En Colombia, dos han sido las instituciones oficiales que, en cuestión de demandas, se erigieron como el mayor desangre para las finanzas estatales: el Instituto de Seguros Sociales (ISS) y la Caja de Previsión Nacional (Cajanal).
En la primera, actualmente, cursan 59.696 procesos que representan una suma de $1.4 billones, lo mismo que necesitará la Fuerza Aérea para funcionar durante 2009. En la segunda, existen 32.279 procesos que equivalen a $337.384 millones. En torno a estas demandas, la mayoría por pensiones e incrementos pensionales, las proyecciones del Gobierno no son alentadoras: las probabilidades de perder son superiores al 90%.
Esta problemática, que comenzó a originarse en los años 90, ha pasado de administración en administración. Como una bola de nieve creció hasta convertirse en una temible avalancha que hoy, en manos del Ministerio del Interior, no es más que una prioridad. Por esta razón, al escritorio del ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, llegó una carta del viceministro de Justicia, Miguel Antonio Ceballos. La propuesta del documento, palabras más, palabras menos, era aceptar que el Estado no va a tener éxito en más del 6% de esas demandas. Que lo administrativo y lo judicial urgen por una descongestión. Que el detrimento patrimonial es evidente. Que conciliar es la vía acertada.
El asunto es una de las mayores preocupaciones en la cartera del Interior. Este año comenzó el proyecto de fortalecer la defensa del Estado, que se basa en profesionalizar a los litigantes de las organizaciones oficiales, pero sobre todo, en las conciliaciones y los arbitramentos para que las cifras de las demandas no se vuelvan más astronómicas aún por la lentitud del sistema judicial. Para fortalecer el proyecto, el Banco Mundial donó US$479.000 dólares y el BID otros US$672.00. Las demandas contra la Nación, cuyas pretensiones actuales alcanzan los $658 billones de pesos (180% del PIB), son un desagüe de los dineros de los contribuyentes. Medidas como las que se pretenden tomar con el Seguro Social y Cajanal, ante las mínimas posibilidades de una victoria jurídica, se convirtieron en el único camino seguro para que no se pierda más dinero del necesario.
Por El Espectador
