El esperado monumento a 19 víctimas

El 6 de octubre de 1987, 19 comerciantes fueron asesinados en el municipio de Cimitarra (Santander) por paramilitares, con la presunta complicidad de miembros de la Segunda División del Ejército. El 5 de julio de 2004 la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado colombiano pedir perdón por estos hechos, reabrir las investigaciones y construir un monumento en memoria de las víctimas.

Sin embargo, los familiares de los comerciantes asesinados aseguran que el Gobierno se ha interesado poco o nada en reparar su dolor y reivindicar la memoria de sus seres queridos. Esto se agrava, dicen ellos, con el hecho de que el monumento, obra del artista Juan Areaza y con el que se pretende rememorar a las víctimas, reposa actualmente en la sede de la Brigada V del Ejército, lugar de donde, presuntamente, salieron algunos de los victimarios de sus allegados. Los familiares se quejan, además, de que ni siquiera se les ha permitido verlo.

Fanny Corzo, hermana del asesinado Reinaldo Corzo, aseguró que “la Brigada V retuvo el monumento. Volvemos a ser victimizados por quienes participaron en esta masacre. No es justo, no concebimos por qué, si había tantos lugares, la estatua tenía que ir a parar a la sede de la Brigada”.

“Lo único que queremos es tener un lugar donde vivir este duelo congelado por 24 años. Nosotros sabemos que es muy difícil que sus restos vayan a aparecer, pero no perdemos la esperanza de algún día poderles dar una cristiana sepultura ”, agregó Corzo y recordó que “Reinaldo no era un criminal, sino un hijo y hermano devoto, interesado únicamente en apoyar a su familia”.

Reinaldo Corzo comerciaba abarrotes y electrodomésticos, que trasladaba de la ciudad de Cúcuta (Norte de Santander) a Barrancabermeja (Santander). La ruta que tomaba pasaba directamente por el Magdalena Medio y por la zona de acción de los paramilitares de Puerto Boyacá.

En el último de sus viajes, el vendedor fue secuestrado por este grupo ilegal, asesinado y descuartizado en la finca El Diamante, de propiedad de uno de los cabecillas de la organización, y sus restos lanzados al río Magdalena. Días después, las autoridades enviaron una comisión para que investigara los hechos. La misma fue detenida por los paramilitares y la mayoría de sus miembros fueron asesinados en lo que, posteriormente, se conocería como la Masacre de La Rochela.

Investigaciones hechas alrededor de este caso le permitieron a las autoridades inferir la posible participación de miembros de la Segunda División del Ejército en los hechos por los que han sido condenados varios paramilitares, entre ellos, Alonso de Jesús Baquero, alias El negro Vladimir; Marceliano Panesso, alias Beto, y Nelson Lesmes Leguizamón.

Por otra parte, cuatro militares han sido investigados por estos hechos: el general (r) Farouk Yanine Díaz, el teniente coronel (r) Hernando Navas Rubio, el mayor (r) Óscar de Jesús Echandía Sánchez y el sargento primero (r) Otoniel Hernández Arciniegas. No obstante, los dos primeros ya murieron —en 2009 y 2002, respectivamente— y a los otros dos no se les ha iniciado ningún proceso judicial.

Esto motivó al apoderado de las víctimas, el abogado Leonid Ávila, a concluir que el caso “sigue en la impunidad y el Gobierno parece estar poco interesado en que esto cambie y se sepa la verdad. Y a esto habría que agregar toda la burocratización que no ha permitido instalar el monumento que el Estado está obligado a entregar a las víctimas”.

“No se ha cumplido con lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, agregó el jurista, y criticó la que considera es una actitud déspota por parte del Gobierno.

Sin embargo, parece ser que el monumento no estará por mucho tiempo en la sede de la Brigada V. El gobernador de Santander, Horacio Serpa, mencionó al respecto que ya está firmado el acuerdo para instalar la estatua en un parque de Bucaramanga y que el problema radicaba en la falta de recursos para construir el pedestal que lo soportará, pero que, no obstante, ese gasto ya había sido asumido por la Gobernación, que se encargará de que pronto haya un lugar donde los familiares de las víctimas puedan recordar a sus seres queridos.

Los familiares de los 19 comerciantes esperan con ansias ese momento y han mencionado que lo único que quieren después de 24 años de desasosiego es tener un lugar donde reunirse a mitigar su dolor. “Esperamos poder compartir con ellos el próximo 6 de octubre”, concluyó al respecto Fanny Corzo.

