El expediente de la sala “Código Negro” de la Policía

Desde hace tres años la Fiscalía investiga una presunta red de corrupción enquistada en el más alto nivel de la Dirección Antinarcóticos de la Policía (Diran). Todo comenzó en marzo de 2017, cuando un agente de contrainteligencia de la Policía les narró a investigadores del CTI una serie de delitos de los que tuvo conocimiento. En concreto, se refería a un grupo de policía judicial conocido como “Negro”, que desde el año 2013 habría manipulado los gastos reservados de la Dirección Antinarcóticos para apropiarse de las recompensas; que dicho grupo también lograba apoderarse de los dineros de la cooperación internacional de una agencia extranjera en la lucha contra la mafia, y que hasta habría manejado la contratación de compra de repuestos para aeronaves y las horas de vuelo de los pilotos con el fin de obtener recursos económicos.

De todo su relato, lo más grave fue que aseguró que la estructura “Negro” tenía una fachada para interceptar teléfonos en expedientes que ellos manejaban a su antojo, no para procesar a los delincuentes que “chuzaban”, sino para extorsionarlos. Según el testigo, quien también entregó estos detalles a la Inspección de la Policía, lo que supuestamente hacían estos policías era fabricar falsos testigos para cobrar las recompensas por incautaciones de droga, aunque en realidad estos decomisos se conseguían por la información de las líneas intervenidas. Incluso, añadió el oficial, llegaron a allanar las viviendas de estos narcotraficantes para robarse la droga y el dinero en efectivo. Con base en un informe de investigadores del CTI sobre el caso, el 26 de marzo de 2017 un fiscal de la Unidad de Lavado de Activos dio apertura formal a la indagación preliminar.

A pesar de la gravedad del tema, solo en marzo de 2018, es decir, un año después, la Fiscalía comenzó a investigar en forma. El fiscal 32 de Lavado de Activos dio instrucciones para identificar e individualizar a los miembros de la Diran presuntamente involucrados en la llamada sala de interceptación “Código Negro” y, además, ordenó una inspección a los libros contables y gastos reservados de la Policía Antinarcóticos. Muy pronto empezaron los líos, pues, amparándose en la Ley de Inteligencia, los oficiales de la Diran que atendieron a los funcionarios de la Fiscalía no facilitaron la documentación requerida. Los investigadores del caso dejaron constancia de esta “novedad”, pero siguieron encontrando hallazgos cada vez más escandalosos. Por ejemplo, distintas fuentes entrevistadas dieron la ruta de las ilegalidades en la sala de interceptación “Código Negro”.

Uno de los testigos contó que utilizaron a un suboficial para que “enamorara” a una fiscal especializada de la Dirección contra el Narcotráfico con el objetivo de que les aprobara sin chistar cualquier solicitud de interceptación. Es decir, para tener el camino libre para “chuzar” a quien se les antojara sin tener que rendirle cuentas a nadie. De esta manera, al parecer, se incluían en informes de policía judicial los números telefónicos de los jefes de organizaciones criminales y, una vez tenían dichas grabaciones en su poder, vendían la información o les cobraban extorsiones para permitirles seguir traficando. De hecho, un suboficial actualmente detenido por haber participado de estas “vueltas” confirmó cómo operaba esta presunta red de corrupción y aportó más detalles, nombres concretos, rangos y hasta posibles fiscales amigos. Hay ya organigramas de los sospechosos.

Con una gravedad más, y así lo dejaron por escrito los investigadores de la Fiscalía: la sala de interceptaciones en el interior de la Policía Antinarcóticos, hoy cuestionada, es apoyada por la embajada británica, lo cual indicaría que de esos recursos para combatir a la mafia se estaban enriqueciendo algunos oficiales inescrupulosos. El lío es que, al tiempo que esta presunta red de corrupción maniobraba, también aportaba resultados contra el narcotráfico, lo que les garantizaba que nadie investigara sus pasos. Incluso, la fiscal que lograron “reclutar” confesó que tiempo después se enteró de lo ocurrido con esta sala “Código Negro” y que, una vez fue abordada por algunos miembros de la Diran, le pidieron que elaborara un informe de resultados operacionales para que ellos pudieran cobrar una recompensa. Según ella, se negó a hacerlo.

