El fiscal especializado contra la corrupción Fernando Augusto Arias Velásquez radicó ayer el escrito de acusación contra el exsenador Julián Bedoya por las supuestas irregularidades en el trámite de su título como abogado de la Universidad de Medellín. Además de la noticia de que el político paisa tendrá que defenderse en juicio por, supuestamente, haber solicitado ese diploma de manera irregular, surgió un asunto novedoso. El mismo fiscal que hoy lo lleva al banquillo de los acusados hace un año creía todo lo contrario sobre el caso: en abril de 2023, señaló ante los estrados judiciales que no había pruebas contra el entonces precandidato a la Gobernación de Antioquia y que, por ende, el caso se tenía que cerrar el sonado proceso.
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Sin embargo, esa solicitud del fiscal anticorrupción fue negada de tajo por dos instancias judiciales, la última de ellas el 29 de febrero de 2024 cuando el Tribunal Superior de Medellín señaló que había pruebas suficientes para llamarlo a juicio. Ahora, luego de tres meses, el fiscal Arias Velásquez presentó un documento de 20 páginas en el que retoma gran parte de lo que la Corte Suprema de Justicia ya había recogido desde 2021, cuando Bedoya aún era senador y el alto tribunal tenía la competencia para investigarlo. El escrito, conocido por El Espectador, señala que Bedoya tranzó con la cúpula de la universidad para que en un tiempo récord (e irregular) lo graduaran como abogado.
De acuerdo con el documento conocido por este diario, a partir de 2018, hubo un consenso entre Bedoya y Néstor de Jesús Hincapie Vargas, el entonces rector de la Universidad de Medellín, para que este último “le facilitara al exsenador con el cumplimiento de los requisitos de grado. Esto a cambio de que Bedoya apoyara Aura Marleny Arcila (esposa del rector) con un número significativo de votos para que fuera elegida como concejal de Medellín”. Un asunto que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema ya tenía claro hace tres años cuando, en abril de 2021, decidió llamarlo a indagatoria a Bedoya, es decir, iniciar una investigación formal por los delitos de falsedad ideológica en documento privado y público.
Sin embargo, en 2022, cuando Bedoya renunció al Congreso, el expediente pasó a manos de la Fiscalía, donde solo hasta la investigación de la Corte Suprema vuelve a tener fuerza en el búnker de la Fiscalía. Por ejemplo, otro de los hechos que retoma el ente investigador ahora es que otro de los supuestos compromisos del pacto corrupto es que también “se acordó el apoyo del profesor Jhon Mario Ferrer como candidato a personero de la misma ciudad, por lo que, a partir de allí, se inicia una serie de actos irregulares como órdenes desde la rectoría hacia la secretaría académica, para que finalmente se lograra obviar las normas de la universidad para la facilitación del grado de Bedoya”, dice la acusación.
Para empezar, el exconsejero académico de la facultad, Juan Felipe Hernández, aprobó su reingreso a la Universidad en 2018, cuando la última materia que había visto Bedoya fue en 2007. El problema es que definir ese reingreso era competencia del Consejo de la Facultad. Con el agravante de que, según la trazabilidad de fechas y papeleo, el Consejo Académico se pronunció sobre la posibilidad de reingreso de Bedoya el 27 de septiembre de 2018, dos semanas antes que el exsenador presentara su solicitud formal, el 8 de octubre de ese año. Un aspecto que también quedó plasmado en la investigación disciplinaria de la Procuraduría y que lo terminó inhabilitando durante 10 meses para ocupar cargos públicos.
“Su reingreso coincide justamente con el periodo en que fue elegido senador de la República”, señaló la Procuraduría, argumentando que estas situaciones inverosímiles se dieron a partir de la premisa que todo se le facilitó a Bedoya al tener su investidura de congresista. Por ejemplo, sus exámenes preparatorios debían ser presentados los últimos lunes de noviembre de 2018 y febrero de 2019. Sin embargo, los validó martes y viernes. Con un récord más que particular: Julián Bedoya aprobó Derecho Procesal 2, primero que Derecho Procesal 1. Así lo confirma el Ministerio de Educación, a pesar de que está prohibido en el plan de estudios de la facultad de la Universidad de Medellín.
Para la Procuraduría, el viernes 23 de noviembre de 2018 es un día clave en la historia de Julián Bedoya. Si lo que dice su historial académico fuese cierto, pasó siete exámenes del más alto nivel en el pregrado de Derecho, entre ellos preparatorios y suficiencias, en un solo día. “Lo que permite a todas luces comprobar, un tildado y exagerado beneficio obtenido. Y no como un estudiante del común. Si no que se trató entonces de un beneficio adicional que adquirió el procesado en su calidad de senador de la República”, señala el Ministerio Público en enero de 2024.
Sobre el caso, Bedoya se ha pronunciado poco. En agosto de 2020, el senador Bedoya se refirió con estas palabras al escándalo: “Estudié en la Universidad de Medellín hasta quinto año o noveno semestre. Estando allí, tomé la decisión de retirarme para hacer temas personales. No es cierto que a mí de manera relámpago o fotofinish me otorgaran el título, lo que hice fue presentar exámenes especiales para unas materias que me quedaron faltando”. Lo cierto es que todo está en manos de que la Rama Judicial le asigne a un juez el expediente para que se haga formal su llamado juicio, luego de más de un lustro de haber estallado el escándalo.
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