El laberinto del caso del exdirector del IDU Andrés Camargo

Hace 18 años, por insistencia del elegido alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, el ingeniero Andrés Camargo Ardila hizo una pausa en su trayectoria profesional en el sector privado y aceptó ser director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU). Durante tres años firmó más de 1.500 contratos por más de $2 billones, entre los cuales se desarrollaron las tres primeras troncales del sistema Transmilenio. Sin embargo, desde que dejó de ser funcionario público, lo persigue un turbulento y enredado proceso penal que todavía no concluye.

Hace tres semanas trascendió que la Procuraduría advirtió que el proceso está prescrito y que en el expediente que hoy está en poder de la Corte Suprema de Justicia ya ni siquiera están los registros del juicio que lo condenó en primera instancia en octubre de 2010. No obstante, el proceso se mantiene vigente, y ahora Camargo confía en que los magistrados del alto tribunal, que tuvieron que revisar su caso por orden de la Corte Constitucional a través de una tutela, le pongan punto final a una controversia también matizada por la política.

La historia de la mala hora de Andrés Camargo empezó en enero de 2002, cuando el IDU reportó daños en las troncales de Transmilenio de la autopista Norte, avenida Jiménez y avenida Caracas por uso de material inadecuado. El asunto se volvió escándalo político y la Fiscalía le abrió cuatro investigaciones por los presuntos delitos de celebración indebida de contratos y peculado culposo. Fueron varios años de forcejeo jurídico, concentrados más en la negligencia que en el dolo, hasta que lo llamaron a juicio.

La defensa de Camargo siempre se basó en que su obligación fue seleccionar a profesionales adecuados para los aspectos técnicos de la obra y concentrarse en el tema administrativo y gerencial. La Fiscalía no dejó de endilgarle responsabilidad porque debía cumplir con los fines de la administración y estar atento a los contratos y sus contenidos en los comités específicos. En ese momento, ya el IDU y Transmilenio, a través de la firma Francisco Sintura Valera Abogados Asociados S. A., se había vuelto parte activa en la pelea judicial.

A partir de 2006 transcurrieron seis años para que Camargo tuviera en sus manos una sentencia. Sin embargo, en febrero de 2008, la Fiscalía ordenó su detención por el caso de los daños en la troncal de la calle 80 y estuvo 19 días en La Picota y cuatro meses en detención domiciliaria. Ante las dudas del caso, el fiscal Mario Iguarán decidió asumirlo y dispuso su libertad. Entre tanto, el resto de sus expedientes empezó a rodar entre varios despachos, hasta que el capítulo autopista Norte lo tomó el Juzgado 45 Penal de Descongestión.

El 10 de octubre de 2012, una década después de dejar el IDU, Andrés Camargo y dos funcionarios técnicos, que tuvieron a su cargo la supervisión de los contratos con sus adiciones, fueron condenados a 85 meses de prisión. Paradójicamente, la sentencia no aclaró la causa de los daños en la vía, pero sí recalcó que Camargo estaba obligado a controlar las decisiones técnicas de los proyectos ejecutados por la entidad. De inmediato, el exdirector del IDU apeló la decisión y reclamó la prescripción del delito de peculado culposo.

En 2013, mientras Camargo ganaba su primera batalla al ser absuelto por el caso de la calle 80, el Tribunal Superior de Bogotá falló en su contra. Aunque le dio la razón respecto a la prescripción del delito de peculado, ratificó la condena por la celebración de contratos sin requisitos legales y su pena quedó en 60 meses de prisión. La sorpresa fue que, por insistencia de los abogados contratados por el IDU, se incluyó una prueba que en primera instancia había sido declarada ilegal, y por pago de perjuicios lo pusieron a pagar a $108.000 millones.