De acuerdo con los testimonios recaudados sobre esta organización, lo que hacían también era meter en informes judiciales sus propios números personales e institucionales —haciéndolos pasar por teléfonos de mafiosos— con el fin de saber si estaban siendo interceptados por la Fiscalía en otra investigación. Pero no es todo. Otro testigo explicó que en algunas ocasiones lo que hacían estos policías antinarcóticos era “inflar” el peso de la cocaína que decomisaban para aumentar la recompensa. Las pesquisas de la Fiscalía fueron allanando un camino en la investigación, que se desdobló en tres frentes: el primero, las presuntas irregularidades en el manejo de gastos reservados; el segundo, la manipulación de planillas de pilotos, los repuestos de las aeronaves y las horas de vuelo, y el tercero, las interceptaciones de la sala “Código Negro”.

Sobre esta última línea de investigación, varios miembros de la Policía dieron información clave. Por ejemplo, que una de las fachadas de la sala “Código Negro” estaba ubicada en un edificio ubicado en la avenida El Dorado, en Bogotá. Las fuentes aportaron fotografías de personas vestidas de civil que ellos identificaron como miembros de la Policía Antinarcóticos y que portaban un carné de una empresa comercial. También narraron que un familiar de uno de los oficiales señalados de integrar esta red de corrupción fue capturado en vía pública transportando estupefacientes y que se trató de manipular el caso, pero que al final no fue posible. Asimismo, señalaron que un reconocido empresario del Tolima fue atracado gracias a la información recogida por la sala “Código Negro”. En la acción contra el comerciante cafetero, sin embargo, cayó capturado un policía.

Además de estas declaraciones, documentos y grabaciones de entrevistas, la Fiscalía le pidió a la Inspección de la Policía todos los hallazgos internos de esta red ilegal. Fue así como se recaudaron nuevas pruebas en noviembre de 2019. Evidencias que fueron entregadas por el propio inspector de la Policía, general William René Salamanca. A pesar de estos esfuerzos por desentrañar los tentáculos de esta organización ilegal, tal parece que alguien les avisó de la investigación que adelantaba la justicia y por eso, intempestivamente, cambiaron todos los computadores de la sala “Código Negro”. Una movida que buscaba, al parecer, destruir información de interés para este expediente. Funcionarios de la Inspección de la Policía que están indagando este caso denunciaron lo ocurrido, según pudo establecer El Espectador.

El expediente, a pesar de sus avances, sigue en indagación preliminar y con varias novedades inquietantes. Para empezar, el principal testigo del caso denunció que ha sido víctima de amenazas y que tiene en su poder, casi que como seguro de vida, unas grabaciones muy comprometedoras, que involucrarían a un general de la cúpula de la Policía. Según le contó a la Fiscalía, grabó conversaciones en las que altos oficiales pedían el archivo de estas indagaciones disciplinarias llevadas a cabo por la Inspección de la Policía. Asimismo, indicó que un hermano de uno de los investigados, que tiene grado de mayor, fue puesto en la Policía Antinarcóticos para ocultar cualquier irregularidad y borrar rastros. Una supuesta operación de encubrimiento que se habría puesto en marcha a raíz de las indagaciones de la sala “Código Negro”.

A esto se suman algunas decisiones administrativas de la Fiscalía. En enero pasado fue designada otra fiscal de Lavado de Activos para este proceso, pues el que lo llevaba se pensionó. A pesar del impulso que le dio esta nueva fiscal —al punto que ya se había definido una ruta para concretar imputaciones—, el 5 de mayo último el expediente fue reasignado de nuevo. El cambio produjo malestar en la Inspección de la Policía. Y 10 días después, el 15 de mayo, tras presentar detallados informes sobre el estado de estas pesquisas a dos altas funcionarias de la fiscalía de Francisco Barbosa, los cuatro investigadores que han venido documentando los pasos de esta presunta organización corrupta fueron reubicados “por estrictas necesidades del servicio” en dependencias de La Guajira, Cauca, Nariño y Chocó. Una orden de traslado en plena pandemia.

