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1 Oct 2021 - 7:13 p. m.

El laberinto judicial para llegar a la condena de Luis Alfredo Ramos

El proceso culminó 10 años después de que entrara a la Corte Suprema de Justicia, que lo condenó a pagar 95 meses de prisión. Los magistrados estaban a contrarreloj porque tenían el vencimiento de términos a la vuelta de la esquina. Se trata de un caso repleto de recursos judiciales y hasta salpicado por el cartel de la toga.
Luis Alfredo Ramos CRISTIAN GARAVITO
Luis Alfredo Ramos CRISTIAN GARAVITO

La Corte Suprema de Justicia se resolvió uno de los proceso judiciales por parapolítica más esperados en el país. Luego de haber arrancado con las investigaciones hace 10 años y siete meses, la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a Luis Alfredo Ramos Botero por haberse aliado con grupos paramilitares, entre 2000 y 2007, para el beneficio de ambos. Se trata de un expediente judicial que más tiempo le ha tardado a la justicia resolver y cuyo camino incluyó una infinidad de recursos jurídicos, un choque de trenes entre la Corte y la Judicatura, y hasta una mención en escándalo conocido como el cartel de la toga.

Todo arrancó arrancó el 1 de febrero de 2011, por cuenta de una compulsa de copias remitida al alto tribunal, con base en una declaración rendida por Juan Carlos “El Tuso” Sierra quien hizo varias acusaciones contra miembros del Congreso por nexos con el paramilitarismo, entre ellos, Ramos Botero. Lo que se dijo en ese entonces es que el exsenador concertó con las AUC para recibir apoyo económico y electoral y, de esa manera, llegar a ocupar una de las sillas del Congreso de la República. El Tuso Sierra, en uno de sus testimonios, afirmó que le entregó dinero al político antioqueño para que, en 2000, llegara al legislativo.

Según dice el reciente fallo de condena, los nexos con el paramilitarismo no culminaron ahí. Ramos siguió teniendo relación cuando fungió como gobernador de Antioquia.

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Con pruebas en mano, la Sala Penal, con ponencia del exmagistrado Eyder Patiño, ordenó la apertura formal de la investigación en su contra el 27 de agosto de 2013. Y un mes después, Ramos llegó por primera vez hasta el alto tribunal para rendir indagatoria, momento en el que pudo explicarle a la Corte su versión de los hechos. Desde ese entonces, el exgobernador se ha declarado inocente. Aunque el político antioqueño consideró que con su dicho había logrado convencer a los juristas de su inocencia lo improrrogable llegó. El 5 de septiembre de 2013 el alto tribunal ordenó su medida de aseguramiento.

Para la época, el revuelo político-judicial que generó la noticia de su detención sobrepasó los límites de sus conocidos y detractores. Quienes confiaron en su inocencia, como el uribismo, coincidieron en que Ramos era una persona honorable, sin deudas ante la justicia y una víctima de falsos testigos. Con Ramos detenido, el proceso judicial en su contra continuó. Para marzo de 2014, la Corte decidió terminar la etapa de investigación y, con ello, llegó la acusación el 24 de abril de ese año. Las pruebas que logró recopilar el alto tribunal durante ese tiempo dieron cuenta de varios jefes paramilitares habían confirmado los vínculos con el exsenador, tiempo en el que además se conocieron otras condenas por paramilitarismo como la del excongresista Óscar Suárez Mira.

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En julio de 2014, empezaron las audiencias de preparatoria a juicio. Ramos y su equipo de abogados se prepararon para derrotar la investigación que lo tenía preso. Dos años después, el 23 de noviembre de 2016, y como un aliciente a su tortuoso y extenso expediente, el exgobernador recuperó su libertad. Un bálsamo en medio de ires y venires judiciales que tenía a uno de los políticos más afamados de la época rindiendo declaraciones ante la justicia. El expediente judicial le cercenó, en dos ocasiones, su aspiración de llegar a cargos públicos como la Presidencia.

En una primera ocasión, lo intentó en 2013, justo cuando fue notificado por la Corte Suprema que sería investigado. Y luego ocurrió en 2018, cuando el Partido Conservador le pidió que se convirtiera en su candidato para disputar las elecciones con el ahora presidente Iván Duque. En las dos oportunidades su anhelo por pisar la Casa de Nariño se vio frustrado por su situación judicial que estuvo por más de cinco años en el despacho del exmagistrado Patiño, quien terminó cuestionado por cuenta de una filtración de su ponencia a Noticias Uno, en enero de 2018, con la cual se conoció que pediría que Ramos fuera condenado a nueve años.

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Hasta ese punto, el camino judicial de Ramos, con obstáculos y todo tipo de recursos en la Corte Suprema, no avistaba un fin cercano. El caso trascendió al punto que llegó a tramitarse acciones de tutela para que se ampararan sus derechos a la honra y buen nombre, que generó desde choque de trenes entre la Corte Suprema y la desparecida Sala Disciplinaria de la Judicatura, hasta tutelas que han llegado a la Corte Constitucional sentando nueva jurisprudencia.

