El enredo de fin de año de Edgardo Maya

La Contraloría General de la República empezará 2015 con el pie izquierdo. Tras la decisión de negar la tutela que había presentado el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, con el fin de evitar el masivo desalojo de la sede principal del organismo de control en Bogotá, lo más probable es que los funcionarios de la entidad comiencen el año sin tener una oficina. Más grave aún, el Centro de Datos, que expide los certificados de antecedentes fiscales, dejaría de funcionar por dos meses. Un panorama poco favorable para el contralor Edgardo Maya, quien asumió su cargo el pasado mes de septiembre en medio de un galimatías jurídico.

El enredo comenzó a mediados de 2012, cuando la entonces contralora, Sandra Morelli, firmó el contrato de arrendamiento de las oficinas del centro comercial Gran Estación Fase II por un valor de $2.515 millones. Para la Fiscalía, la negociación fue irregular y, además, la construcción del edificio al parecer había servido para lavar activos. Todo terminó con un proceso contra Morelli y una engorrosa situación para el organismo de control.

Desde hace una semana los funcionarios de la Contraloría están empacando sus expedientes, archivos y documentos con la incertidumbre sobre cuál será su nueva sede. Las opciones del contralor Maya son pocas. Mientras la Fiscalía le negó toda posibilidad de negociar con la firma arrendataria, Proyectos y Desarrollo Uno S.A., advirtiendo que si prorrogaba el contrato o realizaba una compraventa del inmueble podría incurrir en alguna irregularidad por existir un presunto lavado de activos, el ministro de la Presidencia, Néstor Humberto Martínez, propuso un traslado temporal.

Las opciones fueron el edificio en el que funcionaba la Dirección Nacional de Estupefacientes y la sede del Ministerio de Justicia. Para el presidente del sindicato de la Contraloría (Asocontrol), Carlos Saavedra, la solución más viable es que el juez primero de ejecución de penas de Bogotá acepte las 180 tutelas que presentaron con el fin de que se les respeten sus derechos al mínimo vital, la salud y el trabajo, pues el 2 de enero se quedarían sin una sede digna donde laborar.

“Esperamos que el juez, a más tardar el viernes, ampare nuestros derechos. Ojalá aplace la entrega del inmueble durante cuatro o seis meses, para buscar con tranquilidad una sede. El tema con las sedes alternas es que tenemos un espacio físico, pero en la parte técnica tendríamos muchos problemas porque no se podrían adelantar las investigaciones fiscales ni expedir los certificados fiscales del Data Center. Sin estos últimos, el Estado se queda quieto, porque los certificados sirven para renovar contratos por prestación de servicios. Estamos hablando de alrededor de 500.000 personas, más las que contratarán obras públicas con la Nación”, puntualizó Saavedra.

Sobre este tema la Contraloría advirtió que, según los registros históricos de enero y febrero, se dejarían de realizar dos millones de solicitudes, lo cual paralizaría la contratación del Estado, y agregó que reinstalar el sistema de 150 servidores que almacenan la información de la entidad tendría un costo de US$22 millones. El contralor Maya precisó que el riesgo de trasladar las bases de datos y la infraestructura tecnológica es total, ya que actualmente se adelantan 16.102 expedientes electrónicos por responsabilidad fiscal y eso se paralizaría.

Tanta es la preocupación que ronda a la administración de Maya que éste le solicitó de “manera urgente e inmediata al Archivo General de la Nación que asuma el depósito, el almacenamiento y la custodia del archivo documental de la Contraloría, ante el inminente traslado de su sede principal”. A lo cual agregó: “Como es de público conocimiento, por razones de fuerza mayor, la entidad deberá entregar sus instalaciones el próximo 31 de diciembre, razón por la cual me he visto en la imperiosa necesidad de diseñar un plan de contingencia que salvaguarde los bienes y el patrimonio de la entidad, entre ellos sus archivos, y prevea su ubicación temporal en espacios que garanticen su integridad y preservación”.

El contralor Maya ya enfila baterías. Ante la magnitud del problema señaló que “no hay más alternativa que declarar la urgencia manifiesta con el objetivo de conseguir un lugar digno de trabajo y hacer el traslado de los funcionarios”. La idea es evitar que el organismo de control quede en jaque. Maya agregó que “la decisión única es el traslado de los 2.300 empleados que laboran en esta sede”. Fuentes de la Contraloría indicaron que aún no se tienen propuestas que satisfagan las necesidades de la entidad por el poco espacio que tienen las áreas de oficina.

Las esperanzas de algunos funcionarios y de Asocontrol están en un juzgado de ejecución de penas. Maya busca no cometer un error que lo ponga en el ojo del huracán. Por ahora, todos en el organismo de control empacaron sus cosas y están a la espera de nuevas oficinas. Esta situación se suma al paro judicial que frenó por 75 días la administración de justicia y represó miles de audiencias y procesos. La Contraloría podría estancarse por dos meses, algo impensable si se tienen en cuenta los miles de certificados y expedientes que debe sacar adelante en los primeros días del año.

