El exparamilitar “Julián Bolívar” y sus hombres fueron imputados por más de 4.000 crímenes
Durante casi año y medio, la Fiscalía les imputó a 245 hombres del extinto Bloque Central Bolívar cientos de homicidios, desapariciones forzadas, secuestros y reclutamientos ilícitos cometidos entre los años 1994 y 2006, en Santander, Norte de Santander, Bolívar, Antioquia, Boyacá, Caldas, Risaralda, Huila, Caquetá, Nariño, y Putumayo.
Rodrigo Pérez Alzate, conocido en la guerra como Julián Bolívar, y 245 de sus hombres tendrán que responder ante Justicia y Paz por 4.114 crímenes cometidos entre 1994 y 2006. Se trata de cientos de desapariciones forzadas, desplazamientos, homicidios, reclutamientos ilícitos, violencias de género, entre otros delitos, que son atribuidos al temido Bloque Central Bolívar de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia. Todas estas atrocidades dejaron a su paso más de 5.700 víctimas, asegura la Fiscalía.
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Durante más de año y medio, fiscales de justicia transicional les imputaron cargos a Bolívar y sus hombres por casos como: la incursión en la vereda El Piñal (Simití, Bolívar) en agosto de 1999, que dejó seis muertos y 18 familias desplazadas; el desplazamiento de profesores de Leiva (Nariño) en 2002 luego de ser declarados “objetivo militar” por su supuesta militancia en la Unión Patriótica; los asesinatos de Juvenal Celis y Óscar Andrés Lozada, militantes de este partido en Florencia (Caquetá); el reclutamiento de menores de edad en Antioquia, Bolívar y otros departamentos, entre muchos más crímenes.
La detallada imputación de estos más de 4.000 crímenes tuvo una división geográfica. Primero, entre febrero y mayo de 2019, informó la Fiscalía, se concentraron en formular los cargos por 74 desplazamientos, 50 desapariciones, 231 homicidios, entre otros, cometidos en Santander entre 2000 y 2006. Luego, entre mayo y septiembre del año pasado se concentraron en las atrocidades ocurridas en Bolívar entre 1998 y 2006, así como en Antioquia entre 1997 y 2005.
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Posteriormente, pasaron a imputarles 234 crímenes cometidos en los departamentos de Caquetá y Huila, desde agosto de 1997 hasta febrero de 2006. “Por otra parte, durante los meses de mayo y julio de 2020, un fiscal delegado formuló 514 cargos a postulados del Frente Sur del Putumayo del Bloque Central Bolívar, por hechos relacionados con: homicidio (345), desaparición forzada (115), desplazamiento forzado (20), violencia basada en género (19), reclutamiento ilícito (1) y otros delitos (14), en los municipios de Puerto Asís, Orito, Puerto Caicedo, Valle del Guamuez, San Miguel, Mocoa y Villa Garzón (Putumayo), de abril de 1999 a marzo de 2006”, añadió la Fiscalía.
Entre los crímenes, además, está el atentado a una iglesia cristiana de Puerto Asís el 4 de septiembre de 2004. “Este hecho dejó como consecuencia 3 muertos, 14 personas heridas y una víctima de desplazamiento forzado”, dijo la Fiscalía. Asimismo, los asesinatos de tres indígenas del Resguardo San Marcelino de San Miguel (Putumayo), ocurridos en 2001, 2003 y 2005; el del dragoneante del Inpec, Mauricio Armando Ramírez Luna, ocurrido en abril de 2002 en Florencia (Caquetá), y muchos más. Ahora, este voluminoso expediente pasará a estudio de un magistrado de Justicia y Paz que deberá determinar las conductas, escuchar a los postulados y formular una sentencia contra los exparamilitares.
Rodrigo Pérez Alzate, conocido en la guerra como Julián Bolívar, y 245 de sus hombres tendrán que responder ante Justicia y Paz por 4.114 crímenes cometidos entre 1994 y 2006. Se trata de cientos de desapariciones forzadas, desplazamientos, homicidios, reclutamientos ilícitos, violencias de género, entre otros delitos, que son atribuidos al temido Bloque Central Bolívar de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia. Todas estas atrocidades dejaron a su paso más de 5.700 víctimas, asegura la Fiscalía.
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Durante más de año y medio, fiscales de justicia transicional les imputaron cargos a Bolívar y sus hombres por casos como: la incursión en la vereda El Piñal (Simití, Bolívar) en agosto de 1999, que dejó seis muertos y 18 familias desplazadas; el desplazamiento de profesores de Leiva (Nariño) en 2002 luego de ser declarados “objetivo militar” por su supuesta militancia en la Unión Patriótica; los asesinatos de Juvenal Celis y Óscar Andrés Lozada, militantes de este partido en Florencia (Caquetá); el reclutamiento de menores de edad en Antioquia, Bolívar y otros departamentos, entre muchos más crímenes.
La detallada imputación de estos más de 4.000 crímenes tuvo una división geográfica. Primero, entre febrero y mayo de 2019, informó la Fiscalía, se concentraron en formular los cargos por 74 desplazamientos, 50 desapariciones, 231 homicidios, entre otros, cometidos en Santander entre 2000 y 2006. Luego, entre mayo y septiembre del año pasado se concentraron en las atrocidades ocurridas en Bolívar entre 1998 y 2006, así como en Antioquia entre 1997 y 2005.
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Posteriormente, pasaron a imputarles 234 crímenes cometidos en los departamentos de Caquetá y Huila, desde agosto de 1997 hasta febrero de 2006. “Por otra parte, durante los meses de mayo y julio de 2020, un fiscal delegado formuló 514 cargos a postulados del Frente Sur del Putumayo del Bloque Central Bolívar, por hechos relacionados con: homicidio (345), desaparición forzada (115), desplazamiento forzado (20), violencia basada en género (19), reclutamiento ilícito (1) y otros delitos (14), en los municipios de Puerto Asís, Orito, Puerto Caicedo, Valle del Guamuez, San Miguel, Mocoa y Villa Garzón (Putumayo), de abril de 1999 a marzo de 2006”, añadió la Fiscalía.
Entre los crímenes, además, está el atentado a una iglesia cristiana de Puerto Asís el 4 de septiembre de 2004. “Este hecho dejó como consecuencia 3 muertos, 14 personas heridas y una víctima de desplazamiento forzado”, dijo la Fiscalía. Asimismo, los asesinatos de tres indígenas del Resguardo San Marcelino de San Miguel (Putumayo), ocurridos en 2001, 2003 y 2005; el del dragoneante del Inpec, Mauricio Armando Ramírez Luna, ocurrido en abril de 2002 en Florencia (Caquetá), y muchos más. Ahora, este voluminoso expediente pasará a estudio de un magistrado de Justicia y Paz que deberá determinar las conductas, escuchar a los postulados y formular una sentencia contra los exparamilitares.