El expediente contra los agentes del CTI que denunciaron a Pacho Malo

Pablo Andrés Bolaños y Fabio de Jesús González fueron, hasta marzo de 2021, dos premiados agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) expertos en operaciones encubiertas contra poderosas organizaciones criminales del Eje Cafetero, Cauca y Buenaventura. A uno lo referenciaron como el hijo de alias el Patrón, pues logró camuflarse como un leal transportador de droga, y el otro puso a disposición de la Fiscalía viejas fuentes que consiguió cuando iniciaba su carrera como agente del DAS en 2008. Hoy, sin embargo, ambos son el centro de una investigación que los tiene en los estrados judiciales enfrentando cargos por falsedad en documento público, fraude procesal, peculado, concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes.

Pablo Andrés Bolaños y Fabio de Jesús González fueron, hasta marzo de 2021, dos premiados agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) expertos en operaciones encubiertas contra poderosas organizaciones criminales del Eje Cafetero, Cauca y Buenaventura. A uno lo referenciaron como el hijo de alias el Patrón, pues logró camuflarse como un leal transportador de droga, y el otro puso a disposición de la Fiscalía viejas fuentes que consiguió cuando iniciaba su carrera como agente del DAS en 2008. Hoy, sin embargo, ambos son el centro de una investigación que los tiene en los estrados judiciales enfrentando cargos por falsedad en documento público, fraude procesal, peculado, concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes.

Los dos hombres han denunciado públicamente que ese expediente en su contra no es otra cosa que la respuesta de la Fiscalía por haberse atrevido a denunciar a Francisco Javier Martínez Ardila, más conocido como Pacho Malo. Se trata de un alto funcionario del CTI que, al parecer, sería el eslabón clave de una poderosa red de contrabando y narcotráfico, en la que dejaba pasar toneladas de materiales ilegales por el puerto de Buenaventura y Barranquilla con destino a Centroamérica y Europa. Pese a que Pacho Malo fue denunciado por los funcionarios en marzo de 2021, y que al menos desde 2017 había evidencia de sus andanzas criminales en la Fiscalía, solo el pasado jueves el CTI lo capturó. Sin embargo, el ente investigador apenas le imputó cargos por contrabando, pero denunció graves irregularidades en su expediente.

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La captura ocurrió luego de meses de un escándalo político y judicial que fue creciendo a tal punto que Martha Mancera, fiscal general encargada, no ha podido explicar que el ente investigador no le pusiera la lupa antes a un funcionario con las sombras que persiguen a Pacho Malo. Por esa razón, se habló, incluso, de un encubrimiento mientras fue fiscal en Cali (donde reposaba el expediente contra el ahora funcionario capturado), situación que ella siempre negó. Mientras Mancera y su exjefe, Francisco Barbosa, capoteaban el escándalo, incluso con declaraciones subidas de tono e información incompleta, Pablo Andrés Bolaños y Fabio de Jesús González, los agentes que denunciaron a Pacho Malo, enfrentan un proceso judicial que está por llegar a juicio y tampoco escapa de la polémica.

La génesis

El CTI tiene la misión de apoyar investigaciones penales mediante la obtención legal de información, evidencias y elementos materiales probatorios. Eso era, precisamente, lo que Pablo Andrés Bolaños y Fabio de Jesús González —denunciantes de Pacho Malo— hicieron durante años en el CTI de Caldas, pasando por ciudades como La Dorada, Manizales y Chinchiná. Aunque González llegó a ese departamento en 2012, en 2017 ya trabajan en llave con otro agente: Mario Fernando Herrera. Los tres participaron en operaciones del más alto nivel en el Eje Cafetero, tanto así que varias de ellas fueron con agentes de Estados Unidos, bajo la total confianza de sus superiores en Manizales.

Sus principales logros: haber colaborado, con información de inteligencia, en las capturas de tres líderes de organizaciones dedicadas al narcotráfico y asesinatos en la zona: Julio César Toro Morales, alias Cocacolo; Julián, un familiar de alias Mayimbú, y alias La Firma. Las operaciones ocurrieron entre 2017 y 2021, con la ayuda de dos miembros del mundo criminal que se prestaron como informantes y agentes encubiertos que eran conocidos como el Viejo y alias Perjuicio. En enero de 2021, Pablo Andrés, Fabio de Jesús y Mario Fernando, los tres agentes del CTI de Caldas, estaban listos para seguir con sus fachadas de miembros del crimen organizado y continuar buscando información sobre narcotráfico y contrabando en el departamento y las conexiones con grupos ilegales en el Cauca.

