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6 Nov 2020 - 2:50 a. m.

El Estado deberá reparar a atleta élite condenado injustamente por violación

El alto tribunal consideró que el deportista sufrió perjuicios materiales y morales a causa de la privación de la libertad ordenada por jueces de la Republica. Ahora el Estado deberá indemnizarlo y pedirle perdón por los daños causados.
Justicia
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Foto: Cortesía

El Consejo de Estado condenó a la Nación (Rama judicial) de ser la responsable de los perjuicios ocasionados al atleta olímpico Juan Carlos Ibáñez Martiatu quien, en abril de 2009, fue condenado injustamente por el delito de acceso carnal violento. El alto tribunal consideró que Ibáñez "sufrió un daño especial y grave, que no estaba en la obligación jurídica de soportar. En total, el deportista permaneció privado de la libertad durante poco más de un año.

El caso del atleta se remonta al 15 de diciembre de 2007 cuando Ibáñez fue acusado por Jenny Paola Reyes Sánchez por abuso sexual. En ese momento, lo capturaron y procesaron por el delito de acceso carnal violento. Al día siguiente, fue cobijado con medida de aseguramiento en detención domiciliaria, y el 5 de noviembre de 2008 (casi un años después de los hechos) un juez de control de garantías ordenó su libertad por vencimiento de términos.

Sin embargo, el 17 de marzo de 2009 fue capturado por segunda vez por orden del Juzgado 2 Penal del Circuito de Bogotá el cual, mediante sentencia del 14 de abril de ese año lo condenó a 10 años y ocho meses de prisión. Pero el caso no quedó ahí, el Tribunal Superior de Bogotá revisó la decisión del juzgado, en su lugar, ordenó la libertad inmediata del deportista, la cual se materializó el 24 de septiembre de 2009.

Ya con una decisión que lo favorecía y que lo exoneraba del delito de acceso carnal violento, en 2011, Juan Carlos Ibáñez y su compañera sentimental Gladys Liliana Rodríguez, presentaron una demanda en contra de la Nación (Rama judicial) solicitando que la reparación de los perjuicios sufridos por la privación de la libertad de Ibáñez. En un primer momento, la petición fue resuelta por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el cual negó las pretensiones del atleta argumentando que se pudo probar que esta persona “si ejerció violencia física en contra de la víctima” y, por tanto, estaba en el deber jurídico de soportar el daño.

Ibáñez, en desacuerdo con lo definido por el Tribunal, apeló la decisión e insistió en que la responsabilidad estatal debía ser declarada porque, entre otras razones, el delito por el que se impuso la medida de aseguramiento no existió. Fue así como el caso llegó a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado que no compartió las consideraciones del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y, en cambio, resolvió condenar a la Nación y ordenar la reparación de los demandantes. (Le puede interesar: El hombre gay que murió esperando que le reconocieran la pensión de su pareja)

“Se encuentra probado que el señor Juan Carlos Ibáñez Martiatu sufrió un daño consistente en la restricción de su derecho a la libertad (...) toda privación injusta de la libertad trae consigo una intensa vulneración al derecho al buen nombre de quien la padeció (...) de manera que la Sala estima que la captura y detención de Juan Carlos Ibáñez generó un daño consistente en el menoscabo en su reputación y la afectación de su imagen en su entorno social”, manifestó el Consejo de Estado agregando que el Tribunal Superior de Bogotá revocó la sentencia condenatoria con fundamento, entre otros, en que el delito no existió.

Además, explicó que los dos periodos de privación de libertad en contra del deportista se debieron a medidas de aseguramiento impuestas jueces, quienes tienen la competencia exclusiva para tomar estas decisiones, toda vez que el papel de la Fiscalía se limita a solicitarla sin tener injerencia en la decisión del juzgado. Por tanto, para el Consejo de Estado se debe imputar el daño únicamente a la Nación (Rama judicial) y no al ente investigador. Asimismo, el alto tribunal evaluó los montos solicitados por los demandantes, negando algunos y concediendo otros.

Al final, decidió revocar la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y declarar responsable a la Nación por los perjuicios ocasionados a los demandantes. En consecuencia, le ordenó indemnizar a Ibáñez y a Rodríguez por perjuicios morales y materiales con una suma definida en la sentencia. También, ordenó que el director Ejecutivo de Administración Judicial, en calidad de representante de la nación y la Rama Judicial, emita un comunicado en el que pida perdón al deportista por los daños antijurídicos que padeció. Para ello, el funcionario deberá concertar con Ibáñez si el documento solamente le será entregado en físico o si, además, se publicará en alguna plataforma de comunicación.

Juan Carlos Ibáñez Martiatu es entrenador de Atletismo de origen Cubano, licenciado en Cultura Física y Deportes, con diplomado en Educación Física y doctorado en Ciencias de la Cultura Física. Como deportista élite cuenta con un destacado palmarés: medalla de plata en la Especialidad de triple salto, Santiago Nakasagua Ida. Guadalajara, México.1988; campeón centro- americano, Bahamas, 1988; campeón del Tope Bilateral Cuba-USA, 1988; medallas de oro y bronce en una competencia internacional en Ohio, USA 1988; cuarto lugar del ranking mundial juvenil en triple salto 1987; segundo lugar del campeonato mundial juvenil en triple salto,1988.

Además, ha publicado varias investigaciones y publicaciones relacionadas con el atletismo. El Espectador conoció que, actualmente, Juan Carlos Ibáñez se encuentra radicado en México.

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