El juez que puso a temblar a Brasil

Detrás del caso Petrobras, que investiga el desvío organizado de hasta US$3.000 millones y sacude los cimientos institucionales de Brasil, hay un juez federal de 42 años, Sergio Moro, considerado uno de los mayores expertos del país en la lucha contra el lavado de dinero. Tras firmar una orden de detención contra 21 de los miembros más ricos y poderosos del establishment empresarial, Moro se convirtió también en uno de los personajes más respetados y conocidos del país.

En las calles de Curitiba, capital del estado de Paraná, donde la oficina de Moro ha centralizado las investigaciones de la operación Lava Jato, el magistrado es ya una figura popular. “Es un juez con impulso, no se detiene ante nada”, afirma el director de una importante emisora local. Su creciente reputación intimida incluso a los abogados defensores de los 13 empresarios aún presos. “Tiene mucho respaldo en la justicia federal”, reconoce Pedro Henrique Xavier, abogado de la constructora Galvão Engenharia S.A.

En la comisaría de la policía federal donde comparten celda y prestan declaración los millonarios arrestados, los letrados se quejan a diario porque sus clientes no han abandonado la cárcel. Sin embargo, sus recursos de hábeas corpus (contra detenciones arbitrarias) son sistemáticamente denegados. “Es un juez metódico y con mucho empuje”, concede otro de los abogados.

Poco se sabe sobre la vida privada de Sergio Moro, quien, pese a su juventud, es uno de los tres candidatos a ocupar la plaza que dejó este año Joaquim Barbosa en el Tribunal Supremo Federal, máxima autoridad judicial del país. Casado y con dos hijos, Moro nació en la localidad paranaense de Maringá, donde estudió derecho antes de completar su formación en la Universidad de Harvard (Estados Unidos). Doctor en derecho, juez desde 1986 y también profesor universitario, Moro se especializó en delitos financieros y cursó su propio máster práctico en el caso Banestado, un proceso judicial desarrollado entre 2003 y 2007 que culminó con la condena de 97 personas por el envío de remesas ilegales de divisas al exterior desde diversos bancos brasileños. Uno de esos condenados era otro ciudadano paranaense llamado Alberto Youssef, cambista convertido en eslabón fundamental del caso Petrobras.

Moro ha alcanzado también cierta notoriedad académica: su libro Delitos de lavado de dinero (2011) es una referencia nacional en la materia. El juez cooperó incluso con la jueza Rosa Weber en la fase final del caso Mensalão (2005), en aquel momento el mayor caso de corrupción de la historia brasileña. Por todo ello, la Asamblea Legislativa del estado de Paraná prepara la concesión al juez del título de Ciudadano Benemérito.

El expediente Lava Jato crece a medida que más acusados se suman a las delaciones premiadas, lo que extiende el pánico entre contratistas, políticos, directivos de Petrobras y banqueros. El trabajo de Moro, de cualquier manera, tiene fecha de caducidad: la muy probable acusación formal de cargos políticos. Es un secreto a voces que la policía federal está tratando de retrasar la imputación de políticos, puesto que implicaría el traslado inmediato de la causa al Tribunal Supremo Federal, en Brasilia. “Moro va a seguir la pista del dinero, duela a quien duela”, insiste otro fiscal, “el resto ya no depende de él”.

Las críticas a Moro se suman a los reproches que funcionarios del PT deslizaron durante la reciente campaña electoral por filtraciones supuestamente interesadas. El abogado de la constructora UTC, Alberto Zacharias Toron, sostiene que Moro incurre en una forma de “extorsión de confesiones y delaciones”.

En su ya célebre orden de detención, el juez aludía a declaraciones de la presidenta, Dilma Rousseff, y su contrincante del PSDB-MG, el senador Aécio Neves, quienes durante la disputa electoral defendieron la continuación de las investigaciones. Moro escribió: “Las llamadas provenientes de dos de las mayores autoridades políticas del país, ubicadas en campos políticos opuestos, confirman la necesidad de una respuesta institucional inmediata para detener el ciclo delictivo descubierto por las investigaciones, haciendo inevitable el remedio amargo, o sea, la prisión cautelar”. Para muchos un héroe, para otros un “justiciero” incómodo, nadie duda ya que el juez Moro tiene en sus manos parte del futuro inmediato de Brasil.

