6 Jul 2021 - 9:31 p. m.

El documento con el que la JEP imputa militares por falsos positivos en Catatumbo

La decisión del tribunal de paz vincula a 10 militares y un civil.

El macrocaso número 3 que investiga la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) denominado “muertes ilegítimas presentadas en combate”, abierto en julio de 2018, tuvo la primera decisión de fondo este martes. El presidente del tribunal de paz Eduardo Cifuentes confirmó que fueron llamados a imputación 10 militares y un civil por hechos ocurridos en Catatumbo, Norte de Santander.

En concreto, fueron imputados el brigadier general (r) Paulino Coronado Gámez, quien fue comandante de la Brigada 30; los coroneles Santiago Herrera Fajardo y Rubén Darío Castro Gómez, antiguos comandantes de la Brigada Móvil 15 (BRIM15); el teniente coronel Álvaro Diego Tamayo Hoyos, antiguo comandante del Batallón de Infantería No. 15 ‘General Francisco de Paula Santander’ (BISAN) de Ocaña, el teniente coronel Gabriel de Jesús Rincón Amado, exoficial de operaciones de la BRIM15 y el mayor Juan Carlos Chaparro Chaparro, excomandante del BISAN.

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Asimismo, fueron imputados los antiguos oficiales de inteligencia de la Central de Inteligencia de Ocaña (CIOCA): el capitán Daladier Rivera Jácome y al sargento segundo Rafael Antonio Urbano Muñoz; así como al sargento segundo Sandro Mauricio Pérez Contreras quien fue jefe de la sección de inteligencia del BISAN, al cabo primero Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar, excomandante de escuadra en la BRIM15 y al tercero civil Alexander Carretero Díaz, quien trabajó como colaborador de las dos estructuras militares. La Sala de Reconocimiento del tribunal de paz les imputó a los once los delitos de homicidio en persona protegida asesinato y desaparición forzada.

Se espera que durante los próximos meses se tomen alrededor de cinco decisiones similares. Cabe mencionar que, hasta el momento, se han presentado 388 versiones de ahí que la Sala de Reconocimiento de Verdad avance en el esclarecimiento y juzgamiento de los crímenes cometidos por los agentes de Estado que habrían presentado a más 6.400 colombianos como guerrilleros. En la primera fase de esta investigación la JEP priorizó seis zonas del país.

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