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Guillermo Lasso, presidente de Ecuador, anunció esta semana que durante los próximos 60 días su país estará en estado de excepción. Lo hizo en medio de una crisis de violencia cuyo cuyo detonador fue el narcotráfico. Su presencia en el país fronterizo se agudizó en los últimos meses y generó, hace 23 días, la peor masacre en su historia que dejó al menos 119 personas muertas en un enfrentamiento entre bandas rivales en el Centro de Privación de Libertad de Guayaquil. El primer mandatario señaló que existe una “grave conmoción interna” y que “en las calles del Ecuador hay un solo enemigo: el narcotráfico”. Un violento contrincante que ha sido construido paulatinamente en las últimas dos décadas por distintos actores, incluyendo grupos criminales de origen colombiano.
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Las bandas criminales enfrentadas que han desatado una oleada de asesinatos en varias cárceles y zonas del Ecuador son Los Choneros, que mantienen una alianza con emisarios del cartel de Sinaloa (liderado por los hijos del Chapo Guzmán) y los Tiguerones, Los Lobos y Los Lagartos, ligados al cartel de Jalisco Nueva Generación (liderado por alias el Mencho, uno de los narcos más buscado por EE.UU). En medio de estos pactos entre bandas ecuatorianas y mafias mexicanas, fuentes del Ejército y de la Defensoría, aseguran que también intermedia el factor colombiano: las disidencias de las Farc y un grupo sucesor del paramilitarismo que opera a lo largo de la frontera, en los departamentos de Nariño y Putumayo.
Comandos de la Frontera
Desde julio de 2020, en el departamento de Putumayo se empezó a conocer sobre la presencia de un grupo autodenominado Comandos de la Frontera, una atípica alianza entre los frentes 48 y 32 de las disidencias de las Farc con la banda criminal sucesora del paramilitarismo La Constru, grupos armados que desde hace varios años delinquen en esta zona del país y del lado ecuatoriano de la frontera. Lo que ha determinado el Ejército colombiano es que las disidencias cuidan los laboratorios de procesamiento de cocaína y controlan los cultivos de uso ilícito en el departamento, los cuales mantienen en disputa con otra disidencia, el autodenominado Frente Carolina Ramírez.
Por su parte, La Constru, que surgió después de la desmovilización de los paramilitares del Putumayo en 2006, es la que, según fuentes en terreno, tiene los enlaces con las mafias internacionales, como el cartel de Sinaloa. Los grupos criminales que conforman los Comandos de la Frontera se aliaron para mantener bajo su control el negocio del narcotráfico a través de un muy bien aceitado andamiaje para pasar los cargamentos de cocaína a la provincia ecuatoriana de Sucumbíos, territorio que en su momento sirvió como retaguardia de las Farc y donde precisamente fue bombardeado el campamento del jefe guerrillero alias Raúl Rayes, en marzo de 2008.
Las autoridades señalan que usan vehículos con doble fondo, informantes y personal que cuida las cargas en municipios como Puerto Asís y Puerto Leguízamo en Colombia y Puerto El Carmen, Puerto Mestanza y Lago Agrio en Ecuador, donde se pactan las entregas de la cocaína a los grupos criminales ecuatorianos. Estos últimos acopian los alijos para despacharlos vía marítima hacia Centroamérica. Sin embargo, la Policía colombiana ya tenía en sus archivos que los integrantes de los Comandos de la Frontera —desde antes del Acuerdo de Paz, cuando decidieron unirse totalmente— ya habían colaborado esporádicamente para sacar cargamentos de cocaína por esta frontera.
“En 2015, fue capturado por la Policía ecuatoriana, en Lago Agrio (Ecuador), Diego Mauricio Mejía Rojas, alias el Paisa, entonces líder de La Constru, quien para ese momento ya teníamos identificado como un hombre que tenía negocios con los frentes 32 y 48 de las Farc”, dice un investigador de la Dirección Antinarcóticos de la Policía, quien señala que La Constru es liderada por Giovanny Andrés Rojas, alias Araña. Desde 2015, delincuentes del calibre de alias el Alacrán y Gárgola, con fuertes lazos en el narcotráfico del Valle del Cauca, el cartel de Sinaloa y las mafias de los Balcanes, han estado a la cabeza de La Constru. Estas últimas hacen una fuerte presencia en Ecuador y han desatado ajustes de cuentas en ciudades como Guayaquil.
El asesinato que desató la crisis
La banda criminal más importante en Ecuador y que es responsable de las masacres ocurridas en las cárceles de ese país en los últimos meses son Los Choneros, un grupo criminal que desde los años 90 ha tenido relaciones con el narcotráfico colombiano y el cartel de Sinaloa, siendo la encargada de recibir la cocaína en la frontera colombo-ecuatoriana y enviarla camuflada por los puertos marítimos, entre ellos el de Guayaquil. La Dijín de la Policía sabe que esta banda también, en menor medida, es integrada por colombianos. En mayo de 2020, fue capturado el ciudadano colombiano denominado por las autoridades Jaime Adolfo Z. V.
Se trata del hombre que coordinaba a cerca de 28 personas que traía los cargamentos de cocaína en Tumaco (Nariño, Colombia) por la frontera con la provincia de Carchi y luego enviada a Guayaquil. Sin embargo, se desconoce qué grupo era el que les proveía por esa ruta. Este no es el único vínculo de Los Choneros con Colombia, pues, en 2013, Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, entonces líder de la organización, se fugó de una cárcel en Guayaquil con destino a Colombia. Estuvo tres meses a la fuga y fue recapturado en el centro comercial Bulevar Niza en Bogotá. “Estuvo fugitivo gracias a una red de personas que lo mantuvieron en el anonimato”, dice una fuente de la Dijín que participó en el operativo.
Rasquiña fue recapturado, pero quedó libre en junio de 2020. Seis meses después, fue asesinado a plena luz del día en un centro comercial en Manta (Ecuador). Un asesinato que, según medios locales y autoridades de ambos países, generó la crisis de violencia y carcelaria que vive Ecuador al quedarse Los Choneros sin una cabeza y la ambición de las otras bandas de ganarles terreno en las rutas del narcotráfico. Para combatir esta situación, el presidente Lasso anunció controles de armas y tráfico de drogas, inspecciones y patrullaje las 24 horas del día por parte de la Policía y de manera coordinada con las Fuerzas Militares, medidas que también han sido tomadas por los gobiernos de México y Colombia.