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Por años se ha vinculado al gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, con tres homicidios de líderes de la universidad departamental mientras él era su rector. Caicedo, por su parte, ha dicho que solo son ataques de sus enemigos políticos. Recientemente, la Fiscalía vinculó al proceso a los exjefes paramilitares Jorge 40 y Hernán Giraldo, y ratificó la hipótesis de una posible alianza con altos miembros del plantel educativo, como el mandatario regional. El Espectador conoció los testimonios y contratos que, según el ente investigador, demostrarían nexos del mandatario, que ha sido abiertamente de izquierda, con grupos contrainsurgentes.
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Estas pruebas hacen parte del documento con el que el año pasado la Fiscalía ratificó la vinculación de Caicedo al proceso por los asesinatos del estudiante de la Universidad del Magdalena Hugo Maduro en el año 2000; del vicerrector Julio Otero, en 2001; y del decano de la facultad de Educación, Roque Morelli, en 2002. Los tres, así como otros estudiantes y funcionarios del plantel que resultaron muertos, al parecer eran críticos de la gestión de Caicedo. Solo en estos tres casos, sin embargo, la justicia ha logrado condenar a los sicarios y hacerlos prender el ventilador para que señalen quiénes dieron la orden.
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Carlos Caicedo aterrizó en la Universidad del Magdalena como rector encargado en 1997. Los jefes anteriores del plantel -incluyendo al destacado sociólogo Alfredo Correa de Andréis- habían renunciado después de cortos períodos y el entonces gobernador, Jorge Caballero, envió a Caicedo de manera provisional y luego lo nombró en propiedad ese mismo año. El ahora gobernador inició un proceso de “refundación” de la universidad, como la llama él mismo, y su trabajo logró que para el año 2000 fuera reconocida por el Ministerio de Educación como una de las mejores instituciones de educación superior del país. Mientras tanto, los paramilitares cercaban el Caribe.
Las autodefensas de Hernán Giraldo ya controlaban la troncal del Caribe y tenían hasta un frente urbano que operaba en Santa Marta, denominado “Los Chamizos”. Y, al parecer, Caicedo se alió con ellos y, posteriormente, con el Bloque Norte de “Jorge 40”. “Todo con el fin de mantenerse, contra viento y marea, en la rectoría, lo cual logró por 10 años, y como contraprestación la organización criminal recibiría beneplácitos como la contratación de la universidad y la vinculación de personas recomendadas por los paras para trabajar o estudiar allí, y desde luego tener el control de la misma, pues es uno de los casos que reflejan la cooptación de las universidades del Caribe”, según la Fiscalía.
Las personas que han hablado sobre la seguidilla de asesinatos en la universidad han dado algunas pistas. Según la Fiscalía, el primer contacto de Caicedo con los “paras” fue con Jesús Ignacio Roldán, Monoleche, jefe de los Chamizos y una figura clave en la expansión. De acuerdo con el ente investigador, las versiones de cuatro ex-Auc confirmarían que Caicedo y Roldán se reunían en la Unimagdalena con alguna frecuencia para compartir información de personas “que tenían alineaciones de izquierda para que ellos realizaran el trabajo de ‘limpieza’”. “Carlos Caicedo nos pasaba la lista de quién era guerrillero y activista”, dijo alias Orejas, mano derecha de Monoleche.
En declaraciones de Justicia y Paz, los hermanos Rojas Mendoza, poderosos “paras” del Caribe, han dicho que el nombre de Caicedo también estaba en esas listas y que no se las entregaba alguien de la universidad, sino gente del extinto DAS y el Ejército. Por su parte, José Gelves Albarracín, alias el Canoso, comandante político del bloque Norte de las Auc, ha dicho que convenció a Jorge 40 de no matar a Caicedo y hacer una alianza con él para llenarse los bolsillos con todos los contratos que les podría otorgar a dedo. Mientras se desenvuelve este expediente, el Gobierno aprobó la extradición del Canoso a Estados Unidos hace unas semanas, como contó este diario.
