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El gobernador que no pudo gobernar

Una sanción impuesta por la Procuraduría le impidió posesionarse como mandatario del Cauca en 2003. Ahora, casi cuatro años después, el Consejo de Estado reconoce que fue una equivocación.

Mariana Suárez Rueda

16 de noviembre de 2007 - 01:21 p. m.
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El domingo 26 de octubre de 2003, la fiesta de celebración de José Gabriel Silva por su triunfo como gobernador electo del departamento del Cauca se aguó en medio de un ambiente de desconcierto y zozobra. La investigación disciplinaria que desde 1998 cursaba en su contra en la Procuraduría General de la Nación por irregularidades en un contrato, había concluido y el resultado no era alentador: el nuevo dirigente de los caucanos estaba impedido para ejercer cargos públicos durante cinco años.

Ni los mejores abogados, ni las pruebas de su inocencia que presentó, ni el mandato ciudadano que recibió en las urnas fueron suficientes para evitar que se convocara a nuevas elecciones. Sin embargo, el 18 de octubre de este año, mes y medio antes de que finalizara el período de gobierno que José Gabriel Silva nunca ejerció, el Consejo de Estado profirió un fallo en el que lo declaró inocente.

Aunque durante 1.451 días Silva, un ingeniero civil de 53 años oriundo de Popayán, albergó junto con su esposa y sus tres hijos la esperanza de que en cualquier momento se enmendaría la injusticia que dice se había cometido, la noticia de esta nueva decisión los conmocionó a todos. No sólo porque en ella finalmente se estableció que no era responsable de la investigación disciplinaria que solicitó la Veeduría Ciudadana por su proceder como gerente del Fondo Nacional de Caminos Vecinales en un contrato, sino porque el Consejo de Estado también determinó negarle la indemnización que alegó por los perjuicios que le causó esta situación y el pago de los salarios que dejó de devengar durante estos cuatro años.

“Ahora me toca pelear por el restablecimiento del derecho, porque en este momento ordenan que se corrija mi nombre, que la Procuraduría haga nulidad de todos los actos que ha hecho y obviamente creo que tengo derecho al pago de los daños que me ocasionaron no sólo de tipo económico sino moral”, aseguró Silva. Entretanto, algunos de sus más cercanos colaboradores le sugirieron entablar una acción legal para poder ejercer como gobernador del Cauca en este mes y medio que resta, antes de la posesión de Guillermo Alberto González.

Pero por ahora José Gabriel Silva prefiere tomarse un tiempo para asimilar lo sucedido. Además, está convencido de que no se trata de hacer una reclamación y posesionarse cuando prácticamente se acabó el período, pues él había inscrito un Plan de Desarrollo y elaborado una serie de programas sociales que pretendía ejecutar durante su gestión y que había anunciado públicamente a los caucanos antes de los comicios.

Efectivamente, fue el énfasis social de su campaña lo que le permitió ser electo como gobernador, a pesar de representar al Partido Conservador en una región de tradición netamente liberal. “Me sometí a un escrutinio contra toda la clase política tradicional y gané. Por eso, lo que siento ahora es una gran frustración de ver que lo que impera no es la decisión popular sino las cuestiones de tipo político”, enfatizó.

Historia de una demanda

Luego de graduarse como ingeniero civil de la Universidad del Cauca, José Gabriel Silva comenzó una promisoria carrera en el sector público. Primero lo nombraron subgerente de la Empresa de Energía, posteriormente ocupó la gerencia de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popayán, luego la de la Industria Licorera del Cauca, la de la Empresa Municipal de Energía, la dirección de la Sociedad de Agricultores y Ganaderos, la del Fondo Nacional de Caminos Vecinales y finalmente la de Ferrovías. Pero fue cuando llegó a la gerencia del Fondo Nacional de Caminos Vecinales, que empezaron los dolores de cabeza.

Silva firmó a finales de 1998 la autorización del pago de $29 millones de un contrato para construir unas cunetas en la carretera de Palmas del Socorro (Santander). A los pocos días, la Veeduría Ciudadana envió un comunicado a la Procuraduría en el que informaba que la obra no se había realizado en su totalidad. Por ello se inició una investigación disciplinaria y un mes antes de las elecciones fue sancionado con inhabilidad para ejercer cargos públicos durante cinco años.

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La angustia se apoderó de Silva, su esposa, sus hijos y su equipo de campaña. Por eso, tan pronto se conoció la sanción, su abogado Augusto Ibáñez elaboró un documento al Ministerio Público argumentando su inocencia, puesto que Silva no era el gerente de la entidad cuando se adjudicó el contrato, que solo ordenó el pago y que además es imposible que un directivo conozca todos los detalles de cada una de las obras que se ejecutan en el país. Para ello existen las figuras de los supervisores, interventores y subgerentes, entre otros.

Sin embargo, esto no fue suficiente y el 26 de octubre 2003, en medio de la euforia por su triunfo, Silva y su familia lloraron amargamente al saber que el Consejo Nacional Electoral no le entregaría la credencial de gobernador. La desesperación lo invadió y comenzó a tocar todas las puertas. Consultó a reconocidos juristas, visitó senadores e incluso le solicitó al presidente Álvaro Uribe Vélez que no convocara a nuevas elecciones, que le diera tiempo al fallo de la apelación que había interpuesto ante el Consejo de Estado.

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Pero tan sólo un mes y medio después, los caucanos tuvieron que volver a las urnas para elegir nuevo gobernador. Comenzaron a pasar los días. Y como Silva no podía ejercer ningún cargo público ni contratar con el Estado, se dedicó a vender sus servicios a otras firmas de ingeniería, albergando la esperanza de que en cualquier momento le iba a ser permitido gobernar.

El 18 de octubre de este año, mes y medio antes de la posesión del nuevo gobernador, el Consejo de Estado falló a su favor y ordenó la nulidad de la sanción impuesta por la Procuraduría. Era demasiado tarde. Ya no le quedaba tiempo para gobernar. Ahora lo único que anhela José Gabriel Silva es asimilar la situación, lograr que el Estado lo indemnice y prepararse para su próxima campaña. Entretanto, intenta manejar la profunda tristeza que lo embarga por no haber podido ejercer su mandato como lo querían los caucanos y por saber que aunque en el Cauca unos ganaron, fueron otros los que gobernaron.

Por Mariana Suárez Rueda

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