La Contraloría General de la República empezará 2015 con el pie izquierdo. Tras la decisión de negar la tutela que había presentado el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, con el fin de evitar el masivo desalojo de la sede principal del organismo de control en Bogotá, lo más probable es que los funcionarios de la entidad comiencen el año sin tener una oficina. Más grave aún, el Centro de Datos, que expide los certificados de antecedentes fiscales, dejaría de funcionar por dos meses. Un panorama poco favorable para el contralor Edgardo Maya, quien asumió su cargo el pasado mes de septiembre en medio de un galimatías jurídico.

El enredo comenzó a mediados de 2012, cuando la entonces contralora, Sandra Morelli, firmó el contrato de arrendamiento de las oficinas del centro comercial Gran Estación Fase II por un valor de $2.515 millones. Para la Fiscalía, la negociación fue irregular y, además, la construcción del edificio al parecer había servido para lavar activos. Todo terminó con un proceso contra Morelli y una engorrosa situación para el organismo de control.

Desde hace una semana los funcionarios de la Contraloría están empacando sus expedientes, archivos y documentos con la incertidumbre sobre cuál será su nueva sede. Las opciones del contralor Maya son pocas. Mientras la Fiscalía le negó toda posibilidad de negociar con la firma arrendataria, Proyectos y Desarrollo Uno S.A., advirtiendo que si prorrogaba el contrato o realizaba una compraventa del inmueble podría incurrir en alguna irregularidad por existir un presunto lavado de activos, el ministro de la Presidencia, Néstor Humberto Martínez, propuso un traslado temporal.

Las opciones fueron el edificio en el que funcionaba la Dirección Nacional de Estupefacientes y la sede del Ministerio de Justicia. Para el presidente del sindicato de la Contraloría (Asocontrol), Carlos Saavedra, la solución más viable es que el juez primero de ejecución de penas de Bogotá acepte las 180 tutelas que presentaron con el fin de que se les respeten sus derechos al mínimo vital, la salud y el trabajo, pues el 2 de enero se quedarían sin una sede digna donde laborar.

“Esperamos que el juez, a más tardar el viernes, ampare nuestros derechos. Ojalá aplace la entrega del inmueble durante cuatro o seis meses, para buscar con tranquilidad una sede. El tema con las sedes alternas es que tenemos un espacio físico, pero en la parte técnica tendríamos muchos problemas porque no se podrían adelantar las investigaciones fiscales ni expedir los certificados fiscales del Data Center. Sin estos últimos, el Estado se queda quieto, porque los certificados sirven para renovar contratos por prestación de servicios. Estamos hablando de alrededor de 500.000 personas, más las que contratarán obras públicas con la Nación”, puntualizó Saavedra.

Sobre este tema la Contraloría advirtió que, según los registros históricos de enero y febrero, se dejarían de realizar dos millones de solicitudes, lo cual paralizaría la contratación del Estado, y agregó que reinstalar el sistema de 150 servidores que almacenan la información de la entidad tendría un costo de US$22 millones. El contralor Maya precisó que el riesgo de trasladar las bases de datos y la infraestructura tecnológica es total, ya que actualmente se adelantan 16.102 expedientes electrónicos por responsabilidad fiscal y eso se paralizaría.

Tanta es la preocupación que ronda a la administración de Maya que éste le solicitó de “manera urgente e inmediata al Archivo General de la Nación que asuma el depósito, el almacenamiento y la custodia del archivo documental de la Contraloría, ante el inminente traslado de su sede principal”. A lo cual agregó: “Como es de público conocimiento, por razones de fuerza mayor, la entidad deberá entregar sus instalaciones el próximo 31 de diciembre, razón por la cual me he visto en la imperiosa necesidad de diseñar un plan de contingencia que salvaguarde los bienes y el patrimonio de la entidad, entre ellos sus archivos, y prevea su ubicación temporal en espacios que garanticen su integridad y preservación”.

El contralor Maya ya enfila baterías. Ante la magnitud del problema señaló que “no hay más alternativa que declarar la urgencia manifiesta con el objetivo de conseguir un lugar digno de trabajo y hacer el traslado de los funcionarios”. La idea es evitar que el organismo de control quede en jaque. Maya agregó que “la decisión única es el traslado de los 2.300 empleados que laboran en esta sede”. Fuentes de la Contraloría indicaron que aún no se tienen propuestas que satisfagan las necesidades de la entidad por el poco espacio que tienen las áreas de oficina.

Las esperanzas de algunos funcionarios y de Asocontrol están en un juzgado de ejecución de penas. Maya busca no cometer un error que lo ponga en el ojo del huracán. Por ahora, todos en el organismo de control empacaron sus cosas y están a la espera de nuevas oficinas. Esta situación se suma al paro judicial que frenó por 75 días la administración de justicia y represó miles de audiencias y procesos. La Contraloría podría estancarse por dos meses, algo impensable si se tienen en cuenta los miles de certificados y expedientes que debe sacar adelante en los primeros días del año.