La guerra con drones en Colombia es un campo en el que los grupos armados cada vez ganan más ventaja y el Estado se está quedando corto para responder. Así lo señalan expertos en seguridad consultados por El Espectador, quienes afirman que el ataque del 7 de noviembre al cantón militar de Santa Rosa (Bolívar), lo evidenció. En la acción, atribuida por las autoridades al Ejército de Liberación Nacional (Eln), utilizaron al tiempo tatucos y un enjambre de drones cargados con explosivos, que dejaron tres militares muertos y 47 heridos. A raíz de este hecho, calificado por analistas como el más grave desde 2023 hasta hoy en el país, el ministro de Defensa, Jorge Mora, denunció que el proyecto para prevenir estos ataques no fue ejecutado por el anterior gobierno.
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Se trata del Escudo Nacional Antidrones, una propuesta que costaría COP 6,2 billones y que pretendía adquirir capacidades de radar e inhibición para alertar sobre la presencia de drones ajenos a la fuerza pública y neutralizarlos. El ministro Mora aseguró que el proyecto del gobierno de Gustavo Petro “resultó ser un espejismo”. Reveló que, en su estado actual, la propuesta no cuenta con “un proyecto estructurado, ni financiación consolidada, ni viabilidad técnica”. Además, destacó que la anterior administración anunció COP 800.000 millones para la primera fase, “pero no aseguraron ni un solo peso para ejecutarla” en 2026. “Esta negligencia costó vidas y evidencia una incompetencia que debe explicarse”, concluyó Mora.
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Frente a estas críticas, Pedro Sánchez, el exministro de Defensa durante el gobierno Petro, explicó por qué no se adquirieron los equipos: “Los comités técnicos, integrados por militares y policías activos, recomendaron no adquirir ninguno de los sistemas evaluados. Tras siete meses de vigilancia tecnológica, en la que 119 empresas de 21 países mostraron interés y algunas de sus soluciones fueron evaluadas, concluyeron que ninguna satisfacía integralmente las necesidades operacionales del país”. De acuerdo con el exministro, haber comprado los equipos en “esas condiciones habría implicado aceptar brechas de capacidad y trasladar al Estado riesgos operacionales, técnicos, de integración y sostenimiento”.
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Más allá de la discusión, que los expertos califican como política, investigadores sostienen que un proyecto de este tipo no resulta suficiente para contrarrestar los ataques con drones, que muestran una tendencia al alza. De acuerdo con la Fundación Ideas para la Paz (FIP), en 2024 se registraron 119 ataques; en 2025 ocurrieron 277 y este año, con corte al 2 de noviembre, van 351. Además, según esta misma organización, la fuerza pública ha sido el principal objetivo de estos ataques, con 401 heridos y 24 muertos entre 2024 y el pasado 8 de octubre. En este mismo periodo, las afectaciones a civiles, que quedan en medio del conflicto entre los grupos armados y el Estado, registran 55 heridos y seis asesinados.
“Ante este panorama, se necesitan tomar medidas tácticas inmediatas, porque no tenemos tiempo para seguir esperando un proyecto que, aunque es necesario, se va a tardar, mientras la vida de los soldados y policías sigue en riesgo”, señaló Javier Flórez, director de Conflicto y Seguridad de la FIP. En esa línea, Jorge Mantilla, investigador de conflicto y crimen organizado, explicó que las capacidades de este escudo resultarían limitadas porque fueron “cotizadas sobre la base de drones de radiofrecuencia y resultan obsoletas para drones que hoy son operados por fibra óptica”, como ocurre en la guerra en Ucrania. Con esta nueva tecnología, agregó Mantilla, los radares no pueden inhibir la señal de quien controla el dron.
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Entre las medidas que propone el director Flórez para contrarrestar el impacto de estos equipos se encuentra la instalación de mallas de titanio para evitar que los explosivos caigan sobre infraestructuras críticas de la fuerza pública, así como el diseño de una doctrina militar para saber cómo reaccionar ante un ataque con drones. “El Estado se ha demorado demasiado en reaccionar estratégicamente a esta nueva amenaza. Llevamos varios años discutiendo al interior del Estado cómo poder adaptar nuestras capacidades y aún hoy no tenemos una respuesta estratégica que permita dar seguridad a nuestras bases militares. Eso ha generado un efecto negativo incluso en la moral de las tropas”, sostuvo Flórez.
Ante los atrasos del Escudo Nacional Antidrones y la falta de una doctrina militar, ambos expertos coinciden en que el Estado debe también apostar por fortalecer las capacidades operacionales y territoriales. “Lo sucedido en el cantón militar de Santa Rosa refleja una brecha operacional: en términos de lo económico que resulta para los grupos armados la incorporación de esta tecnología y lo rápido que lo han hecho, en comparación con lo costoso que resulta para el Estado adaptarse y la lentitud con la que ha actuado”, agregó Mantilla. Asimismo, sostuvo que la solución a la problemática de los drones es mucho más amplia y debe abarcar los otros usos que les dan los grupos armados, como el espionaje.
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De acuerdo con el director de Conflicto y Seguridad de la FIP, las aeronaves no tripuladas también son utilizadas en Colombia para labores de vigilancia contra la fuerza pública y la población civil. “El primer uso para ataques ofensivos se registró en julio de 2023 en Putumayo. Sin embargo, el uso para inteligencia es mucho más antiguo. En labores de campo, comunidades de Putumayo o el Bajo Cauca nos dicen que se sienten vigiladas por estos aparatos”, sostuvo Flórez. Ante este uso, señaló que “el Estado también debe poner su atención y dar una respuesta. No solamente se trata de la economía de la guerra y los ataques ofensivos, sino del control territorial, que es, en el fondo y a largo plazo, aún más grave”.
El gobierno de Abelardo de la Espriella anunció que ya puso en marcha un plan de choque para dotar a las tropas con “medios reales para contrarrestar esta amenaza”. En esa vía, el ministro de Defensa, confirmó que se está estructurando un Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) para garantizar su financiación y una ley para controlar la importación y el uso de drones. Para los expertos, el reto está en que esas medidas se traduzcan en acciones que repelen y mitiguen los ataques. Aunque para los investigadores el Escudo Antidrones no es una solución completa para esta problemática que sigue dejando al Estado en desventaja frente a los grupos armados, el país espera que el proyecto, anunciado desde inicios de 2026, sea una realidad.
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