El expediente del senador Álvaro Uribe en la Corte Suprema

El 20 de diciembre de 2000, el entonces fiscal general, Alfonso Gómez Méndez, le pidió a uno de sus fiscales delegados ante la Corte Suprema que emitiera una resolución inhibitoria en el caso contra Álvaro Uribe Vélez. Se trataba de una indagación que se había abierto en mayo de ese mismo año por solicitud de un fiscal de derechos humanos, quien había pedido que se investigara la presunta conducta omisiva de Uribe mientras era gobernador de Antioquia, en las dos ocasiones en que la población civil de Ituango fue atacada por paramilitares entre 1996 y 1997, al parecer con complicidad de las Fuerzas Militares.

Los dos ataques son conocidos hoy como las masacres de Ituango. La primera, ocurrida en el corregimiento La Granja, en junio de 1996, dejó cuatro campesinos muertos. En ese momento, con el radicado 122, se pidió que Uribe fuera investigado. En octubre de 1997 fue el turno para el corregimiento El Aro: 16 campesinos fueron acribillados, 17 secuestrados y las casas de la zona quemadas. Hubo entonces indicios de que tanto el gobernador Uribe como su secretario de Gobierno, Pedro Juan Moreno, habrían sido informados de lo que estaba sucediendo, sin que hicieran gestiones para impedirlo.

Esos detalles hacen parte del informe de 17 páginas que el magistrado Fernando Bolaños les entregó a sus compañeros de la Sala Penal de la Corte Suprema hace una semana, tal como se requirió en el fallo reciente de ese mismo tribunal, en el cual se determinó que el senador Iván Cepeda no había abusado de la función pública. Esa decisión fue en respuesta a una denuncia en su contra del senador Álvaro Uribe, quien reportó a Cepeda porque, supuestamente, andaba por las cárceles en busca de testimonios en su contra. La Corte Suprema concluyó que Cepeda no había hecho nada ilegal y, de paso, preguntó por las indagaciones de las masacres de Ituango.

(En contexto: Las interceptaciones de la Corte que llevaron a investigar al senador Álvaro Uribe Vélez)

Fue por eso que el magistrado Bolaños elaboró el informe que repartió entre los miembros de la Sala Penal, en el cual detalló lo que ha pasado con el expediente de las masacres de Ituango, que permaneció en estado inhibitorio por 13 años. Es decir, no estaba archivado, pero sólo pruebas nuevas podrían ameritar una reapertura. Esa resolución inhibitoria se revocó el 2 de enero de 2013. Uribe presentó un recurso de reposición, para que la Fiscalía reconsiderara su decisión. Tras 29 días, el organismo investigativo ratificó lo que ya se había decidido: el expediente se activaba.

El 25 de noviembre de 2014, el proceso 4954 llegó a manos de la Corte Suprema, luego de que el expresidente Uribe fuera elegido senador por el partido Centro Democrático en las elecciones de marzo de ese año. En diciembre de ese mismo año, el expediente fue asignado por reparto al magistrado Gustavo Malo, quien tres años más adelante enfrentaría el peor escándalo de su vida: el del proceso judicial por la presunta manipulación de investigaciones en las altas cortes, más conocido como el cartel de la toga, de lo cual, reclama, es inocente. De hecho, esa es la razón por la cual fue el magistrado Bolaños quien terminó elaborando este reporte: en septiembre del año pasado, cuando el escándalo de la toga estalló, Malo empezó a pedir licencias —va por la cuarta— y no ha regresado al alto tribunal.

El expediente 4954 empezó a andar al ritmo que Malo le quiso imprimir. Cuatro meses después, en abril de 2015, avocó conocimiento del proceso, pero no ordenó pruebas. Un año y siete meses más tarde solicitó por primera vez acciones para recoger evidencias y pidió que se verificara la versión aportada por el exjefe paramilitar Pablo Hernán Sierra, solicitó información de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes sobre denuncias presentadas contra Álvaro Uribe y requirió las declaraciones de los exparamilitares Sierra, Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, y Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario.

Entre enero y febrero de 2017, Pablo Hernán Sierra declaró ante la Corte Suprema. En marzo, Malo recibió de otro despacho una denuncia más contra Uribe, elaborada por un hombre llamado Hans Alberto Posada Pérez, quien pedía que se investigara al expresidente por su supuesta participación en el surgimiento del fenómeno paramilitar en el país. En abril de 2017 fue el turno de declarar de Don Berna, pero por petición suya la diligencia fue suspendida y hasta ahora no se ha reanudado. Dos meses después estalló el escándalo del cartel de la toga, que salpicaría al magistrado Malo en septiembre.

Pero antes de que eso ocurriera, Malo alcanzó a hacer cuatro cosas más. Primero, pidió que se agregara al expediente un escrito de Luis Fernando Caro Solano, quien le aseguró al alto tribunal tener información sobre los presuntos nexos entre Uribe y los paras mientras era gobernador de Antioquia. Caro Solano, exparamilitar, fue clave para que condenaran a Enilce López, la Gata, por el homicidio de un vigilante en junio de 2000. Ha sido procesado por otros crímenes del bloque Norte, como la masacre de El Salado, pero en ciertos escenarios judiciales su testimonio también ha sido calificado por los jueces de inconsistente.