En su decisión, del 30 de agosto de 2013, el Tribunal Superior de Bogotá insistió en que Camargo tenía que estar al tanto de los trámites de los contratos y que al utilizar relleno fluido —la piedra de la discordia— se favorecieron intereses de empresas afiliadas a la firma Asocreto. Tres meses después de la decisión, Andrés Camargo presentó recurso de casación ante la Corte Suprema que primero designó como ponente a la magistrada María del Rosario González y, por congestión, se reasignó después al despacho de Eugenio Fernández.

En junio de 2014, la Corte inadmitió la casación argumentando que no había elementos nuevos por evaluar, pero agregó consideraciones de fondo en la discusión judicial. Ante lo sucedido, Camargo contactó a las autoridades judiciales para cumplir su sentencia, pero éstas se demoraron tres meses para decidir dónde debía acudir. Finalmente, el 7 de septiembre de 2014, fue recluido en el Centro de Estudios Superiores de la Policía (Cespo). Una semana después formalizó su última carta: una acción de tutela contra la Corte Suprema.

El 9 de octubre de 2014 perdió ante la propia Corte Suprema, pero cuando todo parecía consumado y el caso ya era del dominio público, la Corte Constitucional decidió revisar el caso. Un año después, la Corte Constitucional calificó de “insuficiente motivación los argumentos de la Corte Suprema y le concedió la tutela a Camargo, ordenando que su caso fuera revisado en casación. A esta instancia fue a donde la Procuraduría planteó que el caso ya está prescrito y que no entiende cómo se ha podido fallar si se perdieron los audios del juicio.

Como era de esperarse, los cinco magistrados que inadmitieron la casación de Andrés Camargo se declararon impedidos por haber manifestado su opinión sobre el asunto materia del proceso. Sin embargo, la Sala Plena determinó que deben participar en el debate. La prescripción sigue rondando el caso y para la Procuraduría ésta ya obró desde diciembre de 2014. Eso respecto al capítulo de la autopista Norte, pues en el caso de la troncal de la 80 ya fue absuelto en 2013 y la de la Jiménez, en 2014. El proceso de la Caracas está en averiguaciones hace 14 años.

Aunque Camargo está libre desde octubre de 2015, después de pasar 14 meses detenido, su vida se alterna entre la familia, sus procesos y su trabajo en el sector privado. Desde 2011 ha sido presidente de la revista Cambio, la Constructora Colpatria, la Constructora de Pedro Gómez y Preveo. No tiene interés alguno en volver al sector público. Ni siquiera ahora que Peñalosa es el nuevo alcalde. Consultado sobre lo sucedido afirma: “Sólo pido un juicio imparcial”. La firma Francisco Sintura Varela confía en cobrar su comisión de éxito del 5% de los perjuicios económicos que se deriven del proceso penal.

El caso que mandó a la cárcel a Andrés Camargo

En diciembre de 1998 el IDU, bajo la dirección de Andrés Camargo, contrató a la firma Steer Davis & Glave para realizar el diseño de las obras de adecuación de la calle 80, la avenida Caracas y la autopista Norte para la implementación del sistema Transmilenio.

Una vez aprobados los diseños, comenzó la etapa de rehabilitación de las calzadas centrales. Para ellos, se utilizó un relleno fluido que resultó ser poco resistente y derivó en la destrucción de algunas losas.

Camargo ha insistido que no fue él quien decidió utilizar ese material pues no estuvo presente en el comité en el que se determinó la utilización del relleno fluido.

Sin embargo, la Fiscalía lo acusó en agosto de 2006, junto a otros dos funcionarios, de ser el responsable pues no vigiló la toma de esas decisión. Cuatro años después, el Juzgado 45 Penal de Bogotá los condenó. y en 2013, el Tribunal Superior de Bogotá modificó la condena y determinó que debían pagar 60 meses de prisión y $108.000 millones que debían ser consignados al IDU, por perjuicios ocasionados.

Camargo le pidió a la Corte en 2014 que revisara su caso, pero ésta se negó. Su último recurso fue una tutela ante la Corte Constitucional.

