El próximo 7 de marzo, la Corte Suprema de Justicia intentará, por cuarta vez, elegir a la nueva fiscal general, luego de que el pasado 22 de febrero la Sala Plena no arrojara una votación concluyente. Durante los próximos días, Martha Mancera seguirá siendo la fiscal general interina y la encargada de dar línea sobre las investigaciones del búnker. Justo un día después de que este tribunal fracasara en la elección, Mancera emitió una declaración sobre un expediente que durante los últimos meses fue su principal dolor de cabeza. Se trata de la captura del funcionario del CTI de la Fiscalía, Francisco Javier Martínez, alias Pacho Malo, señalado de vínculos con la mafia y el contrabando y quien fue capturado el mismo 22 de febrero pasado.
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La fiscal (e), en compañía de la cúpula de la Fiscalía, aseguró que “en la lucha implacable de la Fiscalía contra el contrabando, se permite informar sobre la captura de este servidor público adscrito a esta entidad por el delito de concierto para delinquir con fines de contrabando (...) No es con desinformación, ni con opiniones infundadas, ni mancillando la honra y el buen nombre de los funcionarios de la justicia que se combate la delincuencia y se construyen las investigaciones”. El pronunciamiento de Mancera tenía que ver con las recientes publicaciones periodísticas que la han denunciado de supuestamente encubrir a Pacho Malo.
Lo cierto de este caso es que mientras la Fiscalía avanza en el caso contra el investigado miembro del CTI, el propio abogado de Mancera dijo que uno de los principales documentos contra Pacho Malo no aparece. En entrevista con la W Radio, el penalista Juan David Bazzani aseguró que un informe de marzo de 2021, de un agente del CTI que le seguía los pasos a Pacho Malo, no aparece. A su vez, la fiscal que investiga a Francisco Martínez Ardila explicó que el documento no está adentro de las pruebas del caso, sino que tuvieron que incluir fragmentos del archivo publicados en prensa. La cadena radial afirmó que varios funcionarios de la Fiscalía a cargo del expediente contra el agente del CTI intentaron dar con el informe que dio el primer campanazo sobre las presuntas andanzas de Pacho Malo, y este no apareció.
El informe en cuestión, revelado a finales de 2023 por la revista Raya, fue suscrito por el agente encubierto del CTI Mario Herrera, quien fue asesinado en marzo de 2021 por las disidencias de las FARC y días antes de suscribir el ahora embolatado informe. El pasado 6 de febrero de 2024, la fiscal de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico, Sindy Patricia Torres Mesa, le envió un documento al fiscal Jaime Ocampo (quien está siendo procesado por los delitos de fraude procesal, falsedad en documento público y concierto para delinquir), para que enviara el informe que supuestamente escribió Mario Herrera, dos días antes de ser asesinado por el grupo ilegal de las disidencias.
Ese documento de seis páginas da detalles sobre cómo Pacho Malo, siendo funcionario del CTI, habría hecho parte de una red criminal que enviaba cocaína a Centroamérica y Europa junto a otras nueve personas. Ahora que la Fiscalía, luego de tres años, lo procesa penalmente, el documento no haría parte del arsenal probatorio y aún no es claro qué impacto tendrá en este caso. En un escueto comunicado de prensa, la Fiscalía señaló que Pacho Malo será imputado por contrabando en Buenaventura y que también tenía injerencia en el puerto de Barranquilla para tales fines criminales. Además, que el investigado agente del CTI “solicitó al asistente de un despacho fiscal ingresar al sistema interno de la Fiscalía para extraer información reservada sobre un proceso, con el propósito de alertar a los cabecillas y demás integrantes de la estructura dedicada al contrabando”.
Las audiencias contra Pacho Malo se desarrollan en un juzgado de Cali de manera reservada y los medios de comunicación no tuvieron acceso a ella. El ente investigador señaló que “esta petición se sustenta en que el fiscal del caso expondrá información sensible y reservada sobre la investigación, la cual está relacionada con los demás integrantes de la red criminal a la que pertenecería Martínez Ardila. En este momento, realizar las audiencias públicas afectaría el proceso penal en sus distintas líneas investigativas. Esta posición fue respaldada por la Procuraduría, la defensa del investigado y, finalmente, avalada por el juez. Sin embargo, el secretismo de un expediente que tiene a la fiscal Mancera en el centro del debate seguirá dando de qué hablar.
Durante la tarde del pasado viernes 23 de febrero, Pacho Malo no aceptó cargos. La audiencia continuó
este sábado para que la Fiscalía solicitara y sustentara medida de aseguramiento en su contra. Es decir, prisión preventiva mientras su proceso surte las demás etapas procesales y se determina si es culpable o no. Así las cosas, ahora el ente investigador tendrá que destapar sus cartas, menos el primer informe que puso en el radar de la propia Fiscalía a Francisco Javier Martínez y su presunto vínculo con las mafias del suroccidente del país. Se espera que en la tarde de este 24 de febrero, la jueza del caso tome una decisión de fondo sobre si Martínez Ardila debe permanecer en la cárcel mientras avanza el proceso en su contra.