El 6 de octubre de 1987, 19 comerciantes fueron asesinados en el municipio de Cimitarra (Santander) por paramilitares, con la presunta complicidad de miembros de la Segunda División del Ejército. El 5 de julio de 2004 la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado colombiano pedir perdón por estos hechos, reabrir las investigaciones y construir un monumento en memoria de las víctimas.

Sin embargo, los familiares de los comerciantes asesinados aseguran que el Gobierno se ha interesado poco o nada en reparar su dolor y reivindicar la memoria de sus seres queridos. Esto se agrava, dicen ellos, con el hecho de que el monumento, obra del artista Juan Areaza y con el que se pretende rememorar a las víctimas, reposa actualmente en la sede de la Brigada V del Ejército, lugar de donde, presuntamente, salieron algunos de los victimarios de sus allegados. Los familiares se quejan, además, de que ni siquiera se les ha permitido verlo.

Fanny Corzo, hermana del asesinado Reinaldo Corzo, aseguró que “la Brigada V retuvo el monumento. Volvemos a ser victimizados por quienes participaron en esta masacre. No es justo, no concebimos por qué, si había tantos lugares, la estatua tenía que ir a parar a la sede de la Brigada”.

“Lo único que queremos es tener un lugar donde vivir este duelo congelado por 24 años. Nosotros sabemos que es muy difícil que sus restos vayan a aparecer, pero no perdemos la esperanza de algún día poderles dar una cristiana sepultura ”, agregó Corzo y recordó que “Reinaldo no era un criminal, sino un hijo y hermano devoto, interesado únicamente en apoyar a su familia”.

Reinaldo Corzo comerciaba abarrotes y electrodomésticos, que trasladaba de la ciudad de Cúcuta (Norte de Santander) a Barrancabermeja (Santander). La ruta que tomaba pasaba directamente por el Magdalena Medio y por la zona de acción de los paramilitares de Puerto Boyacá.

En el último de sus viajes, el vendedor fue secuestrado por este grupo ilegal, asesinado y descuartizado en la finca El Diamante, de propiedad de uno de los cabecillas de la organización, y sus restos lanzados al río Magdalena. Días después, las autoridades enviaron una comisión para que investigara los hechos. La misma fue detenida por los paramilitares y la mayoría de sus miembros fueron asesinados en lo que, posteriormente, se conocería como la Masacre de La Rochela.

Investigaciones hechas alrededor de este caso le permitieron a las autoridades inferir la posible participación de miembros de la Segunda División del Ejército en los hechos por los que han sido condenados varios paramilitares, entre ellos, Alonso de Jesús Baquero, alias El negro Vladimir; Marceliano Panesso, alias Beto, y Nelson Lesmes Leguizamón.

Por otra parte, cuatro militares han sido investigados por estos hechos: el general (r) Farouk Yanine Díaz, el teniente coronel (r) Hernando Navas Rubio, el mayor (r) Óscar de Jesús Echandía Sánchez y el sargento primero (r) Otoniel Hernández Arciniegas. No obstante, los dos primeros ya murieron —en 2009 y 2002, respectivamente— y a los otros dos no se les ha iniciado ningún proceso judicial.

Esto motivó al apoderado de las víctimas, el abogado Leonid Ávila, a concluir que el caso “sigue en la impunidad y el Gobierno parece estar poco interesado en que esto cambie y se sepa la verdad. Y a esto habría que agregar toda la burocratización que no ha permitido instalar el monumento que el Estado está obligado a entregar a las víctimas”.

“No se ha cumplido con lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, agregó el jurista, y criticó la que considera es una actitud déspota por parte del Gobierno.

Sin embargo, parece ser que el monumento no estará por mucho tiempo en la sede de la Brigada V. El gobernador de Santander, Horacio Serpa, mencionó al respecto que ya está firmado el acuerdo para instalar la estatua en un parque de Bucaramanga y que el problema radicaba en la falta de recursos para construir el pedestal que lo soportará, pero que, no obstante, ese gasto ya había sido asumido por la Gobernación, que se encargará de que pronto haya un lugar donde los familiares de las víctimas puedan recordar a sus seres queridos.

Los familiares de los 19 comerciantes esperan con ansias ese momento y han mencionado que lo único que quieren después de 24 años de desasosiego es tener un lugar donde reunirse a mitigar su dolor. “Esperamos poder compartir con ellos el próximo 6 de octubre”, concluyó al respecto Fanny Corzo.