Hace 18 años, por insistencia del elegido alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, el ingeniero Andrés Camargo Ardila hizo una pausa en su trayectoria profesional en el sector privado y aceptó ser director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU). Durante tres años firmó más de 1.500 contratos por más de $2 billones, entre los cuales se desarrollaron las tres primeras troncales del sistema Transmilenio. Sin embargo, desde que dejó de ser funcionario público, lo persigue un turbulento y enredado proceso penal que todavía no concluye.

Hace tres semanas trascendió que la Procuraduría advirtió que el proceso está prescrito y que en el expediente que hoy está en poder de la Corte Suprema de Justicia ya ni siquiera están los registros del juicio que lo condenó en primera instancia en octubre de 2010. No obstante, el proceso se mantiene vigente, y ahora Camargo confía en que los magistrados del alto tribunal, que tuvieron que revisar su caso por orden de la Corte Constitucional a través de una tutela, le pongan punto final a una controversia también matizada por la política.

La historia de la mala hora de Andrés Camargo empezó en enero de 2002, cuando el IDU reportó daños en las troncales de Transmilenio de la autopista Norte, avenida Jiménez y avenida Caracas por uso de material inadecuado. El asunto se volvió escándalo político y la Fiscalía le abrió cuatro investigaciones por los presuntos delitos de celebración indebida de contratos y peculado culposo. Fueron varios años de forcejeo jurídico, concentrados más en la negligencia que en el dolo, hasta que lo llamaron a juicio.

La defensa de Camargo siempre se basó en que su obligación fue seleccionar a profesionales adecuados para los aspectos técnicos de la obra y concentrarse en el tema administrativo y gerencial. La Fiscalía no dejó de endilgarle responsabilidad porque debía cumplir con los fines de la administración y estar atento a los contratos y sus contenidos en los comités específicos. En ese momento, ya el IDU y Transmilenio, a través de la firma Francisco Sintura Valera Abogados Asociados S. A., se había vuelto parte activa en la pelea judicial.

A partir de 2006 transcurrieron seis años para que Camargo tuviera en sus manos una sentencia. Sin embargo, en febrero de 2008, la Fiscalía ordenó su detención por el caso de los daños en la troncal de la calle 80 y estuvo 19 días en La Picota y cuatro meses en detención domiciliaria. Ante las dudas del caso, el fiscal Mario Iguarán decidió asumirlo y dispuso su libertad. Entre tanto, el resto de sus expedientes empezó a rodar entre varios despachos, hasta que el capítulo autopista Norte lo tomó el Juzgado 45 Penal de Descongestión.

El 10 de octubre de 2012, una década después de dejar el IDU, Andrés Camargo y dos funcionarios técnicos, que tuvieron a su cargo la supervisión de los contratos con sus adiciones, fueron condenados a 85 meses de prisión. Paradójicamente, la sentencia no aclaró la causa de los daños en la vía, pero sí recalcó que Camargo estaba obligado a controlar las decisiones técnicas de los proyectos ejecutados por la entidad. De inmediato, el exdirector del IDU apeló la decisión y reclamó la prescripción del delito de peculado culposo.

En 2013, mientras Camargo ganaba su primera batalla al ser absuelto por el caso de la calle 80, el Tribunal Superior de Bogotá falló en su contra. Aunque le dio la razón respecto a la prescripción del delito de peculado, ratificó la condena por la celebración de contratos sin requisitos legales y su pena quedó en 60 meses de prisión. La sorpresa fue que, por insistencia de los abogados contratados por el IDU, se incluyó una prueba que en primera instancia había sido declarada ilegal, y por pago de perjuicios lo pusieron a pagar a $108.000 millones.