(Álvaro Uribe le pide a la Corte Suprema que evalúe fallo que lo compromete)

Lo segundo que hizo fue sumar al proceso lo que venía de la Comisión de Acusación en relación con el expresidente Uribe y su presunta responsabilidad con la aparición del fenómeno paramilitar en Antioquia, mientras era gobernador de ese departamento. Luego ordenó que se recibieran las declaraciones de Hans Alberto Pérez Posada y Luis Fernando Caro Solano, al tiempo que le pidió al CTI verificar las versiones que ellos ya le habían entregado a la justicia. Por último, ordenó reprogramar la declaración que el propio Don Berna había suspendido, lo cual sucedió el 29 de agosto de 2017. En septiembre se fue —temporalmente, dijo— de la Corte Suprema.

Para noviembre, el expediente ya estaba en manos del magistrado Fernando Bolaños de manera provisional. Él, por su parte, le pidió al CTI verificar la identidad de un hombre llamado Carlos Enrique Vélez, quien envió una carta el 18 de julio de 2017 informando que el senador Iván Cepeda lo había abordado para que declarara contra el expresidente y senador Álvaro Uribe sobre las masacres de Ituango. En febrero de este año, la Corte Suprema concluyó que Cepeda no había buscado manipular testigos y, en un revés para Uribe, solicitó que él fuera investigado por ello mismo.

Uribe, por su parte, rechaza categóricamente haber cometido cualquier acto ilegal. “Jamás se ha opuesto a que su conducta sea investigada por la justicia”, señaló su abogado defensor, Jaime Granados. “Por el contrario, siempre, de forma pública, se ha referido a cualquier señalamiento que se le haya hecho”. Granados igualmente rechazó cualquier omisión de Uribe Vélez en las masacres de Ituango: “Para que se configure un delito de esa naturaleza se requiere que exista capacidad de mando, la cual ni el gobernador ni el alcalde pueden ejercer, pues sólo el presidente de la República, a través del Ministerio de Defensa, puede disponer de las guarniciones militares”, argumentó.

(Vea: La defensa de Uribe califica de "mitos" las acusaciones en su contra)

El expediente Uribe, compuesto por seis cuadernos de actuaciones de la Corte Suprema y 30 de la Fiscalía, además de 108 CD que corresponden sobre todo a declaraciones de Justicia y Paz e informes de Policía Judicial, sigue vivo en la Corte Suprema.

El 20 de diciembre de 2000, el entonces fiscal general, Alfonso Gómez Méndez, le pidió a uno de sus fiscales delegados ante la Corte Suprema que emitiera una resolución inhibitoria en el caso contra Álvaro Uribe Vélez. Se trataba de una indagación que se había abierto en mayo de ese mismo año por solicitud de un fiscal de derechos humanos, quien había pedido que se investigara la presunta conducta omisiva de Uribe mientras era gobernador de Antioquia, en las dos ocasiones en que la población civil de Ituango fue atacada por paramilitares entre 1996 y 1997, al parecer con complicidad de las Fuerzas Militares.

Los dos ataques son conocidos hoy como las masacres de Ituango. La primera, ocurrida en el corregimiento La Granja, en junio de 1996, dejó cuatro campesinos muertos. En ese momento, con el radicado 122, se pidió que Uribe fuera investigado. En octubre de 1997 fue el turno para el corregimiento El Aro: 16 campesinos fueron acribillados, 17 secuestrados y las casas de la zona quemadas. Hubo entonces indicios de que tanto el gobernador Uribe como su secretario de Gobierno, Pedro Juan Moreno, habrían sido informados de lo que estaba sucediendo, sin que hicieran gestiones para impedirlo.

Esos detalles hacen parte del informe de 17 páginas que el magistrado Fernando Bolaños les entregó a sus compañeros de la Sala Penal de la Corte Suprema hace una semana, tal como se requirió en el fallo reciente de ese mismo tribunal, en el cual se determinó que el senador Iván Cepeda no había abusado de la función pública. Esa decisión fue en respuesta a una denuncia en su contra del senador Álvaro Uribe, quien reportó a Cepeda porque, supuestamente, andaba por las cárceles en busca de testimonios en su contra. La Corte Suprema concluyó que Cepeda no había hecho nada ilegal y, de paso, preguntó por las indagaciones de las masacres de Ituango.

(En contexto: Las interceptaciones de la Corte que llevaron a investigar al senador Álvaro Uribe Vélez)

Fue por eso que el magistrado Bolaños elaboró el informe que repartió entre los miembros de la Sala Penal, en el cual detalló lo que ha pasado con el expediente de las masacres de Ituango, que permaneció en estado inhibitorio por 13 años. Es decir, no estaba archivado, pero sólo pruebas nuevas podrían ameritar una reapertura. Esa resolución inhibitoria se revocó el 2 de enero de 2013. Uribe presentó un recurso de reposición, para que la Fiscalía reconsiderara su decisión. Tras 29 días, el organismo investigativo ratificó lo que ya se había decidido: el expediente se activaba.

