7 Sep 2019 - 3:00 a. m.

El eterno regreso de los cultivos de coca al Bajo Cauca

A pesar de la acogida mayoritaria de los pobladores de Tarazá y Cáceres a los programas de sustitución voluntaria de cultivos, los campesinos denuncian que los incumplimientos del Gobierno los está empujando a volver a ser el primer eslabón de la cadena del narcotráfico.

Juan Sebastián Lombo Delgado*

El eterno regreso de los cultivos de coca al Bajo Cauca

El Bajo Cauca antioqueño es una zona estratégica para el negocio del narcotráfico de grupos paramilitares como el Clan del Golfo y Caparros. Está a pocos días de camino del Nudo de Paramillo y conecta con el Urabá antioqueño, con la Costa Caribe e incluso sirve de enlace para sacar el producto ilícito hacia la frontera venezolana. Además, la fertilidad de la tierra es ideal para la siembra de cultivos de coca. Estos factores han hecho que sea una de las zonas con mayor presencia de cultivos de uso ilícito del país. Según el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), Tarazá es uno de los 10 municipios en los que se encuentra el 44 % de la coca sembrada en 2018. De igual manera, esta población tiene una de las más altas concentraciones de cultivos considerados de uso ilícito: más de 10 hectáreas por kilómetro cuadrado.

(Le podría interesar: La guerra reciclada del Bajo Cauca)

En este mismo informe se ilustra cómo, desde la salida de la guerrilla de las Farc, los cultivos de coca han aumentado de forma exponencial en Antioquia, creciendo a la par de la presencia de los grupos paramilitares en el Bajo Cauca, zona en la que estarían concentrados la mayoría de los cultivos del departamento. Mientras que en diciembre de 2015 había 2.402 hectáreas de coca sembradas, en el mismo mes de 2018 se reportaron 13.403 hectáreas. Un dato que pone a Antioquia como el quinto departamento con mayor producción de coca en el país. Sin embargo, a pesar de la exorbitante cifra, en el último tiempo se ha reportado una ligera disminución que sería, en gran parte, gracias a la acogida de los habitantes del Bajo Cauca del Plan Nacional Integral de Sustitución, uno de los programas originados de los Acuerdos de Paz que busca la erradicación voluntaria de cultivos ilícitos.

Habitantes y líderes sociales de Tarazá y Cáceres concuerdan en la gran acogida que tuvo el PNIS (Plan Nacional Integral de Sustitución) en sus comunidades. Según le dijo un líder de Cáceres a este diario, la población era 100 % “coquera”, pero decidieron vincularse a la sustitución voluntaria como parte de “un cambio” que venía buscando la comunidad. Asimismo, habitantes de La Caucana aseguran haber vivido una situación similar y afirman que cerca del 80 % se acogió al programa. Estas cifras son confirmadas por el Programa Nacional Integral de Cultivos Ilícitos. El Espectador conoció que entre sus registros figuran 5.891 familias del Bajo Cauca, lo que equivale al 49 % de vinculados en Antioquia y 5,9 % a nivel nacional. Estas cifras cobran más significado al conocerse que, a corte de 30 de julio de este año, según la Unodc, en Cáceres y Tarazá se han erradicado cerca de 2.582 hectáreas de forma voluntaria, con un porcentaje de cumplimiento del 98,5 %.

Estas cifras son una muestra del compromiso que ha tenido la comunidad del Bajo Cauca con la erradicación voluntaria, a pesar de las muchas circunstancias que enfrentan por vincularse al programa. De acuerdo con la alerta temprana 020-19 de la Defensoría del pueblo, en 2018, grupos armados asesinaron en la zona a cinco líderes sociales que promovían el PNIS. De igual manera, funcionarios del programa fueron expulsados por milicianos de las zonas en las que estaban haciendo inscripciones al programa. Así mismo, campesinos aseguran que hay presiones de grupos al margen de la ley para no inscribirse en el programa y cobrarles “vacunas” a aquellos campesinos que se vinculen a este —deben pagar entre el 10% y el 50%, e incluso hay comunidades a las que le tocó pagar extorsiones a ambos grupos—.

Sin embargo, en los últimos meses, la comunidad le ha comenzado a perder la fe al proyecto. “Los campesinos creyeron en el programa de sustitución, pero los programas productivos aún no arrancan. Las personas están aguantando física hambre”, declaró a este diario una habitante de La Caucana (Tarazá). Una posición similar a la de un miembro de la comunidad de El Tigre, vereda de Cáceres, quien señaló: “Ya van a ser 7 meses que no se cumplen los procesos. Las comunidades están cansadas de esperar”. Frente a estos señalamientos, los encargados del PNIS señalaron que se les ha cumplido a la mayoría de vinculados al programa, aunque reconocieron varias falencias: “Cuando nos entregaron el programa se había hecho una feria de ofrecimientos y vinculaciones, pero no se planearon, ni financiaron, ni se dieron las contrataciones para que las otras etapas fueran posibles”.

