. El lío es que, en diciembre de 2020, la Sala de Reconocimiento había llamado a versión voluntaria a González por “los aportes que pueda realizar acerca del funcionamiento del DAS a finales de la década de los 80, los nexos del DAS y sus miembros con organizaciones armadas ilegales, como los grupos paramilitares de la época dirigidos por Henry de Jesús Pérez y el grupo dirigido por el narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha”.

Según las investigaciones de la Fiscalía, los asesinatos de Bernardo Jaramillo, Carlos Pizarro, Pardo Leal y Antequera fueron organizados en la terraza del emblemático hotel Nutibara, en el centro de Medellín. Allí, al parecer, personas influyentes del ámbito nacional (militares, empresarios, políticos) asistieron a la planeación de los crímenes, que luego fueron ejecutados por paramilitares en coordinación con agentes estatales. Para la Sala de Reconocimiento, “González se desempeñó como alto directivo del DAS en los años en que tuvieron lugar crímenes contra altas personalidades de la UP que tenían esquemas de protección del DAS y en cuyos crímenes se ha comprobado o se investiga la participación de altos miembros de dicha institución”.

Es decir, aunque la SDSJ aceptó que González Hernández no comparezca, los magistrados de la Sala de Reconocimiento se opusieron a la decisión y ahora le corresponde definir el asunto a la Sección de Revisión, instancia superior de la JEP. La versión voluntaria del ex-DAS estaba citada para el pasado 13 de abril, pero quedó suspendida por la colisión y aún no hay un pronunciamiento. Fuentes cercanas al caso señalan que también se pospuso la declaración de Maza Márquez, aunque aún no se sabe por qué. El Espectador preguntó en la oficina de prensa de la JEP por el asunto, pero no recibió respuesta.

Un expediente sin fiscal

Como ha contado este diario, Mauricio Ponce —fiscal del caso de Jaramillo Ossa— fue removido del caso el pasado 5 de mayo de 2021, así como del expediente de Carlos Pizarro, que también estaba en su despacho. La Corporación Reiniciar, que representa a víctimas del exterminio de la UP, le envió una carta al fiscal Francisco Barbosa pidiendo que Ponce retome la investigación, pues recientemente fue trasladado a Chocó. En el documento, conocido por este diario, le pidieron que explicara el cambio.

“Esa decisión, señor fiscal general, no es comprensible a la luz del compromiso que el Estado colombiano ha manifestado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a la superación de la impunidad del caso Unión Patriótica, del cual el crimen del candidato Jaramillo Ossa es uno de los más dolorosos y representativos. No quisiéramos interpretar que su decisión responde a un interés de paralizar el curso de las indagaciones, tal como ha sucedido con la desarticulación de la Dirección Nacional de Análisis y Contextos (DINAC) bajo el mandato del fiscal general Néstor Humberto Martínez”, se lee en la misiva enviada por los abogados de Reiniciar.

El 7 de julio, la delegada de Seguridad Ciudadana de la Fiscalía respondió que Ponce aún tenía asignado el caso. La organización envió otra carta el 16 de julio en la que preguntó “si el expediente por el magnicidio de Jaramillo Ossa será trasladado al Chocó, para que Ponce pueda continuar investigando. Qué medidas y garantías especiales adoptará el fiscal Barbosa para que Ponce pueda conducir la investigación desde Quibdó (...) y qué medidas fueron adoptadas para proteger la integridad del expediente”. Hasta ahora no han recibido respuesta. Así, 31 años después, la justicia sigue dando vueltas sin poder responder quién mató a Bernardo Jaramillo.

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