El 25 de noviembre de 2014, el proceso 4954 llegó a manos de la Corte Suprema, luego de que el expresidente Uribe fuera elegido senador por el partido Centro Democrático en las elecciones de marzo de ese año. En diciembre de ese mismo año, el expediente fue asignado por reparto al magistrado Gustavo Malo, quien tres años más adelante enfrentaría el peor escándalo de su vida: el del proceso judicial por la presunta manipulación de investigaciones en las altas cortes, más conocido como el cartel de la toga, de lo cual, reclama, es inocente. De hecho, esa es la razón por la cual fue el magistrado Bolaños quien terminó elaborando este reporte: en septiembre del año pasado, cuando el escándalo de la toga estalló, Malo empezó a pedir licencias —va por la cuarta— y no ha regresado al alto tribunal.

El expediente 4954 empezó a andar al ritmo que Malo le quiso imprimir. Cuatro meses después, en abril de 2015, avocó conocimiento del proceso, pero no ordenó pruebas. Un año y siete meses más tarde solicitó por primera vez acciones para recoger evidencias y pidió que se verificara la versión aportada por el exjefe paramilitar Pablo Hernán Sierra, solicitó información de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes sobre denuncias presentadas contra Álvaro Uribe y requirió las declaraciones de los exparamilitares Sierra, Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, y Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario.

Entre enero y febrero de 2017, Pablo Hernán Sierra declaró ante la Corte Suprema. En marzo, Malo recibió de otro despacho una denuncia más contra Uribe, elaborada por un hombre llamado Hans Alberto Posada Pérez, quien pedía que se investigara al expresidente por su supuesta participación en el surgimiento del fenómeno paramilitar en el país. En abril de 2017 fue el turno de declarar de Don Berna, pero por petición suya la diligencia fue suspendida y hasta ahora no se ha reanudado. Dos meses después estalló el escándalo del cartel de la toga, que salpicaría al magistrado Malo en septiembre.

Pero antes de que eso ocurriera, Malo alcanzó a hacer cuatro cosas más. Primero, pidió que se agregara al expediente un escrito de Luis Fernando Caro Solano, quien le aseguró al alto tribunal tener información sobre los presuntos nexos entre Uribe y los paras mientras era gobernador de Antioquia. Caro Solano, exparamilitar, fue clave para que condenaran a Enilce López, la Gata, por el homicidio de un vigilante en junio de 2000. Ha sido procesado por otros crímenes del bloque Norte, como la masacre de El Salado, pero en ciertos escenarios judiciales su testimonio también ha sido calificado por los jueces de inconsistente.

(Álvaro Uribe le pide a la Corte Suprema que evalúe fallo que lo compromete)

Lo segundo que hizo fue sumar al proceso lo que venía de la Comisión de Acusación en relación con el expresidente Uribe y su presunta responsabilidad con la aparición del fenómeno paramilitar en Antioquia, mientras era gobernador de ese departamento. Luego ordenó que se recibieran las declaraciones de Hans Alberto Pérez Posada y Luis Fernando Caro Solano, al tiempo que le pidió al CTI verificar las versiones que ellos ya le habían entregado a la justicia. Por último, ordenó reprogramar la declaración que el propio Don Berna había suspendido, lo cual sucedió el 29 de agosto de 2017. En septiembre se fue —temporalmente, dijo— de la Corte Suprema.

Para noviembre, el expediente ya estaba en manos del magistrado Fernando Bolaños de manera provisional. Él, por su parte, le pidió al CTI verificar la identidad de un hombre llamado Carlos Enrique Vélez, quien envió una carta el 18 de julio de 2017 informando que el senador Iván Cepeda lo había abordado para que declarara contra el expresidente y senador Álvaro Uribe sobre las masacres de Ituango. En febrero de este año, la Corte Suprema concluyó que Cepeda no había buscado manipular testigos y, en un revés para Uribe, solicitó que él fuera investigado por ello mismo.

Uribe, por su parte, rechaza categóricamente haber cometido cualquier acto ilegal. “Jamás se ha opuesto a que su conducta sea investigada por la justicia”, señaló su abogado defensor, Jaime Granados. “Por el contrario, siempre, de forma pública, se ha referido a cualquier señalamiento que se le haya hecho”. Granados igualmente rechazó cualquier omisión de Uribe Vélez en las masacres de Ituango: “Para que se configure un delito de esa naturaleza se requiere que exista capacidad de mando, la cual ni el gobernador ni el alcalde pueden ejercer, pues sólo el presidente de la República, a través del Ministerio de Defensa, puede disponer de las guarniciones militares”, argumentó.

(Vea: La defensa de Uribe califica de "mitos" las acusaciones en su contra)

El expediente Uribe, compuesto por seis cuadernos de actuaciones de la Corte Suprema y 30 de la Fiscalía, además de 108 CD que corresponden sobre todo a declaraciones de Justicia y Paz e informes de Policía Judicial, sigue vivo en la Corte Suprema.