El presidente Gustavo Petro perdió su primer examen en la Corte Constitucional. El alto tribunal tenía en sus manos la decisión de dejar con vida o tumbar el Decreto 1085 del 2 de julio de 2023, “por medio del cual se declara el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en el departamento de La Guajira”. El mandato, a los ojos de los magistrados, resultó “inexequible” por ir en contra de la Constitución, y para resolver estos problemas en esa parte del país, el Gobierno y el Congreso tendrán que encontrar otra ruta. La decisión obedece a que los magistrados consideran que, aunque sí hay necesidades urgentes que atender en La Guajira, un decreto no solucionará los problemas históricos de esa zona del país.
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Desde que Petro trasladó su gobierno en pleno por una semana a La Guajira, en junio de este año, dejó claro que atender las históricas problemáticas de esa zona son una prioridad para su administración. Allí expidió el decreto que, dentro de otras cosas, le otorgaba poderes especiales como la posibilidad de promulgar decretos de ley sin necesidad de que pasen por la aprobación del Congreso y eso, pareciera, fue lo que no cayó muy bien en la Corte Constitucional. Para el alto tribunal no existe la necesidad real de que, con facultades extraordinarias, se den soluciones a problemáticas de décadas que, según los magistrados, podrían resolver normalmente entre los poderes Ejecutivo y Legislativo.
La decisión fue tomada en Sala Plena este lunes a través de la Sentencia C-383 de 2023, con ponencia conjunta de la magistrada Diana Fajardo y el magistrado Juan Carlos Cortés. Por su parte, el magistrado Alejandro Linares reservó su aclaración de voto. Aun así, la decisión de los togados no empezará a regir inmediatamente, pues, a pesar de su posición frente al tema, los efectos de la sentencia se harán efectivos un año después de la expedición del caído decreto, es decir, el 2 de julio de 2024. Dentro de la decisión salvaron su voto las magistradas Natalia Ángel y Cristina Pardo, y el magistrado Juan Carlos Cortés.
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Este diario conoció los argumentos de Ángel, Pardo y Cortés para discrepar de la decisión de la mayoría de la Sala. A su juicio, el caído decreto no debía ser considerado totalmente inexequible con efectos diferidos, sino que debía tener una “exequibilidad condicionada”, en el sentido de que consideran viable que haya medias extraordinarias “solo para enfrentar a corto plazo el agravamiento de la crisis humanitaria de La Guajira, al tiempo que declaraba la inexequibilidad de lo relacionado con la adopción de medidas estructurales y de largo plazo, en tanto ellas deben tramitarse ante el Congreso”.
En sus argumentos, los tres magistrados le señalaban al gobierno de Gustavo Petro la necesidad de fortalecer el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y el hecho de que “en el futuro la debilidad en la ejecución de las herramientas de los deberes de mitigación del riesgo y adaptación no podría ser planteada de nuevo como justificación de un Estado de emergencia”. Desde la perspectiva de los togados que salvaron el voto, el Gobierno argumentó lo suficiente para hacer uso de facultades extraordinarias, pero “únicamente para enfrentar de manera urgente la situación de agravamiento de una problemática estructural por hechos sobrevinientes” y no de manera indefinida.
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Lo determinado por el alto tribunal desató también la respuesta de distintos factores políticos, dentro de los cuales se pronunciaron voces aplaudiendo la decisión judicial, así como la de otros lamentando que se haya caído. Una de las principales voces sobre el tema llegó directamente desde el Gobierno. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, no se mostró pesimista con la derrota, pues resaltó que “sin cambiar la línea jurisprudencial, la Corte ha reconocido la argumentación del Gobierno Nacional cuando decimos que el fenómeno de La Niña, unido al fenómeno de El Niño, puede tener muy graves efectos en la alimentación y en la supervivencia, especialmente de los niños en La Guajira”.
El alto funcionario sostiene que con la sentencia el Gobierno tiene “un año para utilizar los instrumentos que hemos planteado en los decretos de emergencia y al cabo del año debemos tener listas las leyes que mantengan una acción continuada sobre La Guajira, respetamos la decisión de la Corte y nos adecuamos a ella”. Por la misma línea, Ricardo Bonilla, jefe de la cartera de Hacienda, afirmó que el Gobierno Nacional respeta las decisiones del alto tribunal y agregó que “la situación de La Guajira sigue siendo crítica y en emergencia”. El ministro destacó que es importante que “hayan dejado seguir adelante el tema del agua, que es crucial y el más urgente. (...) La Empresa del Agua sigue adelante y de lo que se trata es de empezar a diseñar cómo construir el acueducto de La Guajira que hoy no tiene”.
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Por Jhordan C. Rodríguez