Este es el informe:

Por eso, se alistaron para una nueva operación encubierta, con el aval de sus jefes del CTI y la Fiscalía. Alistaron los documentos para dejar por escrito, bajo todos los protocolos, que los tres y alias Perjuicio iban a participar en el transporte de una sustancia ilícita entre el Cauca y Caldas. Mientras tanto, Mario Fernando Herrera y Fabio de Jesús González dejaron por escrito que habían identificado a alias Pacho Malo como un importante eslabón de la cadena de contrabando y narcotráfico. En su informe, pidieron que el ente investigador buscara en bases de datos y otras fuentes de información evidencias que llevaran a abrir un proceso contra el funcionario del CTI. El documento, con todos los detalles, quedó firmado el 25 de marzo de 2021, dos días antes de que los tres agentes y Perjuicio se embarcaran en la operación secreta.

Cuando los cuatro estaban ya en carretera, hombres de las disidencias de las FARC detuvieron en un retén a Mario Fernando Herrera. A los minutos fue secuestrado y su cuerpo fue hallado el 27 de marzo en zona rural del municipio de Caloto (Cauca). Alertados del crimen, la operación encubierta fue cancelada. Pablo Andrés Bolaños y Fabio de Jesús González, los agentes sobrevivientes, viajaron a Cali a recoger a su compañero para llevar su féretro a Manizales. Desde el comienzo de la tragedia, ambos recibieron el apoyo de la cúpula de la Fiscalía. Por una parte, el entonces fiscal general, Francisco Barbosa, viajó a Cali para recibir el cuerpo del agente y, luego, la vicefiscal llegó a la capital de Caldas para estar en las honras fúnebres e indagar qué pudo haber salido mal en la operación secreta.

Sin embargo, cuando los compañeros de Mario Fernando Herrera les contaron a sus superiores que, justo antes del asesinato, habían denunciado las andanzas de Pacho Malo, la historia empezó a cambiar. Primero, les dijeron que, por seguridad, los trasladarían de ciudad. Segundo, un agente del CTI los visitó en la oficina y les pidió que cambiaran una declaración oficial que habían dado a los investigadores del crimen de su colega en la que habían reiterado la importancia de investigar a Pacho Malo. Y tercero, tres días después del asesinato de Mario Fernando Herrera, supieron de la llegada de un anónimo a la Fiscalía que denunciaba que los agentes estaban inmersos en una supuesta red de narcotráfico y se habían aprovechado de su fachada de agentes encubiertos para delinquir.

Este es el anónimo:

En cuestión de horas, los agentes Pablo Andrés Bolaños y Fabio de Jesús González terminaron con una noticia criminal en su contra y, por orden de Martha Mancera, el expediente le fue encargado a un viejo conocido de la Fiscalía, cuyas investigaciones ha cuestionado el propio ente investigador: Daniel Hernández, quien ya fue llamado a juicio por supuestas amenazas y omisiones en el caso Odebrecht. El 31 de marzo de 2021, ambos agentes ya estaban interceptados legalmente y sus colegas del CTI buscaban otro tipo de pruebas para armar un proceso formal en su contra. Uno de esos agentes que participó en las primeras pesquisas fue Víctor Forero, el mismo funcionario que, días antes, los visitó y les pidió a ambos investigados que cambiaran su declaración sobre Pacho Malo.

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La petición quedó grabada en un audio, pero apenas se vino a conocer el 19 de noviembre de 2023 en una columna del periodista Daniel Coronell. Solo después de esa publicación, la Fiscalía abrió una indagación contra Víctor Forero, el agente que pidió que sacaran a Pacho Malo de su testimonio. Sin embargo, al menos entre marzo de 2021 y noviembre de 2023, el funcionario fue la mano derecha del fiscal Hernández en las pesquisas contra los agentes del CTI Pablo Andrés y Fabio de Jesús. En cuestión de 25 días, un tiempo récord para una Fiscalía que puede tardar años en avanzar en un expediente, las primeras pruebas estaban listas para vincular a los agentes a una investigación penal. El 24 de abril de 2021, los funcionarios del CTI fueron capturados por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público.

Este es el audio que enreda a Víctor Forero:

Las firmas

Lo que encontró el fiscal Daniel Hernández fueron cinco documentos en los que, al parecer, los agentes del CTI investigados habrían falsificado las firmas de otros colegas para cumplir con varios requisitos que les exigieron sus jefes. Los archivos con la supuesta falsedad sirvieron para que sus superiores avalaran la operación encubierta en la que fue asesinado Mario Fernando Herrera, en marzo de 2021. Los pormenores de la investigación son procesales y tienen que ver con los requisitos que debían cumplir los funcionarios para poder desarrollar este tipo de operaciones, que ponen en peligro la vida de funcionarios y fuentes humanas. Lo que la Fiscalía encontró es que los agentes investigados habrían usado las firmas sin autorización de sus autores.