Con una particularidad más: algunos de esos investigadores del CTI sufren de enfermedades crónicas y su traslado iría en contravía de las directrices del gobierno Duque, para que funcionarios con este tipo de condiciones no deban desplazarse en esta época y realicen teletrabajo. Y, para rematar, también recibieron en sus celulares hace pocos días un mensaje amenazante que decía: “No pudieron con nosotros. Ahora nos toca. Ya empezamos”. Los funcionarios denunciaron esta intimidación a la propia Fiscalía. El mensaje, según algunas averiguaciones preliminares, se remitió desde Bogotá. Este diario se contactó con uno de los testigos del caso, quien señaló que no entiende qué está pasando con la investigación y añadió que tiene miedo. “Es muy triste esto. Están logrando lo que se proponen”.

El Espectador preguntó en la Fiscalía sobre lo que ha venido ocurriendo con un expediente tan sensible. Fuentes de la institución, que le han seguido la pista al caso, aclararon que los investigadores del CTI no serán trasladados a La Guajira, Cauca, Nariño y Chocó, y que ya se está elaborando una nueva resolución para corregir la anterior, pero lo que sí es posible es que en comisión deban desplazarse a esas regiones para investigar crímenes contra líderes sociales o defensores de derechos humanos, donde tienen amplia experiencia. “Son muy buenos funcionarios”, admitieron las mismas fuentes consultadas y agregaron que la administración del fiscal Francisco Barbosa priorizó este expediente, al punto de designar a un curtido fiscal y cinco nuevos investigadores en Bogotá, expertos en asuntos financieros y de irregularidades en salas de interceptación.

De acuerdo con las fuentes del organismo investigador, un expediente de semejante envergadura no tuvo desde el principio el impulso que se requería y por eso, tras una detallada evaluación del proceso, se decidió sumar analistas e investigadores con más trayectoria en este tipo de delitos. “Aquí no estamos dejando de trabajar. Al contrario, vamos a garantizar que llegaremos al fondo de estas denuncias, todo será investigado con suficiencia, porque los señalamientos son muy delicados e incluyen la posible desviación de recursos de la cooperación internacional. Vamos a proteger a los testigos y ya estamos rastreando de mejor manera si hubo pagos irregulares de gastos reservados y las líneas interceptadas, así como los patrimonios de los señalados”, concluyeron las fuentes de la Fiscalía. No hay duda, se trata de uno de los procesos más complejos en la era Barbosa.

Desde hace tres años la Fiscalía investiga una presunta red de corrupción enquistada en el más alto nivel de la Dirección Antinarcóticos de la Policía (Diran). Todo comenzó en marzo de 2017, cuando un agente de contrainteligencia de la Policía les narró a investigadores del CTI una serie de delitos de los que tuvo conocimiento. En concreto, se refería a un grupo de policía judicial conocido como “Negro”, que desde el año 2013 habría manipulado los gastos reservados de la Dirección Antinarcóticos para apropiarse de las recompensas; que dicho grupo también lograba apoderarse de los dineros de la cooperación internacional de una agencia extranjera en la lucha contra la mafia, y que hasta habría manejado la contratación de compra de repuestos para aeronaves y las horas de vuelo de los pilotos con el fin de obtener recursos económicos.

De todo su relato, lo más grave fue que aseguró que la estructura “Negro” tenía una fachada para interceptar teléfonos en expedientes que ellos manejaban a su antojo, no para procesar a los delincuentes que “chuzaban”, sino para extorsionarlos. Según el testigo, quien también entregó estos detalles a la Inspección de la Policía, lo que supuestamente hacían estos policías era fabricar falsos testigos para cobrar las recompensas por incautaciones de droga, aunque en realidad estos decomisos se conseguían por la información de las líneas intervenidas. Incluso, añadió el oficial, llegaron a allanar las viviendas de estos narcotraficantes para robarse la droga y el dinero en efectivo. Con base en un informe de investigadores del CTI sobre el caso, el 26 de marzo de 2017 un fiscal de la Unidad de Lavado de Activos dio apertura formal a la indagación preliminar.

A pesar de la gravedad del tema, solo en marzo de 2018, es decir, un año después, la Fiscalía comenzó a investigar en forma. El fiscal 32 de Lavado de Activos dio instrucciones para identificar e individualizar a los miembros de la Diran presuntamente involucrados en la llamada sala de interceptación “Código Negro” y, además, ordenó una inspección a los libros contables y gastos reservados de la Policía Antinarcóticos. Muy pronto empezaron los líos, pues, amparándose en la Ley de Inteligencia, los oficiales de la Diran que atendieron a los funcionarios de la Fiscalía no facilitaron la documentación requerida. Los investigadores del caso dejaron constancia de esta “novedad”, pero siguieron encontrando hallazgos cada vez más escandalosos. Por ejemplo, distintas fuentes entrevistadas dieron la ruta de las ilegalidades en la sala de interceptación “Código Negro”.

