El fiscal general y el reto de hacer justicia

Este año, dos grandes escándalos de corrupción han sacudido profundamente el país. El primero fue Odebrecht: enero apenas empezaba a tomar forma cuando se supo de la detención de Gabriel García Morales, exviceministro de Transporte durante el segundo gobierno de Álvaro Uribe, y dos días después, del exsenador liberal Otto Bula. Ambos fueron detenidos y prontamente aceptaron haber recibido de la constructora brasileña US$6,5 millones y US$1 millón, a cambio de haber usado sus posiciones privilegiadas de conexiones de poder para influir en decisiones que beneficiaran a la multinacional. En específico, para que Odebrecht y sus socios obtuvieran la licitación de la Ruta del Sol 2 y una adición sobre ese proyecto, lo que le generó ingresos por más de $3 billones.

El segundo escándalo recibió un particular nombre: el cartel de la toga. El 15 de agosto, siete meses después de que el caso Odebrecht hubiera estallado en Colombia, desde la Fiscalía se informó al país que había indicios de que exmagistrados de la Corte Suprema, junto a abogados como Luis Gustavo Moreno –quien fue jefe anticorrupción de la Fiscalía desde octubre de 2016 hasta que fue capturado el 27 de junio de 2017–, habían pedido dinero a personas investigadas con el propósito de tener injerencia en sus procesos y salvarlos, entre otras cosas, de que fueran detenidos o de que se abrieran investigaciones formales en su contra. Nunca antes la justicia nacional se había visto inmersa en un episodio del cual saliera tan mal parada.

Néstor Humberto Martínez tiene detractores de su gestión. Hay quienes aún miran con sospecha sus nexos con el mundo empresarial, o su cercanía con el partido del candidato presidencial Germán Vargas Lleras. No puede desconocerse, sin embargo, el protagonismo que ha asumido desde que se posesionó como fiscal. El escándalo de Odebrecht estalló mundialmente el 21 de diciembre de 2016, cuando el FBI anunció que se trataba del episodio de corrupción más grande promovido por el sector privado que se hubiera visto. Desde entonces, en ningún otro país las investigaciones han avanzado tanto como en Colombia, donde hay dos condenados, dos testigos claves cooperando y en total, cuando menos, nueve personas privadas de la libertad. Y casi todos, de alto perfil.

(Puede interesarle: Néstor Humberto Martínez, 'workaholic' y poderoso)

Martínez, además, asumió un papel preponderante en la discusión de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP). Dio la pelea porque quedara claro desde el Congreso que los desmovilizados de las Farc que reincidan perderán los beneficios penales que ofrece ese sistema de justicia transicional; ha insistido en que quede claro que a los máximos responsables de graves crímenes nada los salvará de ser sancionados; y se opone a que la Fiscalía tenga facultades de priorización pues, señala, “la Fiscalía General está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de todos los hechos que revistan las características de un delito”. De esta forma, Martínez contrarió una de las propuestas principales que hizo su antecesor, Eduardo Montealegre.

El rol protagónico de la Fiscalía de Martínez también se ha evidenciado en casos que aunque menos trascendentales para el país político, son igual o más importantes para la gente. El que mejor lo ejemplifica es el de la pequeña Yuliana Samboní, por cuyo abuso y asesinato fue sentenciado a 58 años de prisión el arquitecto Rafael Uribe Noguera. En tiempo récord, la Fiscalía detuvo a Uribe Noguera, lo llamó a juicio y obtuvo condena en su contra. También abrió investigación contra sus hermanos, Francisco y Catalina Uribe Noguera, por dos delitos: favorecimiento en secuestro y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. Valga decir, sin embargo, que ese proceso no ha andado con la misma velocidad que el de Rafael Uribe.

El de fiscal general es uno de los cargos más importantes en la justicia, y Néstor Humberto Martínez ha asumido en propiedad la labor para la cual fue elegido. Sus detractores no son pocos y vigilan de cerca si sus acciones van encaminadas hacia combatir la impunidad o favorecer intereses privados. Martínez, por su parte, insiste en que ninguna relación que tenga coarta su independencia como funcionario judicial. Desde antes de llegar a la Fiscalía se sabía que era un adicto al trabajo, y en el organismo investigativo no ha hecho otra cosa que trabajar sin descanso. A tres presidentes (Samper, Pastrana y Santos) les dejó siempre en claro su intención de ser fiscal. Ahora que por fin lo obtuvo, sus acciones dejan ver que está dispuesto a aprovechar cada segundo para demostrar que era el hombre indicado.