Como si fuera poco, para 2017 el caso del exsenador cayó en el escándalo que se conoció como el cartel de la toga. En ese capítulo de la historia de corrupción en el país, jueces, abogados y magistrados de alto perfil, como Francisco Ricaurte y Gustavo Malo (compañero de Sala de Eyder Patiño), se concertaron para incidir en procesos judiciales a cambio de jugosas sumas de dinero. En ese momento trascendió que uno de los protagonistas era el exfiscal anticorrupción, Luis Gustavo Moreno, quien había sido abogado de Luis Alfredo Ramos en el proceso en la Corte.

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Sin embargo, el propio Moreno le aseguró a las autoridades que ninguno de los pagos que recibió del bolsillo del exsenador habían sido destinado a maniobras ilegales, sino que habían correspondido solamente a sus honorarios como abogado defensor. De vuelta al episodio de la filtración de la ponencia, en la decisión que tomó la Corte Constitucional sobre el caso, se estipuló que sí se le habían violado los derechos al exgobernador con la filtración de esa ponencia.

Contexto: Las pruebas contra Luis Alfredo Ramos

Con un proceso, ahora resuelto en la Corte Constitucional, el expediente judicial tenía una nueva arista que, de alguna forma, el político y su defensa consideraban que era la garantía para salir bien librado. La Sala Especial de Primera Instancia para juzgar a congresistas y a otros altos funcionarios empezó a funcionar en el segundo semestre de 2019. Los expedientes de la Sala Penal fueron remitidos a los despachos de los tres magistrados que la componen -Jorge Caldas, Blanca Nélida Barreto y Ariel Torres. Por reparto, el expediente del político antioqueño quedó en manos del último, alejándose de la polémica causada por la ponencia que había presentado el exmagistrado Patiño.

Inicialmente, trascendió a través de otra filtración a medios de comunicación, que la ponencia de Torres también condenaría al político, pero está vez le sumaba 10 años a la condena que, supuestamente, le impondría Patiño con su ponencia. Es decir, con esa hipótesis, Ramos se enfrentaría a 19 años de prisión. En vista de la nueva filtración, otra acción de tutela llegó por parte del equipo de abogados del político. En esta ocasión, además del amparo de sus derechos, pedía que el magistrado Torres se apartara del proceso. En ese entonces, la acción legal fue conocida por la extinta Sala Disciplinaria de la Judicatura.

En su decisión, que no estuvo libre de polémica porque tuvo como ponente a Julia Emma Garzón -quien completó un poco más de 10 años en la corporación cuando un período natural es de ocho años-, se determinó que Torres no solo debía apartarse del proceso, sino proyectar una decisión “diferente”. Con el fallo de tutela en firme, y a regañadientes, la Corte Suprema aceptó el designio, pero rechazó la decisión, debido a que no había prueba alguna de que la filtración hubiera salido del despacho de Torres.

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La Corte Constitucional conoció una vez más del caso Ramos y acogió, nuevamente, los argumentos del exgobernador, reconociendo la vulneración del debido proceso. Pero coincidió con la Corte Suprema: no había argumentos suficientes para sacar a Torres del proceso. Con la decisión emitida en junio pasado, los magistrados de la Sala Especial de Primera Instancia tenían que empezar a trabajar a contrarreloj pues el vencimiento de términos en este proceso estaba a la vuelta de la esquina. De no tomar decisión antes de mayo del otro año, el político quedaría fuera de la lupa de las autoridades judiciales.

La tensión en la Sala de la Corte Suprema aumentó cuando, pasados dos meses, no habían sido notificados de la decisión de la Corte Constitucional. Sin ella ninguno de los tres juristas se podía mover en el proceso. Finalmente, el 23 de agosto, los magistrados fueron notificados por el tribunal constitucional. Y, después de unos días, el proceso volvió a tener un nuevo revés. El magistrado ponente del caso, Ariel Torres, se declaró impedido para proyectar la ponencia en contra de Ramos. El caso fue puesto a consideración de la Sala y sus dos compañeros -Jorge Caldas y Blanca Nélida Barreto- no le aceptaron su pretensión. Así, su impedimento llegó a la Sala Penal donde tampoco prosperó.

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Diez días después de recibir la negativa, Torres, a través de su ponencia y con una votación de dos contra, condenó al exgobernador a siete años y nueve meses de prisión. Aunque se trata de una decisión esperada y crucial para su proceso de más de 10 años en la Corte Suprema de Justicia, lo que es cierto es que es apenas un capítulo de la historia de Luis Alfredo Ramos en el alto tribunal. El siguiente episodio arrancará en cuestión de días pues el exsenador todavía tiene la posibilidad de apelar el fallo para que, en segunda instancia, sea revisado por la Sala de Casación Penal de ese alto tribunal. La misma instancia que arrancó con todo este laberinto judicial.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

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