Uno de los testigos contó que utilizaron a un suboficial para que “enamorara” a una fiscal especializada de la Dirección contra el Narcotráfico con el objetivo de que les aprobara sin chistar cualquier solicitud de interceptación. Es decir, para tener el camino libre para “chuzar” a quien se les antojara sin tener que rendirle cuentas a nadie. De esta manera, al parecer, se incluían en informes de policía judicial los números telefónicos de los jefes de organizaciones criminales y, una vez tenían dichas grabaciones en su poder, vendían la información o les cobraban extorsiones para permitirles seguir traficando. De hecho, un suboficial actualmente detenido por haber participado de estas “vueltas” confirmó cómo operaba esta presunta red de corrupción y aportó más detalles, nombres concretos, rangos y hasta posibles fiscales amigos. Hay ya organigramas de los sospechosos.

Con una gravedad más, y así lo dejaron por escrito los investigadores de la Fiscalía: la sala de interceptaciones en el interior de la Policía Antinarcóticos, hoy cuestionada, es apoyada por la embajada británica, lo cual indicaría que de esos recursos para combatir a la mafia se estaban enriqueciendo algunos oficiales inescrupulosos. El lío es que, al tiempo que esta presunta red de corrupción maniobraba, también aportaba resultados contra el narcotráfico, lo que les garantizaba que nadie investigara sus pasos. Incluso, la fiscal que lograron “reclutar” confesó que tiempo después se enteró de lo ocurrido con esta sala “Código Negro” y que, una vez fue abordada por algunos miembros de la Diran, le pidieron que elaborara un informe de resultados operacionales para que ellos pudieran cobrar una recompensa. Según ella, se negó a hacerlo.

De acuerdo con los testimonios recaudados sobre esta organización, lo que hacían también era meter en informes judiciales sus propios números personales e institucionales —haciéndolos pasar por teléfonos de mafiosos— con el fin de saber si estaban siendo interceptados por la Fiscalía en otra investigación. Pero no es todo. Otro testigo explicó que en algunas ocasiones lo que hacían estos policías antinarcóticos era “inflar” el peso de la cocaína que decomisaban para aumentar la recompensa. Las pesquisas de la Fiscalía fueron allanando un camino en la investigación, que se desdobló en tres frentes: el primero, las presuntas irregularidades en el manejo de gastos reservados; el segundo, la manipulación de planillas de pilotos, los repuestos de las aeronaves y las horas de vuelo, y el tercero, las interceptaciones de la sala “Código Negro”.

Sobre esta última línea de investigación, varios miembros de la Policía dieron información clave. Por ejemplo, que una de las fachadas de la sala “Código Negro” estaba ubicada en un edificio ubicado en la avenida El Dorado, en Bogotá. Las fuentes aportaron fotografías de personas vestidas de civil que ellos identificaron como miembros de la Policía Antinarcóticos y que portaban un carné de una empresa comercial. También narraron que un familiar de uno de los oficiales señalados de integrar esta red de corrupción fue capturado en vía pública transportando estupefacientes y que se trató de manipular el caso, pero que al final no fue posible. Asimismo, señalaron que un reconocido empresario del Tolima fue atracado gracias a la información recogida por la sala “Código Negro”. En la acción contra el comerciante cafetero, sin embargo, cayó capturado un policía.

Además de estas declaraciones, documentos y grabaciones de entrevistas, la Fiscalía le pidió a la Inspección de la Policía todos los hallazgos internos de esta red ilegal. Fue así como se recaudaron nuevas pruebas en noviembre de 2019. Evidencias que fueron entregadas por el propio inspector de la Policía, general William René Salamanca. A pesar de estos esfuerzos por desentrañar los tentáculos de esta organización ilegal, tal parece que alguien les avisó de la investigación que adelantaba la justicia y por eso, intempestivamente, cambiaron todos los computadores de la sala “Código Negro”. Una movida que buscaba, al parecer, destruir información de interés para este expediente. Funcionarios de la Inspección de la Policía que están indagando este caso denunciaron lo ocurrido, según pudo establecer El Espectador.

