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El cartel de la toga, el entramado corrupto que operó al interior de la mismísima Corte Suprema de Justicia, dejó un nuevo condenado: Nilton Córdoba Manyoma, exrepresentante a la Cámara por el Chocó. La misma Corte Suprema de Justicia, integrada por otros magistrados, lo sentenció a casi cinco años de cárcel y a una multa de 79 salarios mínimos mensuales vigentes.
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Córdoba fue sentenciado en primera instancia por el delito de cohecho (soborno), pues se encontró demostrado en la investigación que pagó a los integrantes del cartel de la toga, para escaparse de dos procesos abiertos en la alta corte. En uno de ellos era señalado de lavado de activos de bandas criminales, en proyectos de exploración minera.
La raíz de este episodio de la justicia está en “la oficina”: el bufete de abogados que había montado en 2012 el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, condenado y libre tras cumplir su sentencia por el cartel de la toga. En esa oficina se recepcionaban los procesos de funcionarios de alto nivel, como Córdoba, a quienes se les ofrecía una ayuda en la Corte Suprema de Justicia por debajo de cuerda. En los papeles, Moreno quedó como el abogado del excongresista.
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La oficina era integrada, además, directamente por el exmagistrado condenado Francisco Ricaurte e indirectamente por el exmagistrado condenado Gustavo Malo, quien tenía a cargo procesos en la Corte Suprema de Justicia. Para entonces, el excongresista Córdoba Manyoma estaba señalado en dos expedientes y uno, el de lavado de activos, estaba por caer en el despacho de los magistrados que investigaban la parapolítica.
Sin embargo, Córdoba Manyoma vio en “la oficina” un paracaídas que le costó, según el expediente, hasta $400 millones. Según le confesó Luis Gustavo Moreno a las autoridades, fue entonces cuando empezaron las gestiones para torpedear a propósito el trabajo de la justicia. Ahí es cuando, presuntamente, entra en escena el exauxiliar de Gustavo Malo, Camilo Ruiz. Todos a su alrededor en esta trama están condenados, menos él.
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“Mencionó (Luis Gustavo Moreno) que el compromiso adquirido por Camilo Ruiz a cambio del dinero ofrecido consistió en dilatar los procesos y no enviar el que vinculaba a Córdoba Manyoma con bandas criminales, al grupo de parapolítica conformado en la Sala de Casación Penal de la Corte”, se lee en el expediente.
Y no solo eso. Todo indica que el auxiliar Ruiz empezó a trabajar de una manera contraria a su cargo y aplazó las diligencias penales que comprometían a Córdoba Manyoma. La Corte Suprema pudo constatar en sus propios expedientes que no hubo ninguna solicitud de pruebas por parte de la supuesta defensa, es decir, Moreno, sino únicamente aplazamientos de diligencias programas.
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