En una celda del patio 12 de alta seguridad de la cárcel La Picota se encuentra detenido William Herrera López, denominado por las autoridades como alias W y conocido por ser el sobrino de uno de los capos del extinto cartel de Cali, Pacho Herrera, asesinado en noviembre de 1998 en la cárcel de Palmira. En febrero de 2020, la Fiscalía anunció la captura de W y lo señaló de haberse aliado con miembros del Clan del Golfo para recuperar violentamente los bienes de su familia que, según el ente investigador, “supuestamente obtuvo del tráfico de cocaína y que permanecían ocultos. A cambio, la estructura criminal supuestamente recibía el 30 % del valor de cada propiedad”.
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El Espectador conoció el escrito de acusación en contra de Herrera López, cuya defensa le dijo a este diario que existen irregularidades en el proceso y que Herrera López ya debería estar defendiéndose y compareciendo a su juicio, además, en casa por cárcel. Las acusaciones que hace la Fiscalía en su contra son muy serias y quedaron plasmadas en 27 páginas por los delitos de concierto para delinquir, homicidio y desplazamiento forzado, todos agravados. En primera instancia, el fiscal a cargo del caso era Alcibiades Libreros, quien fue asesinado en Cali a finales de 2019 en hechos que aún no son claros y por los que su familia reclama esclarecimiento.
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El nuevo fiscal del caso, Carlos Fernando Bejarano, señaló que William Herrera estuvo relacionado con el asesinato de varias personas, incluidos tíos y primos suyos, en medio de una vendetta mafiosa por la herencia que un sector de su familia ganó producto del narcotráfico. Con base en el testimonio de un hombre conocido como Jhoao —quien sería de la estructura de W—, la Fiscalía dice que este hombre fue determinador de los asesinatos de su tío Gelman Herrera y del hijo de este último; del asesinato del hijo de alias Chorizo (otro hermano de Pacho Herrera) y el intento de asesinato contra alias Cucaracho, medio hermano del asesinado capo del cartel de Cali.
El testigo estrella contra William Herrera también dijo que este ordenó dos veces asesinar a alias Bananas, un antiguo sicario de confianza de Pacho Herrera que en marzo de este año fue capturado. La Dijín dice que este hombre asumió el poder luego de que capturaran a W en agosto de 2019. Uno de los atentados contra Bananas es recordado en la capital del Valle porque sucedió en inmediaciones de la sede del Deportivo Cali. El informante de las autoridades también dice que la estructura de W fue la que ejecutó el asesinato del exalcalde de Cerrito, Silvio Montaño Arango, perpetrado en diciembre de 2019 y que, según la Fiscalía, estaría ligado a su renuencia a devolver bienes de la organización.
Los bienes del clan Herrera
En agosto de 2019, cuando las autoridades detuvieron a W en su apartamento en Ciudad Jardín (Cali), le encontraron libros, escrituras y certificados de tradición y libertad, los cuales contenían detalles de propiedades y de 35 supuestos propietarios. La Fiscalía y la Dijín de la Policía identificaron y ubicaron 576 bienes, avaluados en $5,6 billones, que hacían parte del patrimonio ilegal de Pacho Herrera. Una fiscal de Extinción de Dominio impuso medidas cautelares a esos bienes, ubicados en Valle del Cauca, Cundinamarca, Santander, Bolívar y Risaralda, y en Bogotá. En total fueron ocupados 37 apartamentos, 93 casas, 62 parqueaderos, ocho fincas, 108 lotes, 16 oficinas, dos empresas y tres establecimientos de comercio.
Aunque su defensa dice que W no hace parte de ningún grupo criminal, las autoridades dicen que es por esta fortuna que él y su tío, alias Don R (hermano de Pacho Herrera), se vienen enfrentando a muerte. Esa hipótesis coincide con el panorama que viven los familiares de los extintos capos del cartel del norte del Valle Orlando Henao Montoya e Iván Urdinola. Mientras W sigue preso, la Policía le sigue el rastro a Don R desde hace más de dos años, señalado de ser parte de una red internacional de tráfico de drogas y que, según la Dirección Antinarcóticos de la Policía, tendría nexos con un antiguo miembro del clan del zar de las esmeraldas, Víctor Carranza.
William Herrera denuncia
El 24 de abril de 2021, el propio sobrino de Pacho Herrera envió un documento a la Procuraduría en el que asegura que existen irregularidades en su caso. Dice que cuando le imputaron cargos y le dictaron prisión preventiva mientras su caso avanzaba, en ningún momento le advirtieron que esa medida de aseguramiento en centro carcelario se basaba en la modificación que se hizo en 2018 a la Ley 906 de 2004 (Código de Procedimiento Penal). Se trata del artículo 313, que estipula en qué condiciones aplica la medida de aseguramiento carcelario para supuesto miembros de grupos criminales organizados y el tiempo máximo que pueden durar detenidos.
En su escrito, William Herrera adjuntó documentos sobre en qué condiciones procesales le imputaron cargos y le ordenaron detención preventiva, un asunto que para su defensa es clave ya que para un procesado por delitos no vinculados al crimen organizado, la medida de aseguramiento se vence máximo en 240 días de haberle imputado cargos. Cuando se trata de investigados por supuestos vínculos con grupos armados al margen de la ley, ese vencimiento de términos aumenta a 400 días desde la audiencia de imputación de cargos. “Como se puede apreciar, en ninguna parte de la imputación se me informó que el proceso en contra se regía bajo los parámetros de la Ley 1908 de 2018”, dice la comunicación de Herrera.
“Acudo a ustedes (Procuraduría), ya que no ha sido posible que ninguna autoridad quiera hacer valer mis derechos constitucionales al debido proceso, la libertad, el respeto por la dignidad humana y los convenios internacionales. No soy un delincuente, no pertenezco a ninguna organización criminal, ni siquiera existe una organización de razón social clan Herrera, ni al servicio del Clan del Golfo. Se trata solo de una persecución penal de parte de la Fiscalía y el procurador del caso, que han convertido ese proceso en personal y un reto profesional a sus carreras al servicio del Estado ”, concluyó Herrera.
En septiembre de 2020, un juez penal de Bogotá negó la solicitud de la Fiscalía de prorrogar la medida de aseguramiento de William Herrera y al mismo tiempo negó la solicitud de su defensa de otorgar prisión domiciliaria, lo cual, alega Herrera, lo dejó en el limbo. En marzo pasado, durante una audiencia preparatoria de juicio se le volvió a negar el cambio de la medida de aseguramiento, solicitud a la que la Fiscalía se opuso tajantemente, argumentando que W es procesado bajo la modificación del artículo 313 del Código de Procedimiento Penal, del que su defensa tanto reniega.
