El fallo que busca vida digna para las víctimas del conflicto en María La Baja

La comunidad de Paso El Medio, en María La Baja (Bolívar), está conformada por víctimas del desplazamiento forzado en la década de 1990 y principios de los 2000. Desde 2009, la comunidad de Montes de María construyó un asentamiento desde cero, sin ninguna ayuda estatal, y desde entonces han sorteado todos los problemas que implica no tener acceso a una vivienda digna, servicios públicos, a la salud o al agua potable. Una reciente decisión del Consejo de Estado ordenó a la Nación, que por más de una década los dejó de lado, que los priorice y les otorgue todo lo necesario para, por fin, tener una vida digna.

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La violencia de la que huyeron los habitantes de María La Baja no fue cosa menor. De acuerdo con cifras de la Unidad para las Víctimas, se estima que entre 1993 y 2004 huyeron de esa zona 17.495 personas, mientras que miles tuvieron que ver la consolidación de la violencia paramilitar. Dentro de las atrocidades que tuvieron lugar en Montes de María están las masacres de El Salado, en febrero 2000; la de Macayepo, en octubre de 2000; y la de Chengue, en enero de 2001. Fue solamente hasta 2009, cuando algunos de los desplazados decidieron regresar y trataron de reconstruir sus vidas. Las familias que lo habían perdido todo se asentaron en un predio en el corregimiento de Matuya y con sus propias manos construyeron los ranchos y calles que hoy habitan. Pero la Nación, y la propia justicia, han sido “displicentes” con ellos.

Las 38 familias que lograron regresar a Mutaya se asentaron en un predio donado a ellas en 2009 por la asociación campesina No hay como Dios. Sin embargo, han vivido desde entonces en ranchos improvisados con paredes de madera o bahareque que no tienen baños ni acceso a luz eléctrica, alcantarillado ni recolección de basuras. La mayoría de sus habitantes obtiene el agua de pozos artesanales o del río y el acceso a la salud es casi nulo, acudiendo a medicina tradicional de las familias, que no pueden acceder tampoco a servicios farmacéuticos. Por eso, en 2014, iniciaron la acción popular para que la Nación volteara a verlos y les ayudara a mejorar sus pésimas condiciones de vida.

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El caso tuvo su primer round en el Tribunal Administrativo de Bolívar. El líder social Abzalon de Jesús Torres Echeverría, integrante del Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativo (ILSA) presentó la acción en contra de la Presidencia de la República, los ministerios de Agricultura, de Salud, de Justicia y del Interior. También incluyó al Banco Agrario, la Unidad para las Víctimas, la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas (Uaegrtd) y la empresa Aguas Bolívar. Lo que pedía la comunidad era que garantizaran sus derechos a un ambiente sano, a salud y a servicios públicos. También, la construcción de edificaciones y desarrollos urbanos.

Aunque en el caso la comunidad puso todos sus problemas y necesidades de presente, cada una de las autoridades se lanzó la pelota. Solamente la Unidad para las Víctimas dijo que adelantaría las medidas correspondientes para establecer la situación que vivían estas víctimas del conflicto. Finalmente, en septiembre de 2018, cuatro años después de haber iniciado el proceso, el Tribunal falló. Para esa instancia, no podía acceder a las peticiones de la comunidad de Paso El Medio, porque, dice la decisión, esas familias habitan allí “debido a que una corporación privada compró unos terrenos para ayudar a los desplazados por la violencia en una zona que no tiene ninguna denominación como ente territorial”.

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Incluso, la decisión del Tribunal Administrativo de Bolívar le echó la culpa de sus problemas a las propias víctimas. El fallo de primera instancia señaló que si bien se están afectando los derechos colectivos alegados por la comunidad, no se le pueden endilgar responsabilidades al Estado, porque “no es menos cierto que este hecho lo están generando las mismas personas al instalarse de manera irregular, en un territorio rural que no tiene la prestación de los servicios”. Pero, para la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, esa decisión era errada. Ambas apelaron el fallo argumentando que el Tribunal desconoció “los derechos fundamentales de las víctimas del conflicto armado”.

En agosto de 2019, el caso llegó al Consejo de Estado. El alto tribunal no solo encontró que la Nación sí era responsable por las pésimas condiciones de vida en las que están los habitantes, sino que el Tribunal de Bolívar tomó una decisión que ignoraba completamente la realidad. Dentro del fallo se lee que los habitantes de Paso El Medio “son desplazados del conflicto armado y que se encuentran en situación de vulnerabilidad, debido a las precarias condiciones en las que subsisten” y que “las condiciones de vida en la zona son extremadamente difíciles”. Por eso, el Consejo de Estado consideró que lo hecho por el Tribunal fue un error.

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“Sorprende, por decir lo menos, una actitud displicente del Tribunal y estructuralmente desapegada de las pruebas, así como de aspectos sustanciales propios de la historia de violencia que ha acompañado el país por varios lustros. Se trata entonces de una providencia que perpetúa con carácter institucional la desigualdad y exclusión estructural de las personas desplazadas”, dice el fallo del alto tribunal. Por eso, emitió una lista de 12 órdenes a entidades y autoridades estatales para que, finalmente, trabajen por las víctimas. Pero, también, le dio 12 meses a la comunidad para que legalice su asentamiento.

Dentro de lo ordenado, por ejemplo, está un censo que harán el municipio de María la Baja y la Unidad para las víctimas a los habitantes de Paso El Medio, así como su inclusión en el Registro Único de Víctimas. También el alto tribunal le dio cinco meses al departamento de Bolivar para adelantar estudios y garantizar la prestación de todos los servicios públicos a la comunidad. También, el Ministerio de Salud, dentro de otras cosas, tiene seis meses para establecer un plan que garantice a estas personas el acceso al sistema de salud. Por último, el propio Consejo de Estado liderará un comité para verificar que sus órdenes se cumplan y ni el Estado ni la justicia vuelvan a fallarle a la comunidad de Montes de María.

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