En su decisión, del 30 de agosto de 2013, el Tribunal Superior de Bogotá insistió en que Camargo tenía que estar al tanto de los trámites de los contratos y que al utilizar relleno fluido —la piedra de la discordia— se favorecieron intereses de empresas afiliadas a la firma Asocreto. Tres meses después de la decisión, Andrés Camargo presentó recurso de casación ante la Corte Suprema que primero designó como ponente a la magistrada María del Rosario González y, por congestión, se reasignó después al despacho de Eugenio Fernández.

En junio de 2014, la Corte inadmitió la casación argumentando que no había elementos nuevos por evaluar, pero agregó consideraciones de fondo en la discusión judicial. Ante lo sucedido, Camargo contactó a las autoridades judiciales para cumplir su sentencia, pero éstas se demoraron tres meses para decidir dónde debía acudir. Finalmente, el 7 de septiembre de 2014, fue recluido en el Centro de Estudios Superiores de la Policía (Cespo). Una semana después formalizó su última carta: una acción de tutela contra la Corte Suprema.

El 9 de octubre de 2014 perdió ante la propia Corte Suprema, pero cuando todo parecía consumado y el caso ya era del dominio público, la Corte Constitucional decidió revisar el caso. Un año después, la Corte Constitucional calificó de “insuficiente motivación los argumentos de la Corte Suprema y le concedió la tutela a Camargo, ordenando que su caso fuera revisado en casación. A esta instancia fue a donde la Procuraduría planteó que el caso ya está prescrito y que no entiende cómo se ha podido fallar si se perdieron los audios del juicio.

Como era de esperarse, los cinco magistrados que inadmitieron la casación de Andrés Camargo se declararon impedidos por haber manifestado su opinión sobre el asunto materia del proceso. Sin embargo, la Sala Plena determinó que deben participar en el debate. La prescripción sigue rondando el caso y para la Procuraduría ésta ya obró desde diciembre de 2014. Eso respecto al capítulo de la autopista Norte, pues en el caso de la troncal de la 80 ya fue absuelto en 2013 y la de la Jiménez, en 2014. El proceso de la Caracas está en averiguaciones hace 14 años.

Aunque Camargo está libre desde octubre de 2015, después de pasar 14 meses detenido, su vida se alterna entre la familia, sus procesos y su trabajo en el sector privado. Desde 2011 ha sido presidente de la revista Cambio, la Constructora Colpatria, la Constructora de Pedro Gómez y Preveo. No tiene interés alguno en volver al sector público. Ni siquiera ahora que Peñalosa es el nuevo alcalde. Consultado sobre lo sucedido afirma: “Sólo pido un juicio imparcial”. La firma Francisco Sintura Varela confía en cobrar su comisión de éxito del 5% de los perjuicios económicos que se deriven del proceso penal.

El caso que mandó a la cárcel a Andrés Camargo

En diciembre de 1998 el IDU, bajo la dirección de Andrés Camargo, contrató a la firma Steer Davis & Glave para realizar el diseño de las obras de adecuación de la calle 80, la avenida Caracas y la autopista Norte para la implementación del sistema Transmilenio.

Una vez aprobados los diseños, comenzó la etapa de rehabilitación de las calzadas centrales. Para ellos, se utilizó un relleno fluido que resultó ser poco resistente y derivó en la destrucción de algunas losas.

Camargo ha insistido que no fue él quien decidió utilizar ese material pues no estuvo presente en el comité en el que se determinó la utilización del relleno fluido.

Sin embargo, la Fiscalía lo acusó en agosto de 2006, junto a otros dos funcionarios, de ser el responsable pues no vigiló la toma de esas decisión. Cuatro años después, el Juzgado 45 Penal de Bogotá los condenó. y en 2013, el Tribunal Superior de Bogotá modificó la condena y determinó que debían pagar 60 meses de prisión y $108.000 millones que debían ser consignados al IDU, por perjuicios ocasionados.

Camargo le pidió a la Corte en 2014 que revisara su caso, pero ésta se negó. Su último recurso fue una tutela ante la Corte Constitucional.