En sigilo, y en medio de la pandemia por COVID-19, ha avanzado el proceso penal que adelanta la Corte Suprema de Justicia contra el excongresista Jimmy Hárold Díaz. Quien fuera hasta hace poco un barón electoral del Putumayo enfrenta cargos por minería ilegal a gran escala. Uno de los debates que se ha cruzado en el proceso es cuánto debería pagar el exalcalde de Mocoa si termina condenado. Un peritaje que ordenó el alto tribunal concluyó que $167 millones y dijo que los daños al medio ambiente eran incalculables, pero la propia Corte tumbó ese dictamen y ahora serán investigadores de la Fiscalía quienes determinen la cifra.
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Según la Sala de Instrucción que lo acusó el año pasado, en 2015 Jimmy Díaz, entonces gobernador de Putumayo, “estableció una relación comercial con Humberto Ramírez Leal, alias Barbas, negociante de oro y de maquinaria para su explotación”. Barbas, según la Fiscalía, es el “capo de las dragas”, las máquinas con las que se extrae el mineral de los ríos. Lo capturaron en 2016 y prometió hablar contra Díaz a cambio de beneficios jurídicos. En 2018, el exgobernador llegó al Congreso por el Partido Conservador y con ello el caso en su contra pasó a la Corte Suprema. Finalmente, en abril de 2020 fue llamado a juicio, como contó El Espectador.
Los delitos por los que está siendo procesado Jimmy Díaz son: concierto para delinquir, peculado por apropiación a favor de terceros, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, y recepción y contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero. Comenzando el juicio en su contra, a finales del año pasado, la Sala de Primera Instancia ordenó una serie de pruebas, entre las que estaba un peritaje que debía determinar si estos delitos causaron daños y, en caso “de ser así, las erogaciones económicas realizadas a cargo del presupuesto departamental por la Gobernación de Putumayo con ocasión de las conductas delictivas atribuidas al procesado”, según se lee en el auto de entonces.
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La Corte le dio quince días hábiles a una experta contadora para establecer a cuánto ascendían los daños. Y es que entre los hechos por los que está siendo investigado el excongresista, además de aparentes compras de oro ilegal a su socio, hay un contrato por $82 millones, que firmó siendo gobernador, con la Fundación Victoria Regia para “apoyo a la organización Asomicuap”, dirigida por alias Barbas, “en la recuperación del mercurio en el proceso de extracción de oro fino en Puerto Leguízamo”. En el contrato se le compraron a Barbas cinco máquinas Camel, especializadas en ese proceso, y, a través de la fundación, se le entregaban a la asociación que encabezaba el mismo Barbas.
“Se comprende sin dificultades que la asignación del contrato a la mencionada fundación tenía como único propósito dotar de una apariencia de legalidad a una operación abiertamente irregular”, dijo la Sala de Instrucción al acusar a Jimmy Díaz. Además, el gobernador habría comprado las máquinas por un valor superior al comercial: $20’500.000 más costosas. Precisamente con esto tiene que ver el “error grave” que terminó tumbando el peritaje. La contadora designada entregó sus conclusiones en noviembre de 2020: “Después de actualizar el valor del detrimento patrimonial, se tiene que el total de daño y perjuicios asciende a $167’914.549”.
La perito dijo que era “imposible” tasar el daño ambiental causado, “por no contar con la información necesaria para tal fin, aclarando que para dicho cálculo se requieren conocimientos técnicos y especializados en el área ambiental”, reseñó la Corte. Y, aunque Jimmy Díaz también es investigado por su supuesta alianza con Barbas a partir de pagos que le hizo por $150 millones, la contadora dijo que, “no se cuenta con soporte de respaldo sobre la información del valor y fecha de cada consignación, ni del origen del recurso”, con lo cual “no existe, desde el punto de vista contable, ningún documento que pueda servir de fundamento para establecer la cuantificación de un posible daño”.
El peritaje llegó a esta cifra después de sumar el valor del contrato más el presunto sobrecosto en el que se incurrió y ajustando ese resultado al índice de precios al consumidor (inflación) de los últimos cinco años, “lo cual, a todas luces, resulta ser un desacierto”, según dijo la Corte Suprema. A los pocos días de que se presentara el peritaje, el abogado del excongresista Jimmy Díaz objetó el informe, pues a su juicio incurría en un error grave: sumaba dos veces el valor supuestamente apropiado en el peculado y dejaba de lado las conclusiones de la investigación que adelantó la Sala de Instrucción.
En concreto, se desconoció una decisión de julio de 2020 que ratificó la acusación contra Jimmy Díaz, pero concluyó que el presunto peculado ascendía solo al sobrecosto en el que se incurrió para la compra de las máquinas. “Es un error grave que la perito motu proprio varíe esa determinación de la Sala de Instrucción y señale la cuantía en $86’020.000; es decir, en la totalidad del valor del contrato, entendiendo erróneamente que todo el valor fue indebidamente apropiado por terceros, cuando eso no señala la acusación”, dijo la defensa del excongresista. Y la Sala de Primera Instancia estuvo de acuerdo.
“Mal podía la perito tomar como base de su cálculo el monto correspondiente al valor total del contrato pagado por la administración departamental de Putumayo y no los $20’500.000 correspondientes al sobrecosto que la Sala de Instrucción advirtió sobre los bienes adquiridos. Pero el yerro de la perito no paró en esto, sino que a dicha suma de $86’020.000, correspondiente al valor del contrato, le volvió a adicionar $20’500.000”, agregó la Corte. Al final, el alto tribunal concluyó que su propio peritaje había incurrido en un error mayúsculo y le pidió a la Fiscalía que un investigador experto en contabilidad sea quien determine el valor del eventual daño.