Este año, dos grandes escándalos de corrupción han sacudido profundamente el país. El primero fue Odebrecht: enero apenas empezaba a tomar forma cuando se supo de la detención de Gabriel García Morales, exviceministro de Transporte durante el segundo gobierno de Álvaro Uribe, y dos días después, del exsenador liberal Otto Bula. Ambos fueron detenidos y prontamente aceptaron haber recibido de la constructora brasileña US$6,5 millones y US$1 millón, a cambio de haber usado sus posiciones privilegiadas de conexiones de poder para influir en decisiones que beneficiaran a la multinacional. En específico, para que Odebrecht y sus socios obtuvieran la licitación de la Ruta del Sol 2 y una adición sobre ese proyecto, lo que le generó ingresos por más de $3 billones.

El segundo escándalo recibió un particular nombre: el cartel de la toga. El 15 de agosto, siete meses después de que el caso Odebrecht hubiera estallado en Colombia, desde la Fiscalía se informó al país que había indicios de que exmagistrados de la Corte Suprema, junto a abogados como Luis Gustavo Moreno –quien fue jefe anticorrupción de la Fiscalía desde octubre de 2016 hasta que fue capturado el 27 de junio de 2017–, habían pedido dinero a personas investigadas con el propósito de tener injerencia en sus procesos y salvarlos, entre otras cosas, de que fueran detenidos o de que se abrieran investigaciones formales en su contra. Nunca antes la justicia nacional se había visto inmersa en un episodio del cual saliera tan mal parada.

Néstor Humberto Martínez tiene detractores de su gestión. Hay quienes aún miran con sospecha sus nexos con el mundo empresarial, o su cercanía con el partido del candidato presidencial Germán Vargas Lleras. No puede desconocerse, sin embargo, el protagonismo que ha asumido desde que se posesionó como fiscal. El escándalo de Odebrecht estalló mundialmente el 21 de diciembre de 2016, cuando el FBI anunció que se trataba del episodio de corrupción más grande promovido por el sector privado que se hubiera visto. Desde entonces, en ningún otro país las investigaciones han avanzado tanto como en Colombia, donde hay dos condenados, dos testigos claves cooperando y en total, cuando menos, nueve personas privadas de la libertad. Y casi todos, de alto perfil.

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Martínez, además, asumió un papel preponderante en la discusión de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP). Dio la pelea porque quedara claro desde el Congreso que los desmovilizados de las Farc que reincidan perderán los beneficios penales que ofrece ese sistema de justicia transicional; ha insistido en que quede claro que a los máximos responsables de graves crímenes nada los salvará de ser sancionados; y se opone a que la Fiscalía tenga facultades de priorización pues, señala, “la Fiscalía General está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de todos los hechos que revistan las características de un delito”. De esta forma, Martínez contrarió una de las propuestas principales que hizo su antecesor, Eduardo Montealegre.

El rol protagónico de la Fiscalía de Martínez también se ha evidenciado en casos que aunque menos trascendentales para el país político, son igual o más importantes para la gente. El que mejor lo ejemplifica es el de la pequeña Yuliana Samboní, por cuyo abuso y asesinato fue sentenciado a 58 años de prisión el arquitecto Rafael Uribe Noguera. En tiempo récord, la Fiscalía detuvo a Uribe Noguera, lo llamó a juicio y obtuvo condena en su contra. También abrió investigación contra sus hermanos, Francisco y Catalina Uribe Noguera, por dos delitos: favorecimiento en secuestro y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. Valga decir, sin embargo, que ese proceso no ha andado con la misma velocidad que el de Rafael Uribe.

El de fiscal general es uno de los cargos más importantes en la justicia, y Néstor Humberto Martínez ha asumido en propiedad la labor para la cual fue elegido. Sus detractores no son pocos y vigilan de cerca si sus acciones van encaminadas hacia combatir la impunidad o favorecer intereses privados. Martínez, por su parte, insiste en que ninguna relación que tenga coarta su independencia como funcionario judicial. Desde antes de llegar a la Fiscalía se sabía que era un adicto al trabajo, y en el organismo investigativo no ha hecho otra cosa que trabajar sin descanso. A tres presidentes (Samper, Pastrana y Santos) les dejó siempre en claro su intención de ser fiscal. Ahora que por fin lo obtuvo, sus acciones dejan ver que está dispuesto a aprovechar cada segundo para demostrar que era el hombre indicado.