La Fiscalía General recurrió a los testimonios de 22 exguerrilleras de las Farc, el Ejército Revolucionario Guevarista (Erg) y el Eln para llevar a juicio a Héctor Albeidis Arboleda, comúnmente conocido como el Enfermero de las Farc. Las declaraciones brindadas por las excombatientes relatan cómo Arboleda habría realizado entre 1997 y 2004 varios abortos a la fuerza y que ellas fueron sometidas a “terribles sufrimientos físicos y psicológicos”. La Fiscalía aseguró que los abortos se hicieron con el permiso de líderes guerrilleros y que, por ende, también serán investigados por violencia sexual y reclutamiento forzado.
El escrito de acusación de 167 páginas, conocido por El Espectador, señala que los abortos realizados por el Enfermero, que se habrían hecho en Chocó, Antioquia, Risaralda, Caldas y Valle del Cauca, también los sufrieron menores de edad, bajo circunstancias insalubres y sin ningún tipo de preparación “formal”. La Fiscalía 50 Especializada de Derechos Humanos fue enfática en señalar que las exguerrilleras eran tratadas como objetos para la guerra y que, además, se les negó su dignidad. Los abortos forzados son “una afrenta a la conciencia de la humanidad”, subrayó la fiscal del caso. Los delitos endilgados a Arboleda (homicidio, aborto forzado, tortura, tentativa de homicidio en persona protegida y concierto para delinquir) también fueron declarados por el ente investigador como de lesa humanidad, pues se trató de una práctica sistemática aplicada a las mujeres de la guerrilla, y por esto no prescribirán.
Gracias a los testimonios, la Fiscalía pudo reconstruir las circunstancias arcaicas en que se interrumpían los embarazos: “En camillas construidas de forma rudimentaria, con palos y hojas, en cuartos de hotel, amarradas con plásticos de llantas, en el piso, sobre plásticos que cubrían hojas de helecho y pasto seco, sin siquiera limpiar la sangre que habían dejado las mujeres que ya habían abortado; sin utilización antes, durante y después de esta práctica, de medicamentos para prevenir infecciones, lo que en ocasiones llevó a que tuvieran que repetir el procedimiento, ya con infecciones en curso, pues las víctimas cuentan de enormes dolores y olores fétidos, de abortos incompletos, al punto que los productos de los embarazos eran expulsados en la selva”.
Una vieja práctica
Como contexto histórico sobre el aborto en las filas guerrilleras, el documento recoge las declaraciones en Justicia y Paz del excomandante del frente 47 de las Farc, Marco Fidel Giraldo, alias Garganta. El subversivo señaló que a partir de abril de 1993 quedó plasmado en las conclusiones de la Octava Conferencia la orden, en primera medida, que las guerrilleras planificaran por diferentes métodos y, en caso de quedar embarazadas, abortaran. Para 1996 ya había guerrilleras en varios frentes de las Farc con experiencia para colocar dispositivos anticonceptivos y que previamente habían sido capacitadas por médicos.
“Más específicamente, después de la Octava Conferencia, la orden del Secretariado era el aborto para las mujeres que quedaban en embarazo. Todas las embarazadas tenían la obligación de informar al mando inmediato y si en ese momento no había una mujer que hiciera el aborto, se le informaba al comandante de los frentes 9, 47 y Jacobo Arenas, que era alias Marcos. Esta persona daba la orden de enviar un médico para la práctica del aborto. Marcos fue muy duro con las guerrilleras porque hasta a mujeres con ocho meses de embarazo dio la orden de abortar”, señaló el líder guerrillero. Garganta recordó que, durante su paso por ese frente, a una guerrillera conocida con el alias de Maryori la obligaron a abortar un mes antes del parto. El bebé nació vivo y murió minutos después.
El escrito de acusación contra el Enfermero señala que muchas de las mujeres que habrían sido víctimas de abortos forzados pertenecían o pertenecen a grupos étnicos que gozan de protección por parte de la Constitución, como las comunidades indígenas y afrodescendientes. Para el ente investigador, entre los grupos indígenas, “dado el carácter sagrado que tiene el nacimiento de niños en los emberas chamíes, constituyen un daño histórico y afectaron a toda su comunidad (...) En similares términos, estas nefastas, inhumanas y traumáticas prácticas abortivas y de tortura a que fueron sometidas las mujeres afrodescendientes, diezmaron su visión de vida en comunidad y la garantía de su descendencia”, señaló el documento.
La Fiscalía también apuntó que las mujeres pertenecientes a comunidades indígenas “fueron engañadas” por miembros del Erg, las Farc o el Eln para conseguir su ingreso a dichos grupos. Además se aprovecharon de sus condiciones de “analfabetismo, miseria y las circunstancias de total abandono estatal en el Chocó, zona del país que habitan”. El ente investigador señaló que muchas indígenas ingresaron siendo menores de edad y fueron retenidas contra su voluntad y bajo amenazas de muerte. “Algunas fueron violadas (…), otras sometidas a trabajos forzados una vez se les realizaba el aborto, como sanción al embarazo”, relató una mujer indígena que hizo parte de la guerrilla.
El “Enfermero” se radica en España
Aunque en 2005 estuvo por dos semanas en España, fue a finales de marzo de 2013 que el Enfermero decidió radicarse en territorio español. Investigadores de la Fiscalía señalaron en ese momento que Arboleda contrajo matrimonio y se hizo ciudadano español. En octubre de 2015, las autoridades españolas lo capturaron en Madrid cuando conocieron que el gobierno colombiano lo requería por los presuntos abortos forzados que había practicado dentro de la guerrilla. A principios de marzo de este año, el gobierno español lo extraditó, a pesar de que el Enfermero dijo que el trámite no podía hacerse efectivo por su condición de ciudadano español y porque tiene una enfermedad degenerativa. Hoy se encuentra recluido en la cárcel La Picota de (Bogotá).
En varias oportunidades, alias Iván Márquez ha negado que el Enfermero tenga relación alguna con las Farc e incluso negó conocerlo. Por su parte, la vicefiscal general, María Paulina Riveros, aseguró que, por el momento, Arboleda Buitrago no ha sido reconocido como militante de algún grupo armado al margen de la ley y por ende el proceso en su contra seguirá en la justicia ordinaria. Sin embargo, desde que se conocieron estos pronunciamientos del ente investigador y del Secretariado de las Farc, ha comenzado a circular la teoría de que será el Tribunal de Paz el que defina si los delitos de Arboleda tienen relación con el conflicto y si él podrá acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz.
Por David Escobar Moreno
