El lío de tierras que enreda a una familia que dice ser víctima de las Farc

Desde 1999, Gerardo Alvarado tiene los derechos de dominio y posesión de la finca La Camelia, en Villavicencio (Meta). A pesar de esto, y de haber recibido estos derechos por parte de la familia Ditterich mediante una compraventa, esta familia de herencia alemana decidió adelantar un proceso judicial asegurando que este predio les fue arrebatado, pues firmaron el traspaso secuestrados. Tras años en los estrados judiciales, los Ditterich habrían recurrido a grupos paramilitares para presionar a los propietarios a que renunciaran a sus pretensiones. Mientras tanto, en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) aseguran haber sido víctimas de secuestro de las Farc.

Desde 1999, Gerardo Alvarado tiene los derechos de dominio y posesión de la finca La Camelia, en Villavicencio (Meta). A pesar de esto, y de haber recibido estos derechos por parte de la familia Ditterich mediante una compraventa, esta familia de herencia alemana decidió adelantar un proceso judicial asegurando que este predio les fue arrebatado, pues firmaron el traspaso secuestrados. Tras años en los estrados judiciales, los Ditterich habrían recurrido a grupos paramilitares para presionar a los propietarios a que renunciaran a sus pretensiones. Mientras tanto, en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) aseguran haber sido víctimas de secuestro de las Farc.

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La familia Ditterich comenzó su paso por la JEP tras afirmar que un miembro de su familia fue secuestrado por las extintas Farc y que por eso debían hacer parte del caso 01, que investiga estos crímenes cometidos por la extinta guerrilla. De hecho, el supuesto crimen aparece en el listado de secuestros por los que el antiguo Secretariado reconoció su responsabilidad. En el anexo de la imputación de la justicia especial se lee que supuestamente fueron víctimas de un juez al que señalaban como socio de John 40, disidente de las Farc al que la familia señala de ocupar sus tierras. Los Ditterich habían perdido una tutela presentada ante el despacho de este juez.

Los problemas en este predio, que también comprende los barrios Los Cámbulos y Villa Juliana, comenzaron cuando en marzo 2010, un día en que Alvarado era operado del corazón, la Fiscalía incautó su finca, tras ser señalado junto a otras personas como testaferros de Géner García Molina, hoy disidente de las Farc y conocido como John 40. La incautación fue anulada por vía judicial y se levantaron las medidas cautelares que pesaban sobre los bienes. Además, la Fiscalía cerró el proceso penal contra los ocupantes al reconocer “graves falencias en la investigación”. Cuando la justicia desistió, las irregularidades siguieron.

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La inspección de Policía del barrio Porfía, en Villavicencio, decidió adelantar la entrega de este inmueble a Erardo Ditterich el 25 de marzo de 2010. Esto se hizo basándose en el proceso de sucesión que se adelantaba dentro de la familia Ditterich, a pesar de que ya se lo habían vendido y traspasado a la familia Alvarado. Por estos hechos, un juez de Villavicencio, a través de un fallo de tutela, ordenó que se restablecieran los derechos de posesión sobre esta finca a Gerardo Alvarado. La decisión fue tomada luego de que el inspector de Policía encargado para la diligencia fuera trasladado. Hay denuncias de que hubo presiones para que el bien regresara a los Ditterich.

En concreto, las hizo el inspector que antecedió a quien le entregó el bien a la familia de herencia alemana. El oficial se llama Ángel Garzón e interpuso una queja por acoso laboral contra la secretaria de Gobierno, Andrea Lizcano, y el director de Justicia de la Alcaldía de Villavicencio, Juan Sebastián Morales. En ella asegura que recibió presiones para entregarles la finca La Camelia a los Ditterich pasando por alto las otras partes. Asegura que al no hacerlo, fue relevado de su puesto. Sobre estos hechos, un expersonero de Villavicencio presentó una denuncia contra miembros de la familia Ditterich por tráfico de influencias y prevaricato.

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Cuando en 2012 llegó la segunda instancia del proceso de la tutela que habían puesto los Alvarado, se ordenó que todos los habitantes de los barrios Los Cámbulos y Villa Juliana debían ser vinculados al proceso de restablecimiento de derechos. Aunque esta diligencia debía realizarse en los tres días siguientes, la Inspección apenas la agendó para el 22 de marzo de 2013. Ese día la diligencia no ocurrió debido a que el inspector, al parecer, había sido hospitalizado. De acuerdo con varios abogados, el uniformado fue visto en perfecto estado, riéndose junto a varios hombres armados en compañía del militar retirado Werner y Erardo Ditterich, y César Jácome.

Según una denuncia del abogado Alejandro Carranza, cuando varios abogados vieron al inspector junto a miembros de la familia Ditterich y hombres armados, al parecer del grupo paramilitar Los Libertadores del Vichada, uno de ellos fue abordado por los hombres. La denuncia sostiene que Werner Ditterich lo señaló, los hombres se le acercaron y le preguntaron si era abogado de Alvarado, a lo que contestó que no. Después, uno de los hombres armados, le habría dicho: “No se hagan los maricas, nosotros sabemos que son los abogados de Alvarado, me hacen el favor y entregan la finca, tienen plazo hasta el martes o los levantamos a todos”.

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Las intimidaciones no cesaron. De acuerdo con la denuncia, el 26 de marzo de 2013, el abogado Carranza recibió otra llamada de Alvarado, quien le contó que los hombres pertenecientes al grupo armado exigían hablar con él. Lo recogieron y lo llevaron hasta un “estadero” donde se encontraba Werner Ditterich con varios hombres armados. Allí, uno de los hombres le reiteró la amenaza. “Me importa un culo quién gane o pierda, don Werner es el que paga, él es socio de Pijarbey y usted es objetivo militar porque usted coordina a los abogados”, le dijeron a Carranza, según su denuncia. Luego, le dijo que tenían hasta abril para que Alvarado hablara con ellos.

Posterior a eso, el señor Gunter Ditterich les habría informado a los habitantes de los barrios Los Cámbulos y Villa Juliana, ubicados en este predio, que ahora debían negociar con él la legalización de sus lotes y títulos, ya que pronto la finca le iba a ser entregada. Días después, la esposa del abogado Carranza recibió un mensaje de texto que decía: “Mire señora, nosotros sabemos que usted es la mujer de ese hijueputa doctor Carranza, como no me hacen caso de entregarnos el predio de Villavo y si nos echaron la ley les vamos a matar hasta la chimba, también tenemos gente en la ley que nos cuenta todo. Así se vayan de Villavo los vamos a buscar, gonorreas”.

Luego de que la JEP aceptara las versiones de los Ditterich para entrar como víctimas, llegó la denuncia del abogado Carranza. La magistrada Julieta Lemaitre, al frente del caso 01, remitió las denuncias a la Fiscalía para que investigue los hechos que rodean la finca Las Camelias y los barrios que se encuentran dentro del predio. Ahora, luego de que la justicia ordinaria les diera la razón en reiteradas ocasiones, los Alvarado y los habitantes de los barrios Los Cámbulos y Villa Juliana esperan que se resuelva si los Ditterich se inventaron un secuestro para poder hacerse de nuevo con las tierras que había vendido su padre.