La elección de Rodolfo Hernández como el hombre para encarar en segunda vuelta al hoy elegido presidente, Gustavo Petro, ocasionó movidas no solo políticas, sino también judiciales. Cinco días después de sacar la segunda votación más alta del país en la carrera para llegar a la Casa de Nariño, la Fiscalía tomó una decisión determinante para los procesos judiciales que enfrenta el ingeniero: ordenó enviar todos los expedientes en su contra desde Santander a Bogotá. Con un detalle adicional: no solo cambiaron de ciudad, sino que, para la cúpula del ente investigador, era necesario que un grupo especializado anticorrupción, compuesto de los mejores fiscales en la materia, se encargara de la investigación de quien, en ese momento, podía ser el próximo presidente.
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La decisión de la Fiscalía quedó consignada en la resolución 00463 del 3 de junio de 2022, que firmó la vicefiscal Martha Mancera. En el documento, conocido por El Espectador, señala que la petición de reasignar los casos se realizó el 2 de junio y la hicieron tres fiscales de alto rango: Luisa Fernanda Obando, delegada de Seguridad Ciudadana, Javier Enrique García, delegado contra la criminalidad organizada, y Eduar Alirio Calderón, director especializado contra la corrupción. Los funcionarios, miembros del Grupo de Trabajo de Asignaciones Especiales, consideraron necesario reasignar los expedientes en contra de Hernández “con el fin de generar la máxima transparencia en las decisiones jurídicas”, pues se trataba de “uno de los candidatos a la Presidencia de la República”.
Como se sabe, uno de los expedientes que incluyó la resolución es el que se adelanta en contra del excandidato por su presunta participación en el caso que se ha conocido como el de Vitalogic. La Fiscalía lo señala de haber participado, presuntamente, en hechos de corrupción, mientras fue alcalde de la capital de Santander, por un contrato de asesoría para la Empresa Municipal de Aseo de Bucaramanga (EMAB). Al parecer, intervino para que el negocio quedara en manos de la empresa Vitalogic RSU y, de esta manera, beneficiar a su hijo, Luis Carlos Hernández, quien recibiría una comisión si así se entregaba el contrato. Este caso, el más avanzado de todos, pues Hernández ya fue acusado, está mencionado en la resolución para cambiar de ciudad y asignar nuevos investigadores.
Sin embargo, es solo uno. La Fiscalía explicó en el documento que en contra del líder del “rodolfismo”, como se llama su movimiento político, hay otras 18 noticias criminales y no solo el caso de Vitalogic, como se creía. Según el documento, todos los expedientes están relacionados con presuntos hechos delictivos que ocurrieron mientras Hernández fue alcalde de Bucaramanga, entre 2016 y 2019, y todos tendrían que ver con casos de corrupción. Las 19 noticias criminales se dividen en seis delitos: interés indebido en la celebración de contratos (un caso), peculado por apropiación (dos), intervención en política (dos), prevaricato por omisión (tres), contrato sin cumplimiento de los requisitos legales (5) y prevaricato por acción (seis).
Desde que la vicefiscal Mancera le dio el visto bueno a que todos los procesos cambiaran de investigadores y de ciudad, las carpetas han ido llegando a despachos en Bogotá. Pero con la derrota de Hernández en las urnas, todavía es incierto el destino final de los expedientes. ¿La razón? Porque si el excandidato acepta la curul en el Senado, a la que por ley tiene derecho, todos sus procesos paneles pasarían, según expertos, a ser estudiados en la Corte Suprema de Justicia. El penalista Marlon Díaz, en diálogo con este diario, explicó que Hernández, al tener investidura de congresista, tendría que enfrentar las investigaciones ante el alto tribunal, independientemente de que los hechos hayan ocurrido mientras fue alcalde.
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El abogado agregó que la Sala de Instrucción tendría que analizar cada uno de los expedientes y definir la etapa procesal; es decir, si la investigación debe ir a una acusación o archivo. Pero, en todo caso, es claro que las investigaciones cambiarían de procedimiento: de la Ley 906 a La 600. Aunque se trata de un asunto netamente jurídico y técnico, la diferencia es crucial, pues son dos modelos de juzgamiento diferentes, como ya se vio en el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez. En palabras sencillas, la diferencia más importante es que, mientras en la 906 la Fiscalía es quien investiga, imputa cargos y acusa, en la 600 todo el proceso penal lo adelantan magistrados de la Corte Suprema. Para muchos penalistas, como quienes defienden a Uribe, en el modelo de la Ley 906, con la Fiscalía a bordo, existen más garantías.
Sin embargo, el asunto no tiene una sola mirada. Para el abogado Marlon Díaz, los abogados de Hernández “deben creer que su cliente, como congresista, va a tener más garantías en la Corte. Personalmente, considero que la Ley 906 tiene más garantías. Pero seguramente hay una decisión política que tiene efectos jurídicos. Ellos pueden creer que en la Corte, por su cargo y su votación, le van a tener más objetividad y consideración”. Sin embargo, el penalista también hace una observación adicional: el tiempo. “En referencia al caso de Vitalogic, el juez que tenía el caso ya tenía un cronograma listo, incluso para que se resolviera este mismo año. Ahora, si el expediente pasa a la Corte, los tiempos serán más lentos, pues los magistrados tienen que revisar el caso y, ahí sí, seguir adelante con él”, agregó Díaz.
Por su parte, la penalista y exfiscal Ángela Buitrago agregó otro ingrediente a la situación jurídica de Hernández. Aunque coincide en que si el excandidato llega al Senado su caso pasaría a la Corte, lo que no es claro todavía para ella es que eso vaya a suceder. La abogada recordó que, tanto en el Congreso como en la Corte Constitucional, hay dos procesos que podrían cambiar, de una vez por todas, la forma en que se investiga a los aforados. Mientras que en el primer escenario se estudia un proyecto de ley para eliminar el procedimiento de la Ley 600 para congresistas, en el alto tribunal hay una demanda que busca exactamente lo mismo.
Mientras que todavía no es claro cuándo se conocerá una decisión de fondo, en el mismo limbo está el escenario judicial de Rodolfo Hernández. Lo que se determine en la manera en que deben continuar las 19 noticias criminales en su contra será fundamental para sus aspiraciones, primero como congresista, y después para lo que sus propios hijos han asegurado que pasará en las próximas elecciones presidenciales: “En 2026 seremos el gobierno más votado, con diferencia más grande en la historia de Colombia. El ‘rodolfismo’ llegó para quedarse”.