En el supuesto pacto también le habrían entregado contratos a su gente para hacer las instalaciones eléctricas de la universidad y un programa de higiene oral. Otro ex “para”, Carlos Enrique Pareja, señaló que Caicedo les entregó a las Auc la contratación de vigilancia de la universidad, entre otros rubros. En el documento, el ente investigador dio detalles de los contratos que terminaron en supuestos testaferros: el primero, por $149 millones, terminó en Tecniseg, una empresa de vigilancia integrada por gente del Canoso y que habría sido usada para infiltrar el plantel e identificar militantes de izquierda.
La Fiscalía le da plena credibilidad al testimonio del Canoso y lo califica como “coherente”. No obstante, él se desdijo de sus acusaciones contra Caicedo y señaló en 2017 a Noticias Uno que este no participó en los asesinatos, que se trató de un montaje del DAS y que el Clan Cotes estaba detrás del supuesto plan para incriminar al gobernador. Esta hipótesis, que señala a la poderosa familia a la que pertenecen la exgobernadora del Magdalena Rosa Cotes y sus hermanos, los Mellos, también ha sido ratificada por otros ex “paras”. Adán Rojas, del Clan de los Rojas, por ejemplo, dijo este año en Justicia y Paz que los Cotes le ofrecieron $100 millones por enlodar a Caicedo.
Contra Caicedo no solo lo han testificado los paramilitares, también los parapolíticos. El excongresista Alfonso Campo, el primer legislador en admitir abiertamente sus propios nexos con las Autodefensas, era vecino de Caicedo cuando era rector de la Unimagdalena y ha dicho que gestionó reuniones entre el ahora gobernador y Jorge 40 en el patio de su casa. En contraste, hay decenas de testimonios en el expediente en defensa del gobernador. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, amiga personal de Caicedo, declaró que es evidente que, si bien Magdalena estaba coptado por el paramilitarismo, es diciente que las 30 investigaciones que lo han rodeado hayan resultado desestimadas.
León Valencia, compañero de Caicedo en A Luchar ―movimiento de desmovilizados del Eln―, declaró que en las investigaciones que han hecho en la Fundación Paz y Reconciliación han mirado a fondo el paramilitarismo en Magdalena y no han encontrado indicios de que Caicedo haya tenido algún vínculo con estos grupos. Asimismo, coequiperos de Caicedo como su secretario de Gobierno, José Humberto Torres, o como el exalcalde de Santa Marta Rafael Martínez le dijeron a la Fiscalía que las acusaciones no tienen fundamento y que, si fueran verosímiles, ellos serían los primeros interesados en aclararlas para no ser relacionados con un parapolítico.
En diálogo con este diario, un abogado de la defensa del gobernador Caicedo señaló varios puntos en los que, a sus ojos, la historia que ha armado la Fiscalía no cuadra. “Las pruebas no son sólidas, son confusas”, comentó. Sobre los contratos supuestamente entregados a personas vinculadas con “paras”, explicó que en el proceso podrán demostrar que fueron aprobados por un comité encargado de la contratación en la universidad, no entregados a dedo. A este punto también hizo mención en la Fiscalía la alcaldesa de Santa Marta, Virna Johnson, otra coequipera de Caicedo, que para el momento de los hechos era su asistente en la rectoría.
La defensa del gobernador reprocha, además, que el Canoso haya atribuido la asignación de estos contratos a un supuesto pacto con los “paras”, pues para la fecha de la firma de varios de estos el hombre ni siquiera estaba en las autodefensas. Asimismo, no se explican por qué la Fiscalía no ha comenzado las pesquisas contra la familia Cotes. Aunque el proceso contra Caicedo lo comenzó una fiscal ordinaria, por su condición de gobernador, ahora debe investigarlo un fiscal delegado ante la Corte. Según supo este diario, el expediente llegó a manos del fiscal quinto desde comienzos de 2020, pero el despacho ha dicho que sigue revisando el sinnúmero de testimonios antes de definir un siguiente paso.