El expediente, a pesar de sus avances, sigue en indagación preliminar y con varias novedades inquietantes. Para empezar, el principal testigo del caso denunció que ha sido víctima de amenazas y que tiene en su poder, casi que como seguro de vida, unas grabaciones muy comprometedoras, que involucrarían a un general de la cúpula de la Policía. Según le contó a la Fiscalía, grabó conversaciones en las que altos oficiales pedían el archivo de estas indagaciones disciplinarias llevadas a cabo por la Inspección de la Policía. Asimismo, indicó que un hermano de uno de los investigados, que tiene grado de mayor, fue puesto en la Policía Antinarcóticos para ocultar cualquier irregularidad y borrar rastros. Una supuesta operación de encubrimiento que se habría puesto en marcha a raíz de las indagaciones de la sala “Código Negro”.

A esto se suman algunas decisiones administrativas de la Fiscalía. En enero pasado fue designada otra fiscal de Lavado de Activos para este proceso, pues el que lo llevaba se pensionó. A pesar del impulso que le dio esta nueva fiscal —al punto que ya se había definido una ruta para concretar imputaciones—, el 5 de mayo último el expediente fue reasignado de nuevo. El cambio produjo malestar en la Inspección de la Policía. Y 10 días después, el 15 de mayo, tras presentar detallados informes sobre el estado de estas pesquisas a dos altas funcionarias de la fiscalía de Francisco Barbosa, los cuatro investigadores que han venido documentando los pasos de esta presunta organización corrupta fueron reubicados “por estrictas necesidades del servicio” en dependencias de La Guajira, Cauca, Nariño y Chocó. Una orden de traslado en plena pandemia.

Con una particularidad más: algunos de esos investigadores del CTI sufren de enfermedades crónicas y su traslado iría en contravía de las directrices del gobierno Duque, para que funcionarios con este tipo de condiciones no deban desplazarse en esta época y realicen teletrabajo. Y, para rematar, también recibieron en sus celulares hace pocos días un mensaje amenazante que decía: “No pudieron con nosotros. Ahora nos toca. Ya empezamos”. Los funcionarios denunciaron esta intimidación a la propia Fiscalía. El mensaje, según algunas averiguaciones preliminares, se remitió desde Bogotá. Este diario se contactó con uno de los testigos del caso, quien señaló que no entiende qué está pasando con la investigación y añadió que tiene miedo. “Es muy triste esto. Están logrando lo que se proponen”.

El Espectador preguntó en la Fiscalía sobre lo que ha venido ocurriendo con un expediente tan sensible. Fuentes de la institución, que le han seguido la pista al caso, aclararon que los investigadores del CTI no serán trasladados a La Guajira, Cauca, Nariño y Chocó, y que ya se está elaborando una nueva resolución para corregir la anterior, pero lo que sí es posible es que en comisión deban desplazarse a esas regiones para investigar crímenes contra líderes sociales o defensores de derechos humanos, donde tienen amplia experiencia. “Son muy buenos funcionarios”, admitieron las mismas fuentes consultadas y agregaron que la administración del fiscal Francisco Barbosa priorizó este expediente, al punto de designar a un curtido fiscal y cinco nuevos investigadores en Bogotá, expertos en asuntos financieros y de irregularidades en salas de interceptación.

De acuerdo con las fuentes del organismo investigador, un expediente de semejante envergadura no tuvo desde el principio el impulso que se requería y por eso, tras una detallada evaluación del proceso, se decidió sumar analistas e investigadores con más trayectoria en este tipo de delitos. “Aquí no estamos dejando de trabajar. Al contrario, vamos a garantizar que llegaremos al fondo de estas denuncias, todo será investigado con suficiencia, porque los señalamientos son muy delicados e incluyen la posible desviación de recursos de la cooperación internacional. Vamos a proteger a los testigos y ya estamos rastreando de mejor manera si hubo pagos irregulares de gastos reservados y las líneas interceptadas, así como los patrimonios de los señalados”, concluyeron las fuentes de la Fiscalía. No hay duda, se trata de uno de los procesos más complejos en la era Barbosa.