Lo hicieron, al parecer, con el visto bueno del fiscal que llevaba el caso, Jaime Ocampo. Las pruebas y los testimonios quedaron expuestos en la imputación de cargos en su contra el 25 de abril de 2021 y, dos días después, Pablo Andrés y Fabio de Jesús fueron enviados a la cárcel. Durante esa audiencia y en un interrogatorio que los agentes investigados rindieron el 13 de julio de ese mismo año, ambos insistieron en su inocencia. Durante la diligencia —en la que participaron Daniel Hernández y el cuestionado agente Víctor Forero—, los agentes explicaron, con papel en mano, que todo se trató de un error involuntario simplemente para cumplir con un requisito. Agregaron que no hubo ninguna intención de cometer una ilegalidad y que todo el contenido de los documentos era cierto y verificable.

Bajo la gravedad del juramento, ambos agentes aclararon e insistieron en que los dueños de las firmas siempre estuvieron informados de la investigación y de lo que necesitaban de ellos. Es más, dijeron que sus superiores de la Fiscalía y el CTI de Caldas fueron quienes autorizaron que otras personas entraran al proceso y que, en todo caso, esa era la manera de actuar que normalmente tenía el ente investigador en esa seccional. No obstante, el fiscal Hernández fue claro durante la diligencia: existen pruebas de que Pablo Andrés y Fabio de Jesús habrían falseado firmas de funcionarios que nunca supieron qué firmaron ni para qué. La respuesta al interrogatorio fue una nueva arremetida de la Fiscalía: fueron recapturados el 21 de octubre de 2021, 16 días después de que quedaran libres por vencimiento de términos.

Aunque la detención ocurrió el 7 de noviembre de hace dos años, los planes de Daniel Hernández no eran precisamente esos. El fiscal, primero, le pidió a un juez de Manizales que avalara la captura de los funcionarios el 4 de noviembre, pero no tuvo éxito, al parecer, por no presentar un caso sólido. Y, en lugar de corregir los vacíos, recurrió entonces a un juzgado de Bogotá, ciudad en donde se encuentra adscrito, y tres días después, obtuvo la luz verde de la justicia. Además de capturar a Pablo Andrés Bolaños y Fabio de Jesús González, el fiscal vinculó a la investigación a su colega, Jaime Ocampo, porque, al parecer, también habría participado de las supuestas falsedades en documentos públicos y en fraude procesal. Ya capturado, el fiscal no aceptó ninguno de los cargos.

Los peros a la investigación

La segunda arremetida de la Fiscalía tuvo más fuerza que la primera, pues el fiscal Hernández le aseguró al juez del caso que tenía pruebas suficientes para imputarles los delitos de concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes a los agentes del CTI. Dos cargos de la más alta relevancia, no solo porque sus penas son muchísimo más altas que los delitos imputados en abril, sino porque significaría que Pablo Andrés y Fabio de Jesús terminaron cometiendo las mismas ilegalidades que juraron combatir cuando se convirtieron en agentes. Durante la audiencia de imputación de cargos, el fiscal sostuvo que, al falsear las firmas en los documentos públicos, ambos agentes habrían participado de un entramado criminal y que, según sus propios informes, habrían traficado 1.913 libras de marihuana entre 2017 y 2021.

Además, Daniel Hernández expuso que tenía declaraciones del Viejo y alias Perjuicio (fuentes que colaboraron en las agencias encubiertas) en las que habrían dicho que los agentes del CTI, supuestamente, se quedaron con parte de los estupefacientes que transportaron en las operaciones. Ese mismo argumento ha sostenido la fiscal Martha Mancera para alegar que los testimonios de los agentes del CTI en su contra no tendrían ningún sustento. Sin embargo, el juzgado al que le correspondió resolver si Pablo Andrés y Fabio de Jesús debían regresar a la cárcel por estos nuevos delitos le puso la lupa a la investigación del fiscal Hernández y encontró varios reparos que pusieron en entredicho su trabajo. Y, de paso, tumbó ese fragmento de la defensa de la fiscal Mancera.

