El excomandante "Richard", otro caso que enfrenta a la JEP y la Fiscalía

En los organigramas que durante años trató de construir la justicia colombiana para entender quiénes eran los jefes de los frentes de las Farc, el nombre de Martín Leonel Pérez Castro siempre se ubicó en los primeros niveles de las estructuras. Así quedó plasmado en varios documentos judiciales de autoridades colombianas, panameñas y estadounidenses, que reposan en el largo prontuario de este hombre, más conocido con el alias de Richard. Las investigaciones lo sitúan como uno de los más importantes jefes del frente 30, presunto responsable del secuestro de los diputados del Valle, y el cerebro de una de las estructuras de narcotráfico más grandes de la guerrilla.

En los organigramas que durante años trató de construir la justicia colombiana para entender quiénes eran los jefes de los frentes de las Farc, el nombre de Martín Leonel Pérez Castro siempre se ubicó en los primeros niveles de las estructuras. Así quedó plasmado en varios documentos judiciales de autoridades colombianas, panameñas y estadounidenses, que reposan en el largo prontuario de este hombre, más conocido con el alias de Richard. Las investigaciones lo sitúan como uno de los más importantes jefes del frente 30, presunto responsable del secuestro de los diputados del Valle, y el cerebro de una de las estructuras de narcotráfico más grandes de la guerrilla.

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Pese a esas investigaciones que trazan la relación entre el conflicto y su participación en él, y a que en el papel se cumplen todos los requisitos, Pérez no ha podido acceder a los beneficios del Acuerdo de Paz. El lío con este excombatiente, capturado en julio de 2014 y después pedido en extradición por Estados Unidos, por cargos de narcotráfico, es uno de los casos más complicados que tiene por resolver la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). No solo porque se trata de un hombre clave para terminar de esclarecer los detalles del secuestro de los diputados del Valle en 2002 y su posterior asesinato en 2007, o para entender cómo se movía el negocio del narcotráfico; sino porque este es otro de los casos que tiene enfrentadas a la Jurisdicción Especial y a la Fiscalía.

Mientras que su defensa insiste en que Richard cumple con todos los requisitos para acceder a los beneficios, como quedar en libertad y que se suspenda su solicitud de extradición, pues los delitos que cometió ocurrieron antes de la firma del Acuerdo, la Fiscalía le ha negado sus peticiones y hoy, por orden del fiscal Néstor Humberto Martínez Neira, el exguerrillero está bajo la vigilancia del ente investigador. Según las explicaciones que han dado los fiscales, es imposible dejarlo en libertad pues Pérez no está en las listas que entregó la guerrilla al Gobierno, en donde enunció los nombres de quienes por años engrosaron sus filas. La Oficina del Alto Comisionado para la Paz ratificó este hecho en una comunicación la semana pasada.

Según los abogados del exguerrillero, que firmó su acta de compromiso con la JEP el 22 de diciembre de 2017, al caso le empezaron a surgir obstáculos cuando, en julio de ese mismo año, un juez ordenó la libertad de Pérez, bajo las reglas planteadas para conceder amnistía de iure —el modelo que planteó el Acuerdo para que los guerrilleros condenados por delitos relacionados con el conflicto pudieran quedar en libertad. Las autoridades no cumplieron con lo ordenado y Richard resolvió entutelar al INPEC y al fiscal Martínez Neira por no acatar la orden del juez. El caso llegó hasta la Corte Suprema de Justicia, que el 8 de noviembre de ese mismo año falló que el caso lo debía resolver un juzgado de ejecución de penas.

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Cumpliendo con esa orden, el 20 de diciembre de 2017 otro juez ratificó lo dicho en julio y ordenó su libertad. Pero, de nuevo, la Fiscalía se opuso. En los últimos días de 2017, el director de asuntos internacionales de ese organismo, Gonzalo Gómez Escobar, pidió al INPEC que pusiera a Pérez a disposición del despacho del fiscal general. Además, explicó que no podían autorizar la libertad del excomandante porque la captura con fines de extradición en su contra seguía vigente. Los abogados del exguerrillero insistieron en que la extradición debía suspenderse, porque la acusación (indictment) de Estados Unidos hablaba de hechos cometidos antes de la firma del Acuerdo de Paz.

En los documentos, conocidos por El Espectador, la justicia estadounidense se refiere a hechos entre 2009 y 2014. Según el Acuerdo de Paz, los delitos políticos y conexos —como el narcotráfico— perpetrados antes del 1° de diciembre de 2016 serán objeto de amnistías. Por eso los abogados de alias Richard sostienen que, según lo pactado, lo que correspondía era suspender el proceso de extradición y dejarlo libre. La Fiscalía, sin embargo, no da el brazo a torcer. El 9 de febrero de este año, la vicefiscal María Paulina Riveros volvió a negar su libertad recordando que, en su contra, todavía está vigente la extradición y que su nombre no está en las listas que entregaron las Farc a la Oficina del Alto Comisionado de Paz.

Según los abogados de alias Richard, que su cliente no esté en esos listados se explica en que las Farc vieron que no era necesario hacerlo, pues la lista solo era para reconocer a los integrantes cuya relación con la guerrilla no fuera tan clara. Como a Richard la justicia colombiana ya lo había condenado por guerrillero (rebelión y terrorismo, en 2017), era evidente que había pertenecido a las Farc. Y aunque la Fiscalía insiste en que al no estar en esas listas su proceso de extradición debe continuar, la JEP ya sentó un precedente. En noviembre del año pasado, la Sección de Revisión asumió este caso para definir si debe o no quedarse en Colombia para contar lo que sabe del conflicto y del narcotráfico.

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La Corte Suprema de Justicia también considera que es la JEP la que debe tomar una decisión. Por eso, el pasado 20 de febrero, la Sala Penal del alto tribunal ordenó enviar todo el proceso y diligencias de manera inmediata. La Corte explicó que, tal como lo había expresado la Jurisdicción Especial, faltaba por esclarecerse totalmente si Richard era o no guerrillero pues, aunque Pérez no había sido acreditado por las Farc en los listados que entregó al gobierno, había pruebas documentales que lo relacionaban con la guerrilla, como las condenas, 28 órdenes de captura vigentes y las acusaciones de que habría participado en tomas guerrilleras a bases militares en Dagua y Trujillo (Valle del Cauca), y en la Salvajina (Cauca).

Esos datos, según la JEP, deben ser tenidos en cuenta como prueba fundamental para terminar de elaborar las listas de quienes fueron miembros del extinto grupo armado. En caso contrario, no habría otra razón por la que Richard deba permanecer en la cárcel y por la que su proceso de extradición siga andando. Su futuro está en manos de la JEP. Fuentes cercanas a los magistrados que llevan este caso le explicaron a El Espectador que la documentación que les envió la Corte Suprema es clave para darle las últimas puntadas a este proceso y aclarar que, pese a que Martín Leonel Pérez no está en los listados que elaboraron las Farc, no hay duda de que fue un importante comandante de ese grupo.