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La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia le negó nuevamente la libertad al parapolítico Álvaro “El Gordo” García y además pidió que sus abogados sean investigados por, supuestamente, estar dilatando el proceso. Aunque todos los magistrados estuvieron de acuerdo en que siga en prisión, uno de ellos encontró que los abogados estarían actuando con fines de entorpecer el trabajo de la justicia.
Los abogados del “Gordo” García, Santiago Aguirre Ossa y Luis Felipe Aguirre Vásquez, han pedido en más de cinco ocasiones la libertad de su cliente por el delito de desplazamiento forzado derivado de la masacre de Macayepo en el Carmen de Bolívar en el 2000, cuando García era senador de la República. Todas las veces, la Corte Suprema consideró que el parapolítico no podía ser liberado por presunto vencimiento de términos, como lo argumentaban sus abogados.
Dentro de las múltiples peticiones que han elevado los abogados a los magistrados para tratar de que el “Gordo” García quede en libertad, también han argumentado que por su condición de salud no debería permanecer en un centro carcelario, sino que, a lo mucho, en prisión domiciliaria. Pero en esta ocasión, para los magistrados, la constante presentación de recursos representa una dilatación en el caso.
Según lo dicho por el alto tribunal, “lo que se observa es que lo realizado por la defensa ha sido la formulación indiscriminada de peticiones e interposición de recursos, que al analizarlos de manera detallada permiten entrever posturas contradictorias que únicamente se explican por el hecho de alcanzar su interés, que es exclusivamente, el de inundar la actuación con solicitudes que enervan el normal curso del procedimiento”.
También, la Sala de Primera Instancia encontró que la defensa ha hecho solicitudes que no son aplicables al caso y que solo han tenido la intención de enredar el trabajo de la justicia. Por eso, el alto tribunal determinó que la defensa del parapolítico “ha incurrido en maniobras dilatorias en virtud a la multiplicidad de peticiones y recursos infundados que ha formulado, los cuales han dado al traste con el correcto desarrollo de la actuación procesal”.
La decisión de los magistrados, además de negar nuevamente la libertad a García Romero, fue compulsar copias para que se investigue disciplinariamente a la defensa técnica del exsenador. Esas pesquisas contra los abogados quedan ahora en manos de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial".
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