Ante las demoras y las presiones de los grupos armados, el regreso a los cultivos de coca en el Bajo Cauca se convierte en una opción cada vez más seductora. Uno de los líderes de una comunidad indígena de Cáceres asegura que algunos de los miembros de su pueblo han vuelto a la siembra. Dependiendo de la zona donde esté el cultivo, las ventas serían repartidas entre paramilitares y guerrilla. Otro líder de la zona reconoce que hoy les pagan $1’200.000 por kilo de base de coca, un precio similar al de hace ocho años y que sería poco rentable para los precios de los insumos en la actualidad. “No es rentable, si los campesinos estamos volviendo es porque el Gobierno se comprometió con los campesinos y no nos cumplió. Hace ochomeses o más estamos esperando insumos para la producción alimentaria de una huerta casera y eso no se ha dado”, declaró.

Puede que no sea rentable, pero el incumplimiento y el abandono estatal ante los grupos armados han hecho que el fantasma de la coca vuelva a rondar con fuerza en las poblaciones del Bajo Cauca. Basta levantar la mirada hacia las montañas que rodean La Caucana para identificar varias plantaciones de carácter ilícito. Además, al recorrer los caminos de la zona se puede observar cómo los bosques que cubren las montañas antioqueñas están siendo derribados para darles paso a estos cultivos. Sin embargo, este diario pudo comprobar que los pobladores están haciendo un gran esfuerzo para no volver al cultivo de esta planta, que catalogan como el “símbolo de esa guerra que quieren abandonar”.

Una historia de violencia

El narcotráfico y la violencia son el común denominador de la historia reciente del Bajo Cauca antioqueño. En los últimos 20 años han sido los acompañantes persistentes de los habitantes de la zona y las desmovilizaciones de actores armados no han cambiado el panorama en la región. Incluso, con cada uno de estos procesos, la situación se ve agravada y la población sufre de peor manera la llegada de un nuevo actor que se quiere hacerse con el control del territorio. Con la salida de las Farc, se creía que el Estado iba a llegar y la condición de los habitantes mejoraría, pero no fue así. La violencia empeoró. La lucha entre el Clan del Golfo y los Caparros por el control del Bajo Cauca ha hecho casi imposible la supervivencia de la población civil.

Las cifras de violencia se han disparado en el último tiempo. Esta zona del norte de Antioquia encabeza las estadísticas en homicidios, desapariciones y desplazamiento forzado en el país. Tan solo en 2018, Tarazá se convirtió en el municipio, junto con Tibú (Norte de Santander), con la tasa de homicidios más alta: 233 por cada 100.000 habitantes, según el último informe “Forensis”, de Medicina Legal. O sea, 9,5 veces la media nacional. Una cifra alarmante, pero que es tan solo una pequeña muestra de lo que se está viviendo en el Bajo Cauca: desde 2016 han venido aumentando de forma significativa los homicidios en cuatro de los principales centros urbanos de la región (Cáceres, Tarazá, Caucasia y Nechí). Justo las mismas zonas que las Farc abandonaron y que grupos paramilitares y narcotraficantes entraron a disputarse.

La confrontación entre estos grupos ilegales habría comenzado a finales de 2017. Con la salida de las Farc, el clan del Golfo se convirtió en amo y señor de la zona, pero hubo una ruptura dentro de sus mismas filas. Debido a los acercamientos de Otoniel con el gobierno de Juan Manuel Santos, una facción, liderada por alias Caín, habría tomado el gesto como signo de debilidad y se rebeló. Así habrían nacido Los Caparros, un nombre que rememora la presencia del exjefe paramilitar Ramiro Cuco Vanoy y el Bloque Mineros de las AUC en la región —Vanoy y sus hombres habrían llegado al Bajo Cauca desde Caparrapí, Cundinamarca—. Tras dicho cisma, la violencia ha aumentado de forma exponencial. Conflicto acrecentado por las supuestas alianzas de carteles mexicanos con los grupos paramilitares y la presencia del Eln y disidencias de las Farc en la zona.

Este conflicto, además de sembrar muerte, ha expulsado a los campesinos de sus lugares de origen. Tarazá y Cáceres son las poblaciones en las que más se ha reportado el desplazamiento forzado. Visitar el casco urbano de ambas poblaciones es como estar en pueblos fantasmas. Son pocas las personas en las calles y solo transitan motaxistas, quienes, según habitantes de la zona, son los primeros informantes de los grupos armados. Tan solo a principios de 2018 se reportó un desplazamiento de unas 1.600 personas de Cáceres (el 4,8 % del total de habitantes del pueblo). De igual manera, en marzo de este año, cerca de 60 personas salieron de La Caucana, corregimiento de Tarazá, hacia Medellín. Además, varios habitantes han tenido que abandonar sus hogares debido a la presión de los grupos para sembrar coca: “El que no siembre se tiene que ir”, dicen allá.

*Enviado especial al Bajo Cauca. Viaje realizado con el apoyo de la Corporación Juridica Libertad. 

Manténgase informado sobre las últimas noticias que suceden en Colombia y el Mundo, el más completo cubrimiento noticioso todos los días con el periódico El Espectador.

 

Recibe alertas desde Google News