Algunos fragmentos del juez del caso:

Primero, el juez explicó que no era posible que la Fiscalía imputara cargos tan graves como concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes simplemente con el testimonio de dos hombres que, de paso, no resultaban lo suficientemente creíbles. El juzgado agregó que Daniel Hernández habría podido adelantar otras actividades investigativas y no quedarse en el testimonio de dos cuestionados personajes. Pero además el juez fue claro en que la Fiscalía no logró comprobar en ningún momento de la audiencia cuál de las actividades que realizaron los agentes encubiertos fueron legales y cuáles no. “No sería válido que los judicializaran [a Bolaños y González] por cumplir con su papel (...) Se requiere más información para establecer a quién se le debe creer y qué se le debe creer”, escribió el juzgado. Al final, el juez decidió dejarlos libres porque, simplemente, el fiscal Hernández no logró probar su vinculación a los delitos más graves imputados en noviembre de hace dos años.

Lo mismo ocurrió con el fiscal Ocampo. Los tres se preparan para que la Fiscalía inicie el juicio en su contra. Solo allí, han dicho en varias ocasiones, seguirán explicando lo que saben del caso, pues ya han sido llamados en varias oportunidades para que agreguen información a sus denuncias, pero aseguran no tener las garantías para hacerlo mientras Mancera siga a la cabeza del ente investigador. El Espectador trató de comunicarse con la Fiscalía para conocer más detalles de las investigaciones y conocer su versión de los hechos, pero no obtuvo respuesta.

Esta es la decisión con la que un juez dejó libre a los investigados:

Dos años después

Pese a que la justicia por ahora no ha condenado a ninguno de los investigados y ya filtró la investigación del fiscal Hernández para exponer sus vacíos, la Fiscalía insiste en que se trata de dos agentes corruptos porque así lo dijeron dos condenados. Desde que estalló el escándalo, en noviembre pasado, en el centro de la discusión ha estado Martha Mancera porque, al parecer, no habría hecho nada por investigar la denuncia más delicada de toda esta novela judicial: la participación de Pacho Malo en una red criminal de contrabando y narcotráfico en el puerto de Buenaventura y Barranquilla. Su defensa ha radicado en dos argumentos: uno, que no tenía por qué investigar algo que los agentes del CTI nunca denunciaron. Y dos, que quienes la han denunciado son dos socios de grupos criminales.

Sobre lo primero, ya se sabe que Mario Andrés Herrera y Fabio de Jesús González sí escribieron un informe con todos los detalles que habrían permitido a Mancera ordenar investigaciones hace dos años. Sin embargo, su abogado informó que, al parecer, ese documento nunca estuvo en las pruebas del expediente. Y sobre lo segundo, ya la justicia les quitó relevancia a los testimonios de los dos condenados que supuestamente hablaron de las andanzas criminales de los agentes del CTI. En contraste, la Fiscalía aún no ha explicado en qué van los procesos contra Víctor Forero por haberles pedido a los investigados que sacaran de sus testimonios a Pacho Malo, ni por qué el funcionario terminó, en cambio, investigando a Pablo Andrés Bolaños y Fabio de Jesús González.

Según fuentes cercanas al caso, todas las evidencias de este expediente judicial y del papel que ha tenido la hoy fiscal encargada, Martha Mancera, las conocen funcionarios de alto nivel de Estados Unidos y de la Corte Suprema de Justicia. Entre esos archivos también está el cuestionado cierre de las investigaciones en su contra, que hizo un subalterno suyo quien además ya había sido duramente criticado por su trabajo en el caso Uribe. Por ahora, casi tres años después de las denuncias que hicieron los agentes del CTI sobre las andanzas ilegales de Pacho Malo, la Fiscalía lo capturó en su oficina de Medellín, a donde había sido trasladado, pese a todas las evidencias en su contra. Los detalles de la investigación contra Pacho Malo se siguen conociendo a cuentagotas.

(En contexto: El informe clave del caso alias Pacho Malo no aparece en la Fiscalía)

El hallazgo más reciente es que en su contra había serios indicios de sus vínculos ilegales con el contrabando desde 2017 y la Fiscalía nunca lo investigó. Con dos detalles adicionales. El primero: según la fiscal que lo investiga, en el expediente se perdieron audios claves que lo incriminarían en operaciones ilegales y, sin que hubiera una razón clara, a finales de 2017, un fiscal ordenó dejar de escucharlo, pese a que Pacho Malo seguía hablando de sus negocios ilegales por teléfono. El segundo: no aparece el informe que firmaron los agentes Mario Fernando Herrera (quien fue asesinado en 2021) y Fabio de Jesús González (uno de los ahora procesados por la Fiscalía). En todo caso, este lunes una jueza definirá si Pacho Malo debe ir a la cárcel mientras avanza la investigación en su contra, tras siete años de tardanza.