Detrás del caso Petrobras, que investiga el desvío organizado de hasta US$3.000 millones y sacude los cimientos institucionales de Brasil, hay un juez federal de 42 años, Sergio Moro, considerado uno de los mayores expertos del país en la lucha contra el lavado de dinero. Tras firmar una orden de detención contra 21 de los miembros más ricos y poderosos del establishment empresarial, Moro se convirtió también en uno de los personajes más respetados y conocidos del país.

En las calles de Curitiba, capital del estado de Paraná, donde la oficina de Moro ha centralizado las investigaciones de la operación Lava Jato, el magistrado es ya una figura popular. “Es un juez con impulso, no se detiene ante nada”, afirma el director de una importante emisora local. Su creciente reputación intimida incluso a los abogados defensores de los 13 empresarios aún presos. “Tiene mucho respaldo en la justicia federal”, reconoce Pedro Henrique Xavier, abogado de la constructora Galvão Engenharia S.A.

En la comisaría de la policía federal donde comparten celda y prestan declaración los millonarios arrestados, los letrados se quejan a diario porque sus clientes no han abandonado la cárcel. Sin embargo, sus recursos de hábeas corpus (contra detenciones arbitrarias) son sistemáticamente denegados. “Es un juez metódico y con mucho empuje”, concede otro de los abogados.

Poco se sabe sobre la vida privada de Sergio Moro, quien, pese a su juventud, es uno de los tres candidatos a ocupar la plaza que dejó este año Joaquim Barbosa en el Tribunal Supremo Federal, máxima autoridad judicial del país. Casado y con dos hijos, Moro nació en la localidad paranaense de Maringá, donde estudió derecho antes de completar su formación en la Universidad de Harvard (Estados Unidos). Doctor en derecho, juez desde 1986 y también profesor universitario, Moro se especializó en delitos financieros y cursó su propio máster práctico en el caso Banestado, un proceso judicial desarrollado entre 2003 y 2007 que culminó con la condena de 97 personas por el envío de remesas ilegales de divisas al exterior desde diversos bancos brasileños. Uno de esos condenados era otro ciudadano paranaense llamado Alberto Youssef, cambista convertido en eslabón fundamental del caso Petrobras.

Moro ha alcanzado también cierta notoriedad académica: su libro Delitos de lavado de dinero (2011) es una referencia nacional en la materia. El juez cooperó incluso con la jueza Rosa Weber en la fase final del caso Mensalão (2005), en aquel momento el mayor caso de corrupción de la historia brasileña. Por todo ello, la Asamblea Legislativa del estado de Paraná prepara la concesión al juez del título de Ciudadano Benemérito.

El expediente Lava Jato crece a medida que más acusados se suman a las delaciones premiadas, lo que extiende el pánico entre contratistas, políticos, directivos de Petrobras y banqueros. El trabajo de Moro, de cualquier manera, tiene fecha de caducidad: la muy probable acusación formal de cargos políticos. Es un secreto a voces que la policía federal está tratando de retrasar la imputación de políticos, puesto que implicaría el traslado inmediato de la causa al Tribunal Supremo Federal, en Brasilia. “Moro va a seguir la pista del dinero, duela a quien duela”, insiste otro fiscal, “el resto ya no depende de él”.

Las críticas a Moro se suman a los reproches que funcionarios del PT deslizaron durante la reciente campaña electoral por filtraciones supuestamente interesadas. El abogado de la constructora UTC, Alberto Zacharias Toron, sostiene que Moro incurre en una forma de “extorsión de confesiones y delaciones”.

En su ya célebre orden de detención, el juez aludía a declaraciones de la presidenta, Dilma Rousseff, y su contrincante del PSDB-MG, el senador Aécio Neves, quienes durante la disputa electoral defendieron la continuación de las investigaciones. Moro escribió: “Las llamadas provenientes de dos de las mayores autoridades políticas del país, ubicadas en campos políticos opuestos, confirman la necesidad de una respuesta institucional inmediata para detener el ciclo delictivo descubierto por las investigaciones, haciendo inevitable el remedio amargo, o sea, la prisión cautelar”. Para muchos un héroe, para otros un “justiciero” incómodo, nadie duda ya que el juez Moro tiene en sus manos parte del futuro inmediato de Brasil.