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El invisible hacinamiento de detenidos en estaciones de Policía ya llegó al 144%

Un informe interno de la entidad explica que en la estación de Suba, en Bogotá, donde la semana pasada hubo un intento de motín, hay una sobrepoblación del 266%. La Corte Constitucional había declarado un estado de cosas inconstitucional.

20 de febrero de 2023 - 07:56 p. m.
Familiares de algunos presos protestaron durante la pandemia por Covid-19 al frente de la cárcel La Picota, en Bogotá.
Familiares de algunos presos protestaron durante la pandemia por Covid-19 al frente de la cárcel La Picota, en Bogotá.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La sobrepoblación en estaciones de Policía llegó hasta el 144 porciento. Así lo asegura un informe interno de la institución, que explica que estos lugares no tienen la infraestructura para soportar a detenidos, mucho menos para contener ese nivel de hacinamiento, que ya ha pasado factura en la salud mental de los reclusos, que a su vez son cuidados por agentes de policía que no han recibido formación para ejercer como custodios.

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El informe asegura que en las estaciones de Policía actualmente están detenidas 21.101 personas, 20.428 hombres, 643 mujeres y 30 de la comunidad LGBTI+. Esta cifra supera por 12.459 a los cupos que tiene la entidad en sus centros de detención, que además están diseñados para retener por hasta 36 horas a los capturados, mientras se hacen trámites administrativos. No para mantener a personas que ya han sido imputadas o condenadas, como está ocurriendo actualmente.

Según las cifras de la Policía, 1.620 personas que ya fueron condenadas y deberían estar bajo custodia del Inpec, actualmente permanecen en estos centros de detención. Del total, 12.069 reclusos se encuentran en estaciones metropolitanas y 9.032 en los departamentos de policía. El informe alerta que la precaria infraestructura y el hecho de que los uniformados no estén preparados para ejercer labores de custodia, puede traer problemas.

Sobre lo primero, ya comienzan a producirse los primeros estragos. Por ejemplo, ya a mediados de febrero hubo un intento de motín en la estación de Policía de Suba, en el noroccidente de Bogotá, luego de que un grupo de reclusos protestara por las condiciones en las que están detenidos y se iniciara un incendio. Luego de lo ocurrido, la Policía analizó la situación del lugar y encontró que hay 160 personas en un lugar que tiene capacidad para apenas 60. Es decir, hay un hacinamiento del 266%.

La Personería de Bogotá se manifestó desde enero de 2023 mediante un comunicado al respecto y dijo que el hacinamiento a inicios de año que se vive en las estaciones de Policía y URI de la ciudad es casi de 300% de su capacidad máxima. Además, insistió en que es una preocupación reiterada desde esta entidad. A corte del 16 de enero de 2023, en la capital hay 2.392 personas, cuando la capacidad de salas es apenas para 785.

La situación se repite en otras ciudades capitales, como Medellín, Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga y Cúcuta. En Cali, por ejemplo, El País afirma en un informe del 19 de febrero de 2023, que “los reclusos denuncian el mal estado de los alimentos, las infecciones cutáneas que sufren y problemas para ver a sus familiares. Estos sitios que son de reclusión transitoria se convirtieron en lugares de detención permanente”.

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Sobre el hacinamiento, el 4 de abril de 2022 fue la última y cuarta vez que la Corte Constitucional declaró al respecto, afirmando que toda persona que esté investigada o condenada por un delito en Colombia, y que esté en un centro de reclusión, vive en un estado de cosas inconstitucional, es decir, bajo una grave y masiva violación de los derechos que son amparados en la Constitución. En ese momento, la alta corte también evidenció que el esto también se da en las estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI) los detenidos permanecen en condiciones infrahumanas.

Asimismo, la Corte constató que las razones para mantener la imposibilidad de que las personas capturadas ingresen y se les cumpla con su derecho de acceder al sistema penitenciario, existen vacíos normativos en la distribución de competencias entre autoridades territoriales, altos índices de criminalidad y una aplicación abusiva de la detención preventiva, entre otras.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

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